En un momento en el que la Justicia está en el centro de la política argentina, con procesos que involucran a ex jerarcas –entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández–, el abogado José Miguel Onaindia (también coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas uruguayo) presentó en Uruguay el libro La Corte Suprema argentina. Luces y sombras. En él repasa algunos de los hitos que han llevado a la politización del sistema judicial argentino y expone la diversidad de criterios que ha tenido la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la hora de emitir fallos contradictorios sobre un mismo tema. Acerca de la politización y la mediatización de la Justicia, así como de la judicialización de la política, Onaindia conversó con la diaria.

¿Cuáles son los hitos históricos que han generado esta incidencia de la política en la Justicia argentina?

Desde 1946 a la fecha ha habido renovaciones totales de la CSJ en más de seis oportunidades, siempre acompañadas de un cambio de gobierno. No estuvo presente el principio de separación de poderes y de no conectar al gobierno con los miembros de la CSJ. Una de las primeras medidas de Juan Domingo Perón cuando asumió, en 1946, fue destituir a casi todos los miembros de la CSJ, y lo mismo pasó cuando fue derrocado, y así sucesivamente. Ya en la transición democrática el presidente Raúl Alfonsín tuvo una visión muy plural para designar la CSJ, pero Carlos Menem se encontró con que no podía tener injerencia, entonces aumentó el número de jueces para poder hacer las designaciones y terminó por tener la mayoría de los votos. Todos estos movimientos y relaciones entre poder político y CSJ hacen que esta tenga una presencia pública que, por ejemplo, en Uruguay no tiene.

¿Y esto cómo se traduce en decisiones judiciales?

En el caso de Menem fue tan clara la intención que pegó un golpe muy fuerte a la confiabilidad de la CSJ como institución, a esa sensación de independencia del poder político que tiene que tener el Poder Judicial. Uno de los capítulos del libro está dedicado a seguir a la CSJ a través de sus decisiones, y si bien hay fallos muy elogiables, cuando tuvo que elegir entre el poder político y el ciudadano ha optado por el poder político. Esto es así incluso en casos como el de la CSJ que tuvo Néstor Kirchner, que generó una gran expectativa pública porque designó a juristas relevantes y respetados en el ambiente jurídico, sin que se les conocieran afiliaciones partidarias en la mayoría de los casos. Lamentablemente, tanto los nuevos integrantes como los que venían de gobiernos anteriores ante ciertas decisiones se inclinaron por el gobierno.

Cuando empezó el gobierno de Mauricio Macri también hubo designaciones polémicas, mediante decreto.

Macri cometió un gran error jurídico, que fue intentar nombrar [por decreto y sin el necesario aval del Senado] a dos ministros en comisión para llenar dos vacantes en la CSJ [de forma provisoria] cuando no había ninguna necesidad, porque de todos modos podía funcionar. Entonces, otra vez, en el tercer o cuarto día de un nuevo gobierno la CSJ pasa a estar en la tapa de los diarios por un motivo político. Esta es una politización partidaria porque la CSJ tiene un rol político, y muy importante, para el ciudadano. En Argentina la gente no se pudo divorciar hasta 1987, y fue esa corte la que impulsó el cambio al declarar la inconstitucionalidad de una norma del siglo XIX.

¿Cómo es la relación entre el Congreso y la CSJ?

Siempre hay una relación de mucha tensión porque la CSJ es la intérprete final de la ley, tiene la última palabra, y por supuesto que al Congreso no le interesa.

¿Esta politización de la CSJ permea en el resto del Poder Judicial?

Sí, fundamentalmente en la Justicia federal. Y claramente, después de la dictadura la ciudadanía responsabiliza a la CSJ y al Poder Judicial por la ausencia de castigo para los casos de corrupción, que están en la primera plana de todos los diarios. La corrupción no es un tema ético, es un tema que daña fundamentalmente la legitimidad del sistema político, incluso la Constitución argentina establece que los actos de corrupción atentan contra la democracia. La ausencia de actuación efectiva de los jueces frente a los casos de corrupción, que abruman por la cantidad de noticias y la ausencia de castigo, es la gran deuda que tiene el Poder Judicial.

¿Y a qué adjudica esa falta de voluntad judicial para avanzar en los temas de corrupción?

El sistema judicial argentino es obsoleto, no se ha sancionado una legislación que permita que las investigaciones sean más rápidas y efectivas, entonces las causas se inician pero la mayoría prescribe porque se tarda muchos años en que el imputado se convierta en procesado. Habría que preguntarse si hay un deseo de transparencia real...

¿Por parte de la Justicia?

No, social. La Justicia es parte de una sociedad civil que desde 1983 no ha sabido resolver los temas de transparencia. Hay ciertas discusiones en Argentina que son más del siglo XIX que del XXI. No se ha podido consolidar un sistema político, aun con los esfuerzos que se han hecho hay un sistema muy precario, y eso indudablemente impacta también en el Poder Judicial.

Existe la percepción de que las causas por corrupción avanzan una vez que los gobiernos dejan el poder, ¿coincide con esa visión?

