La Asamblea General del Claustro (AGC) de la Universidad de la República (Udelar) aprobó en la noche del miércoles una resolución sobre la creación de la Universidad de Educación (Uned) y el proyecto al respecto que trata la Cámara de Senadores, después de algunas sesiones en las que se discutió esa iniciativa y de recibir informes de docentes sobre el tema. En su última sesión de este período, el organismo de la Udelar decidió declarar, por amplia mayoría, que para la educación nacional “constituye una oportunidad dar carácter universitario a la formación de maestros, profesores de educación media y profesores de materias técnicas”, y que el proyecto de ley “contempla una aspiración de larga data, expresada por los gremios de la enseñanza de todos los niveles e indirectamente por la población que aspira a mejores niveles de formación general”.

Aparte de esas valoraciones generales, la Udelar hizo una serie de recomendaciones de cara a la discusión parlamentaria. En primer lugar, reafirmó la necesidad de que el texto del proyecto “haga explícita la necesidad y conveniencia del desarrollo sinérgico de los aspectos disciplinares y pedagógicos en los cuales la Universidad de la República puede ofrecer toda su colaboración”, y propuso que se incluyan en el articulado, de forma expresa, los conceptos de “libertad de cátedra y libertad de opinión y crítica”, tal como están contemplados en la Ley Orgánica Universitaria de 1958. Por otra parte, la AGC también sugirió que esté explícitamente consagrado “el principio de gratuidad de la enseñanza, haciendo alusión expresa a los posgrados”.

En la declaración del organismo universitario se sostiene también que, en vista de la descentralización de los centros de formación docente que pasarían a integrar la Uned, es “necesario” que el principio del cogobierno se aplique en todos los niveles de conducción, incluidos los de esos 33 centros de enseñanza. “No es coherente que se ejerza el cogobierno únicamente en órganos centrales, limitando los beneficios de su práctica en detrimento de la formación de los futuros docentes, [y] omitiendo así el aporte de los egresados y estudiantes de cada centro educativo”, señala la resolución. Los universitarios también recomiendan que en la ley se establezca “como regla del nuevo ente la provisión de cargos por concurso y no meramente mediante convocatoria pública y abierta, como prevé el proyecto actual”, y toman como referencia que así lo estableció la ya mencionada Ley Orgánica de 1958, tanto para los funcionarios docentes como para los no docentes.

Por otra parte, y en relación con el gobierno de la futura universidad, la AGC consideró pertinente afirmar que “corresponde que en el proyecto se retiren los miembros designados por el Poder Ejecutivo” para la dirección de la institución, en virtud de que el artículo 202 de la Constitución de la República “consagra la plena autonomía respecto al gobierno nacional” de los institutos públicos de enseñanza. Esa autonomía, señalaron, “se manifestará en la determinación de las evaluaciones a las que se someta y de la definición de su estructura de carreras y movilidad” en el Sistema Nacional de Educación Superior. Además, sugirieron que el período de transición, de hasta 48 meses, según señala el proyecto del Poder Ejecutivo, “sea eliminado del proyecto de ley, previendo desde el inicio la instalación de una estructura cogobernada plena", entendiendo por esto que la nueva universidad “se nutrirá de la estructura administrativa, docente, locativa, presupuestaria, del estudiantado existente, así como de los egresados que ejercen como docentes en el país”.

Otro de los puntos de la resolución se focaliza en el rol de la investigación en la futura institución, y recomienda que la Uned “pueda rápidamente destinar recursos y planificación hacia la incorporación de otras áreas de estudio, además de la fundamental orientación en Pedagogía, complementando así la formación de sus estudiantes con líneas de investigación acordes a las necesidades de desarrollo y de conocimiento universal”. Apunta además que es “imprescindible prever un presupuesto acorde a la nueva institucionalidad, para lograr una transformación auténtica en el pasaje de institutos a universidad”.

La declaración aprobada finaliza expresando la convicción de la AGC de que las instituciones universitarias “necesitan ser construidas sólidamente”, y “no se ‘decretan’”. “La formación de profesores de enseñanza primaria, media y técnica debe realizarse a nivel superior, de modo que los estudiantes se formen en los propios lugares y con las mismas personas que realizan la tarea de investigación y extensión. Es fundamental que los programas académicos se sustenten no solamente en la formación pedagógica y de educación vinculada al manejo de contenidos, sino también en la investigación de calidad. Deben priorizar la investigación y la creación original de conocimiento y por lo tanto el desarrollo de las disciplinas específicas”, concluye.

Una semana más

En la Comisión de Educación y Cultura del Senado, que estudia el proyecto de ley de creación de la Uned, todavía no hay acuerdo sobre el texto; como se prevé que sea un ente autónomo, su aprobación requiere mayorías especiales de las que no dispone el oficialismo por sí solo. En el Partido Nacional no hay una postura única sobre el tema, y ayer el Partido Colorado solicitó una semana más para que su bancada adopte una definición. En la oposición se han expresado reparos respecto de la forma de gobierno que prevé el proyecto, que para el período de transición incluye tres miembros designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, un representante de los docentes y otro de los estudiantes. Por eso, el Frente Amplio propuso en cambio una dirección con el mismo formato que tuvo la de la Universidad Tecnológica, apoyado en su momento por todos los partidos, y que incluyó para su período de transición un directorio integrado únicamente por los tres miembros designados por el Ejecutivo.