Sobre la participación ciudadana y la descentralización

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La convocatoria a candidatos para integrar los Consejos Vecinales evoca el tema más amplio de la participación política, aunque, en rigor, estos organismos fueron concebidos como un puente de articulación entre la sociedad civil y la sociedad política. Hablar de la participación supone un conjunto heterogéneo de situaciones, desde la diferente percepción de los ciudadanos ante la elección de...
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La convocatoria a candidatos para integrar los Consejos Vecinales evoca el tema más amplio de la participación política, aunque, en rigor, estos organismos fueron concebidos como un puente de articulación entre la sociedad civil y la sociedad política.

Hablar de la participación supone un conjunto heterogéneo de situaciones, desde la diferente percepción de los ciudadanos ante la elección del gobierno nacional o departamental, la capacidad de movilizarse en torno a cuestiones nacionales, departamentales o regionales, la votación de los gobiernos municipales, el seguimiento ciudadano de la gestión de estos, la participación en cabildos como organismos de democracia directa en lo local y, por último, la participación en los concejos vecinales de Montevideo. O sea, diferentes niveles, territorios y prácticas.

La participación, la centralidad, la visualización de los gobiernos locales, pueden ser relevantes en localidades pequeñas o medianas del interior, con identidad marcada, y mucho menor en Montevideo, sin el componente identitario y con límites artificiales. Dentro de las zonas o barrios de Montevideo, no es lo mismo un lugar donde existe un componente asociativo o donde los sectores populares pueden apostar a lo organizacional para satisfacer aspiraciones, que las zonas de grandes edificios de apartamentos donde nadie se conoce y donde los hábitos culturales de los sectores altos o medio-altos no incluyen esas prácticas, y donde además el acceso a los bienes sociales en el mercado no pasa por la mediación organizacional y la demanda al Estado. En los sectores populares tampoco se da la unidad de los barrios obreros del pasado entre el lugar de trabajo y de vivienda. La fragmentación socioterritorial de la ciudad entre sectores sociales, con pocos contactos entre sí, no favorece estas prácticas.

En un proceso para el que las teorizaciones de David Harvey dan una orientación, el espacio urbano, poblado de significaciones y apropiaciones comunes, deja lugar a la ciudad fragmentada y diferenciada según los sectores que la habitan. Los lugares de Harvey,poblados de sentidos y forjadores de identidad, son sustituidos por los no lugares de Marc Augé, espacios de la confluencia anónima, como pueden ser los centros comerciales. La comunicación presencial retrocede ante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); estamos a la vez más intercomunicados y más solos. Los ciudadanos perciben lejos al gobierno. Las mediaciones clientelares del pasado se sustituyen por los medios de comunicación y las pantallas abstractas.

En esa heterogeneidad, podemos coincidir provisoriamente en una afirmación generalizante: hay una retracción de la participación. Esta es menor respecto de épocas anteriores o es menor respecto del ideal del republicanismo, para el cual una ciudadanía activa es fundamental para darle vida a la democracia y para el propio desarrollo pleno de los sujetos individuales. La crisis de participación, detectada en las sociedades de Occidente desde la década de 1980, ha venido para quedarse.

Las causas

En relación con las explicaciones de esta situación hay dos actitudes. O se acentúan las explicaciones estructurales, vinculadas a la dinámica social y cultural, o se refuerza el componente conspirativo o persecutorio: la acción voluntaria de determinados agentes –desde el imperialismo hasta nosotros mismos– que operan para dificultar la participación.

Priorizando la primera actitud –sin dejar de reconocer que en algunos casos podría darse la segunda y siendo solamente indicativo y no exhaustivo– pueden señalarse algunas líneas que contribuyen a la retracción participativa.

1) Un conjunto de causas tiene que ver con los cambios globales a nivel de la cultura o de la sociedad. La globalización restringió los márgenes del Estado nacional y los ciudadanos perciben que es menor la incidencia de las decisiones políticas en sus vidas. Al propio Estado se lo percibe impersonal y alejado: pantallas, trámites y burocracia se interponen, y se refuerza el sentimiento de alienación, pasividad y lejanía para las personas.