Sí, pero ni siquiera avanzan demasiado. No avanzaron mucho en ninguno de los grandes escándalos de corrupción de la era menemista, por ejemplo. Nunca se lograron fallos contundentes. Es mucho más lo que se anuncia, lo que se informa, lo que el ciudadano recibe a través de los medios de comunicación respecto de los actos de corrupción... Existe una idea extendida de que hay corrupción generalizada, pero no sanciones.

¿Ese es uno de los elementos que nutren esa sensación de impunidad?

Sí, y creo que lo más grave es que en cierta forma va deslegitimando al sistema [político y judicial], la gente no se siente protegida, entonces se llega al “que se vayan todos”.

En Argentina se habla mucho de la voluntad política con respecto a las decisiones judiciales, por ejemplo se ha dicho que con este gobierno no hay voluntad política para que avancen las causas vinculadas con los derechos humanos, ¿cuál es el mecanismo para que la voluntad política incida de esa manera en el Poder Judicial?

Creo que más que una presión directa sobre el Poder Judicial hay como un clima de época, algo más cultural. En este tema hubo un primer momento, que fue durante el gobierno de Alfonsín, en el que se juzgó a las Juntas; luego vino Menem e indultó a toda esa gente procesada, hubo todo un período en el que no se la juzgaba, y después vino el período del siglo XXI y se pudieron dictar y modificar algunas sanciones, y avanzar. No tengo una percepción clara de que haya una política activa para frenar esas causas.

¿Está bien que ese clima incida en las decisiones judiciales?

No, en realidad debería haber un sistema judicial que, más allá de los gobiernos y los climas, siga una jurisprudencia lógica. Un grave problema que señalo en el libro es la inconsistencia de la CSJ, que muchas veces, en un período breve, cambió de criterio con respecto a una misma situación. En el gobierno de Alfonsín se declaró inconstitucional la norma que penalizaba la tenencia de marihuana para uso personal; cuatro años después la CSJ, con otros integrantes, dictó un fallo contrario. En muchos temas hay inconsistencia, hay fallos que en algunos momentos benefician al ciudadano con cierta línea de interpretación y cuando cambia la integración de la CSJ, el gobierno o el clima político, eso también se modifica.

En Argentina hay una relación muy cercana entre los medios y la Justicia.

La CSJ se expresa excesivamente en los medios y, obviamente, al estar tan en primera plana, más cerca de los medios y más lejos de la gente... En Argentina los jueces son figuras públicas que van a programas de televisión, son entrevistados, hay una relación de cercanía con los medios que se ha hecho habitual. Eso históricamente es algo nuevo que se fue instalando, y ahora hay muchos jueces que tienen una familiaridad con los medios que es peligrosa, porque es muy difícil hablar sobre algo sin emitir opinión.

El caso del supuesto esquema de sobornos en la adjudicación de obra pública durante el kirchnerismo empezó como la investigación de un periodista que, cuando no pudo seguir avanzando, decidió no publicar la información y recurrir a la Justicia.

Se ha perdido la distancia de los jueces respecto de los medios, que es necesaria para mantener la objetividad y la credibilidad de la Justicia. Los jueces también están cuestionados por la opinión pública porque son muchos los que están permanentemente como figuras de los canales, opinando a veces sobre temas muy riesgosos, porque si no tienen que resolver sobre ese caso en particular tienen otro muy similar. Creo que uno de los problemas es ese: los jueces están muy cerca de los medios en general y eso no ayuda, porque el juez se tiene que expresar por medio de las sentencias.

Si es el periodismo el que aporta las pruebas a la Justicia también se puede generar una dinámica en la que la presione para que avance en cierta dirección, incluso difundiendo información y dando la sensación de que existen pruebas para confirmar algo...

Que después no se pueda probar... Ahí también hay una cercanía excesiva que puede generar una expectativa social sobre algo que no sucedió o que no va a terminar en una condena.

Así como hay una politización de la Justicia también hay una judicialización de la política, que incluso ha recaído sobre decisiones de Estado que terminan siendo resueltas en ámbitos judiciales. Algo así pasó con el caso del memorándum de entendimiento con Irán.

Hay una tendencia a llevar una decisión política a tribunales cuando no reúne el consenso político, pero son cuestiones que en realidad tienen otros mecanismos de solución. Allí hay una división entre quienes creen que hay decisiones políticas justiciables y quienes consideran que no, que determinados ámbitos de decisión son exclusivos del Poder Legislativo o Ejecutivo y que los jueces no tienen que interferir. En el caso del memorándum es claro: ¿tiene la Justicia la posibilidad de declarar inconstitucional un acuerdo internacional cuando se cumplió con todos los pasos procesales necesarios? Juzgar el contenido de un tratado son atribuciones que se otorgan al Congreso y al Poder Ejecutivo.

¿Por qué considera que ocurre este fenómeno?

Creo que al no haber un sistema político que funcione de manera cohesionada, cuando no se puede resolver una cuestión en los ámbitos políticos naturales se recurre a la Justicia tratando de que sea árbitro, creando una especie de superpoder que no es el que la Constitución le atribuye.

La corte suprema argentina, luces y sombras. José Miguel Onaindia. Historia y ensayo. Editorial El Ateneo, 2016. 272 páginas.

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