El fiscal penal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó la conducción al juzgado de los militares retirados Rubi Daniel Feola Núñez, Pedro Buzo Correa, Juan Luis Álvez García y Mohacir Leite Urioste, que fueron citados a declarar hace un año en la causa que investiga la detención de 39 niños y adolescentes pertenecientes a la Unión de la Juventud Comunista en abril de 1975, que fueron torturados en el Batallón de Infantería Mecanizada Nº 10, con sede en Treinta y Tres. Según informó el Observatorio Luz Ibarburu, que patrocina la causa, se trata de “uno de los episodios más graves de la represión dictatorial por la edad de las víctimas [tenían entre 13 y 18 años] y la magnitud de los derechos violados”.
Las víctimas presentaron una denuncia penal en octubre de 2011, pero desde entonces no ha concurrido a declarar ninguno de los indagados citados. Por esto, Perciballe pide a la jueza letrada de primera instancia de Treinta y Tres que “proceda a la conducción” de los indagados, que oficie al Equipo Auxiliar de la Justicia en temas de Terrorismo de Estado del Ministerio de Interior para citar a un ex teniente mencionado por la mayoría de las víctimas, a tres médicos señalados, a un sargento y a otro militar, “sindicados por distintas víctimas como responsables de los apremios”.
El fiscal también pidió que se libre un exhorto a Chile para solicitar la extradición de Wellington Sarli Posse, también señalado por numerosas víctimas, y que se oficie al Departamento Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República para que informe si los “plantones, submarinos, las golpizas generalizadas con manos, pies y/u objetos contundentes y la utilización de picana eléctrica” pueden ocasionar diversos problemas de salud que fueron denunciados por el caso.