El trabajo de la comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) llegó a su fin. Ayer, en la última sesión, se resolvió presentar un informe de la oposición y otro del oficialismo ante el plenario de la Cámara de Representantes. Se prevé ingresar ambos documentos el 3 de setiembre y tratarlos a mediados de ese mes. Lo llamativo de la sesión, señaló el diputado Daniel Radío, del Partido Independiente, fue que los dos informes puestos a consideración son “prácticamente iguales”: tanto el oficialismo como la oposición propusieron enviar las conclusiones de la investigadora a la Fiscalía General de la Nación y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

En el caso del Frente Amplio (FA), el diputado Gerardo Núñez, del Partido Comunista, aclaró a la diaria que se propuso remitir la información a la Justicia porque a los oficialistas les “parecía importante contribuir con toda la información”, pero precisó que la “enorme mayoría” de las presuntas irregularidades ya fueron “sancionadas por ASSE”, y que eso se destaca en el informe. Cecilia Bottino, del Movimiento de Participación Popular (MPP), señaló también que la mayoría de los temas ya “están judicializados” y que, por lo tanto, sólo buscan “aportar información”, así como “algunas declaraciones de funcionarios que todavía no fueron convocados por la Justicia, pero que pueden aclarar algunas cuestiones o, de repente, facilitar el trabajo judicial”.

Por su parte, el nacionalista Martín Lema, que será miembro informante de la oposición, explicó que además de remitir al Poder Judicial las “irregularidades” con “presunta apariencia delictiva”, optaron por informar a la Jutep sobre otros “apartamientos” vinculados con la gestión de recursos públicos, que refieren a la ética. Lema alegó que el oficialismo se quiere justificar argumentando que las auditorías realizadas fueron solicitadas por las autoridades de ASSE, pero que en realidad fue “un miembro de la oposición, que integraba el directorio en 2014, quien pidió las auditorías externas e internas”.

A todo esto, agregó el legislador blanco, hay que “sumarle que cuando se conocieron [los resultados de] las auditorías externas e internas, las autoridades no actuaron”, y puso como ejemplo lo que sucedió en el caso del hospital de Bella Unión. “Todo esto se da en 2013, y los jerarcas siguen en sus cargos hasta el día de hoy. O sea que la situación tuvo complicidad o aceptación por parte de las autoridades”, sentenció. El diputado se refería a los ex funcionarios de ese hospital Federico Eguren, Marcos García y Rodrigo Barcelona, socios de la empresa de traslados Siemm, contratada por el hospital de Bella Unión en 2013, cuando García estaba al frente de ese centro de asistencia. También se refirió al caso del Hospital Pasteur, en donde se contrató a un asesor que no figuraba en el Registro Único de Proveedores del Estado, y a quien la oposición vincula con el MPP. “A pesar de que la contratación fue irregular, se opta por no llamar a concurso para ese cargo”, aseguró.

Lema indicó, por otra parte, que ya presentaron una ampliación de la denuncia por lo sucedido en Bella Unión, y que en los próximos meses ampliarán las denuncias por irregularidades en los hospitales de Mercedes y Rivera. Asimismo, luego de que se traten los informes de la comisión investigadora en la cámara baja, impulsarán la interpelación del ministro de Salud, Jorge Basso, y del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Para Bottino, la citación de los ministros al Parlamento es una forma de “seguir poniendo el tema arriba de la mesa” y también, dado que la oposición se quedó sin tiempo para seguir investigando, de dejar el “tema vigente políticamente”. “Es legítimo que lo hagan, pero no me parece que los ministros puedan aportar nada nuevo”, manifestó. Lema, por su parte, retrucó que quedaron temas en el tintero por el “miedo del FA” a avanzar en la investigación, que lo llevó a no votar una prórroga del trabajo de la comisión.

El representante del Partido Nacional aseguró que quedan otros temas de importancia por investigar. En relación con el caso del hospital de Rivera, manifestó que posee información que indica que las partidas destinadas a cubrir el costo de estudios médicos se utilizaban para pagar sueldos del personal. Esa situación, aseguró, también se daba en los hospitales de Artigas y de Paso de los Toros.

Por último, Lema señaló que tampoco se pudo avanzar en relación con la estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Según el legislador, de todos modos la oposición seguirá investigando aunque la comisión deje de funcionar, porque, en definitiva, “los que pagan los platos rotos son los usuarios”. Bottino, en cambio, entiende que la investigadora parlamentaria no “tenía las herramientas” necesarias para analizar una operación de ese tipo (de intermediación lucrativa, que consistía en pagarles a personas para que se afiliaran a una mutualista). “Es un tema muy complejo, que ya está judicializado, y si hay delito, corresponde a la Justicia penal pronunciarse”, dijo. Para Núñez, la oposición quiere “seguir montando un circo mediático”, y la insistencia con la “estafa Fonasa” es un ejemplo de ello. “Siguen planteando los temas como novedad, cuando ya se están investigando en la Justicia”, aseveró.