Más de una decena de ex funcionarios y empresarios fueron detenidos, en los últimos dos días, en el marco de una investigación de la Justicia argentina en torno a una supuesta trama de corrupción en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El caso comenzó a raíz de una investigación del diario La Nación, que accedió a ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, quien durante diez años fue el chofer de Roberto Baratta. Este último fue, de 2003 a 2015, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal. Esta cartera, que era dirigida por Julio de Vido y gestionaba la obra pública, es considerada un punto neurálgico de la supuesta trama.

Como en un diario personal, Centeno detallaba en los cuadernos el movimiento de bolsos de dinero que hacían varias personas utilizando su auto para trasladarlos. Incluyó, entre otras cosas, nombres propios, cantidades de dinero (que supuestamente contaba a escondidas) y direcciones. Entre las personas a las que involucró aparecen Kirchner, Fernández, De Vido y Baratta. En las anotaciones no están mencionados ni empresarios ni empresas, pero sí se registra que se les pedía a “las empresas que logran las licitaciones por obras y pagos por servicios prestados al Ministerio de Planificación” pagos que serían utilizados para financiar “las próximas campañas electorales”.

El periodista de La Nación Diego Cabot fue quien accedió a los cuadernos, que no fueron entregados por Centeno, y después de un tiempo de investigación decidió entregar a la Justicia toda la información que había reunido, sin publicarla en el medio en el que trabaja. Las primeras consecuencias del caso judicial llegaron con las detenciones.

El fiscal Carlos Stornelli dijo que en los cuadernos se detalla un movimiento de dinero de 53 millones de dólares, pero él estima que la trama completa involucraría 160 millones de dólares. Por su parte, el juez de la causa, Claudio Bonadio, llamó a declarar en calidad de imputada a Fernández, el 13 de agosto, y a De Vido, que está en prisión preventiva desde 2017 por otro caso. El mismo juez investigó a la ex presidenta e integrantes de su gobierno por la causa “dólar a futuro” y por un supuesto encubrimiento de responsables del atentado contra la AMIA.

Acerca de los empresarios involucrados en la trama, Stornelli dijo que se emitieron órdenes de detención contra 20 de ellos, y medios argentinos informaron que algunos de los detenidos son Gerardo Ferreyra y Luis Neyra, de Electroingeniería, y Héctor Sánchez Caballero, de Iecsa –que fue propiedad de un primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra–. Estas son dos de las empresas más grandes del sector de la construcción en Argentina. Además, otros empresarios son buscados por la Justicia, entre ellos el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner. Entre ex funcionarios de Planificación y empresarios, en los últimos dos días fueron detenidas 12 personas.

La ex presidenta Fernández dijo a personas de su entorno que “empieza agosto, aumenta todo otra vez y el Partido Judicial y los medios oficialistas atacan de nuevo”, según informó Clarín. “Se ve que ven las encuestas y se pusieron nerviosos”, agregó, en referencia a que su respaldo aumentó en los últimos meses, mientras que el de Mauricio Macri bajó, y consideró que esta causa es “otra novela y más circo para los medios”. Por su parte, los diarios Página 12 y Tiempo Argentino también señalaron que es curioso que se tomen medidas en una causa contra administraciones anteriores en momentos en que el gobierno atraviesa una crisis económica y de confianza, y cuando se acerca un aumento en la electricidad de hasta 30%.