La cultura posmoderna, el individualismo posesivo y narcisista, las identidades forjadas desde el consumo, el neoliberalismo, van en esa dirección, y aquí podría admitirse la acción de los aparatos ideológicos, comunicacionales y políticos funcionales a la hegemonía del capital transnacional.

2) Más complejo es el papel de las tecnologías de la comunicación. Contribuyen a crear una nueva cultura, una diferente percepción de la realidad y del espacio. Nos acercan y nos alejan de los otros. Pueden ser herramientas de la alienación o de la liberación, del conocimiento o del desconocimiento. En lo inmediato su auge parecería no alentar el encuentro presencial de la participación política tradicional.

Pero también, cuando existe una previa trama comunitaria, sin sustituir a la participación presencial, pueden ser instrumentalizadas como elemento complementario o inductor de la acción política en un sentido amplio.

3) La cultura política nacional ha sido siempre centralista, desde la herencia de la administración colonial borbónica pasando por el batllismo, con alguna lejana excepción, como ciertas ideas del presidente Bernardo Berro en los años 60 del siglo XIX.

4) En el caso de la izquierda nacional, si bien en los comienzos estuvo presente la tradición federalista del anarquismo, con raíces lejanas en Pierre-Joseph Proudhon, y si bien se mantienen elementos en el mundo sindical (es una convención y no una central; sus dirigentes lo son si cuentan con el respaldo de sus organizaciones de base), el peso de la cultura comunista posterior fortaleció el centralismo.

La tradición jacobina, desde la ley Le Chapelier de 1791, que propugnaba la eliminación de los cuerpos intermedios entre el Estado y el ciudadano, se prolonga y acentúa en el leninismo que centraliza los poderes en el Estado, en el partido y en la cúpula del partido, condenando el pluralismo y la autogestión e instrumentalizando a los propios soviets.

Siempre existió en la tradición marxista otra línea que recoge el peso de los poderes locales y la autogestión en la construcción y en la lucha por el socialismo, representada por el socialismo municipal belga, Anton Pannekoek y los consejistas holandeses, Antonio Gramsci y los consejos obreros, Otto Bauer y los austromarxistas, Rosa Luxemburgo, Karl Korsch, etcétera, que va a ser olvidada por el peso del leninismo.

De todas formas, la persistencia de la cultura leninista, aún después del hundimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fortalece la mirada centralista en la percepción inmediata o en el sentido común de la izquierda uruguaya.

5) El peso de la política nacional, de la gestión del Estado y de la dimensión electoral restringe el espacio de la descentralización. No se trata de una elección totalmente voluntaria; la propia dinámica de los tiempos políticos, de las estructuras y las instituciones va en esa dirección.

6) Como una derivación del factor mencionado en quinto lugar, las estructuras del Frente Amplio (FA) en Montevideo no siguen los límites de los espacios de la descentralización. Pero además, las discusiones y resoluciones de comités y coordinadoras no jerarquizan en general esos temas. En los hechos, se prioriza el constituirse en espacios de poder para pesar en las decisiones nacionales o reforzar las diferentes posiciones respecto de ellas.

7) En Montevideo, además, las divisiones territoriales de los municipios y su denominación por letras no favorece el sentido de pertenencia o la identificación de los vecinos con ellos.

Posibles salidas

En relación con líneas de trabajo para mejorar la participación política en estos espacios, se pueden mencionar las siguientes, a sabiendas de que ninguna alcanza por sí sola y de que, además, ni en este ni en ningún otro asunto hay soluciones completas.

