El juez Claudio Bonadio dictó ayer su tercer procesamiento contra la ex presidenta Cristina Fernández. En este caso, la acusó de 22 delitos, pidió su prisión preventiva y dispuso un embargo sobre sus bienes por 4.000 millones de pesos argentinos, unos 100 millones de dólares.

En esta investigación judicial, conocida como el caso de los cuadernos, Bonadio procesó a otras 41 personas, entre las que se encuentran el ex ministro de Planificación Julio de Vido y otros altos funcionarios de los gobiernos kirchneristas. También dictó el procesamiento para varios empresarios, que en su mayoría se ofrecieron a confesar y brindar información como “arrepentidos”. Uno de ellos es Ángelo Calcaterra, que fue dueño de la empresa IECSA y es primo del presidente Mauricio Macri.

Para Bonadio, todos ellos integraron una estructura por la que los empresarios accedían a contratos para construir obra pública a cambio del pago de coimas, y los funcionarios recaudaban así fondos ilegales. En la mayoría de los casos, los encargados de recoger los sobornos utilizaban un auto manejado por Oscar Centeno, el chofer del ex secretario de coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta. La investigación comenzó a partir de copias de los cuadernos en los que el chofer registraba datos de las direcciones a las que tenía que ir a recibir bolsos con billetes, según su testimonio. Tanto Centeno como Baratta integran la lista de los procesados.

La investigación judicial considera que De Vido y Baratta fueron los organizadores de esta red. Pero a quien coloca al frente, es a la ex presidenta, a la que acusa de ser la jefa de una organización ilícita y responsabiliza por distintos delitos vinculados con el cobro de sobornos.

El juez afirma que existió a lo largo de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Fernández un “pacto ilícito en daño de tercero”, que mantuvieron empresarios y funcionarios. De esta manera, personas movidas “por avaricia y codicia” se “llenaban los bolsillos” con plata del Estado “en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente”, dice Bonadio.

Antes de este procesamiento, ya habían sido dictados otros cinco contra la ex presidenta y actual senadora. El juez Julián Ercolini la investiga por sospechas de que favoreció con obra pública al empresario Lázaro Báez. Además lleva adelante las causas Hotesur y Los Sauces, en las que presume que alquiló propiedades a Báez y a otro empresario, Cristóbal López, para blanquear pagos ilegales. En estas dos causas también fueron procesados los hijos de Fernández, Máximo y Florencia Kirchner. A su vez, Bonadio dispuso el procesamiento de la ex presidenta por el caso “dólar a futuro”, por vender esa divisa a un precio más bajo del que se pagaba en el mercado, y por el supuesto encubrimiento de responsables del atentado a la AMIA mediante un memorándum de entendimiento con Irán.

De acuerdo con los medios argentinos, en el caso de los cuadernos Bonadio tiene previsto esperar a que un tribunal de apelaciones ratifique su fallo para iniciar el proceso de desafuero de Fernández. Si bien el juez puede pedirlo, la aprobación queda a cargo del Senado.

El líder del peronismo no kirchnerista en el Congreso, Miguel Ángel Pichetto, recordó ayer el criterio que aplica la mayoría de los senadores en estos casos. Según informó el diario Clarín, Pichetto dijo a la radio Cooperativa que “el principio de inocencia se mantiene”, incluso cuando un senador ya está condenado, hasta que haya agotado la posibilidad de recurrir su sentencia ante un tribunal de casación. Recordó también que esta política fue la que le permitió al ex presidente Carlos Menem ser candidato a senador en las legislativas de 2017, pese a haber sido condenado en la Justicia.

En el caso de Fernández todavía no hay condena. El juez dispuso que cumpla prisión preventiva mientras se lleva adelante el proceso porque considera que la dirigente puede entorpecer la investigación o las acciones para recuperar “los bienes que fueron producto de los ilícitos investigados”. Para Pichetto, en esta situación “es imposible producir el desafuero y la detención” de la ex presidenta.