Miles de chilenos participaron ayer de la tradicional movilización que recuerda el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, el 11 de setiembre de 1973, con el que comenzó la dictadura de Augusto Pinochet. En la marcha participaron políticos opositores y referentes de organizaciones de víctimas. Unos y otros lamentaron el efecto que ha tenido el regreso de la derecha al gobierno sobre el tratamiento judicial de las violaciones de los derechos humanos.
Estas organizaciones ven una incidencia del gobierno en las decisiones que la Corte Suprema adoptó a comienzos de agosto de otorgar la libertad condicional a siete represores. Justamente por esa decisión la Cámara de Diputados de Chile decidirá esta semana si acepta una denuncia presentada por partidos de izquierda contra tres jueces de la Corte Suprema.
Antes de la movilización de ayer llegaron unas declaraciones muy cuestionadas del presidente Sebastián Piñera, que el sábado rechazó “los atropellos a los derechos humanos” pero responsabilizó por el golpe de Estado a “la crisis múltiple, política, económica y social, que significó la Unidad Popular”, la coalición que llevó a la presidencia a Salvador Allende. Dijo que la democracia chilena “estaba profundamente enferma antes del 11 de setiembre de 1973” por una izquierda que “legitimaba el uso de la violencia como un instrumento legítimo en la lucha política”.