1) La primera, por supuesto, es el esfuerzo voluntario por mejorar la práctica política, destinando recursos, tiempo, formación, apoyos varios y cuadros políticos a este fin, e implementando cursos para los ciudadanos motivados para trabajar en estas áreas y para los funcionarios vinculados a ellas. También es importante estudiar y difundir experiencias que pueden ser fuente de inspiración y aprendizaje, en zonas de Montevideo y del interior, por ejemplo, en los barrios populares del este de la ciudad de Salto, donde se ha desarrollado una red de comisiones de fomento, policlínicas, cuadros de fútbol, etcétera.

2) En la misma línea, impulsar la jerarquización de estos temas por parte de las estructuras del FA. Asumir a cabalidad la descentralización implica que cada departamental elabore en forma autónoma, creativa y prioritaria la política a ese nivel, y que cada coordinadora haga lo mismo con su municipio, funcionando como agrupación de gobierno municipal (existen en algunas zonas de Montevideo). Y como lógico corolario, la correspondencia de los territorios de municipios, coordinadoras y estructuras partidarias.

3) Repensar todo el diseño institucional, por ejemplo, la cantidad, límites geográficos y denominaciones de los municipios de Montevideo.

4) La reforma constitucional también en este punto es necesaria. En los diferentes proyectos de reforma constitucional que se manejaron en años recientes figuraban iniciativas tales como la articulación de formas de democracia participativa y representativa, incluyendo plebiscitos, la iniciativa popular, el control ciudadano y el ágora electrónica; mantener la separación de las elecciones departamentales y municipales de las nacionales; y establecer una mayor precisión en la relación financiera de los gobiernos departamentales respecto del nacional y de los primeros en relación con los municipales, estableciendo los márgenes de autonomía y de articulación. El artículo 230 de la Constitución establece una comisión sectorial en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con delegados del Congreso de Intendentes y de los ministerios, que propondrá planes de descentralización que deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo. Con precisión y cuidado en la redacción, hay que avanzar en mayores márgenes de autonomía financiera para los gobiernos departamentales, y lo mismo de los municipales respecto de aquellos.

Asimismo, es importante incorporar los gobiernos municipales al texto constitucional y consagrar en la Constitución a los cabildos, como institutos de democracia directa a nivel municipal con la potestad de revocar, con el 10% de las adhesiones ciudadanas, las resoluciones municipales.

5) Avanzar hacia un desarrollo equilibrado de las regiones del país, generando planes de desarrollo económico mediante la inversión pública y el estímulo crediticio, con participación en su gestación, ejecución y control de los espacios de la democracia participativa y descentralizada y de la sociedad civil. Mucho se ha hecho desde la OPP en estos años; mucho más se deberá hacer en el futuro, con mayores asignaciones en el presupuesto nacional y avanzando en mayor autonomía, incluyendo el nivel constitucional ya mencionado. El futuro de la descentralización a nivel departamental en gran parte depende de esta dirección.

6) La asignación de partidas a los Consejos Consultivos va en una dirección similar en el nivel correspondiente.

7) Introducir las TIC en instancias como el Presupuesto Participativo o en la elección de Concejos Vecinales. Plataformas de aplicación exitosa, como Montevideo Decide, permiten pensar en la implementación experimental de consultas, aplicando las TIC –a continuación de un ciclo de debates ciudadanos– a toda la población a la que alcancen medidas generales, como políticas de transporte colectivo, tránsito y limpieza, y de desarrollo territorial.

8) Las temáticas de medioambiente y participación pueden alimentarse nuevamente. La educación a ese respecto debe ser descentralizada en base a las realidades locales, y la ausencia de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en muchas áreas del país puede suplirse con el monitoreo por parte de una ciudadanía informada.

9) Lo mismo cabe para las temáticas de género: estudio de cada realidad y aplicación de políticas diferenciadas gestadas por la ciudadanía involucrada.

Como conclusión, podemos decir que el sistema político tiende espontáneamente a su propia reproducción, manteniéndose la diferencia entre gobernantes y gobernados, y de ese modo no se favorece el empoderamiento de los ciudadanos. Avanzar en estos caminos requiere voluntad y acción política.

Manuel Laguarda integra el Comité Ejecutivo del Partido Socialista.

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