La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) tiene que tomar una decisión en el corto plazo sobre el proyecto de ley que autoriza la enajenación de dos padrones ubicados en la rambla Sur, cercanos al dique Mauá, para que se levante allí una terminal fluvio-marítima. Luego de que la Comisión de Transporte de la cámara baja aprobara la iniciativa en julio, los legisladores oficialistas solicitaron dejar en suspenso hasta setiembre el tratamiento del proyecto en el plenario. La iniciativa, que fue aprobada en el Senado a fines del año pasado, sigue causando reparos en la interna del oficialismo, y varios legisladores entienden que la Mesa Política es la que tiene que expedirse a la brevedad.
La Mesa Departamental frenteamplista de Montevideo manifestó el lunes de noche que consideraba inconveniente enajenar los predios y exigió un pronunciamiento sobre el proyecto a la Mesa Política nacional. Esta se reunirá el viernes, pero hasta el momento no se sabe si el tema ingresará en el orden del día. El presidente del FA, Javier Miranda, solicitó al presidente de la Mesa Departamental capitalina, el diputado Carlos Varela, que le hiciera llegar la resolución votada en ese organismo, pero dijo ayer a la diaria que aún no sabía si se iba a tratar este viernes.
El diputado comunista Gerardo Núñez entiende que la resolución departamental del FA es un “insumo valiosísimo” de cara a la discusión de la Mesa Política, y considera que este organismo, que se encuentra “por encima” de la bancada oficialista, es el que tiene que tomar una resolución sobre el tema. Su partido, uno de los que manifestó discrepancias sobre el proyecto, considera que la “concesión” puede ser el camino correcto para que pueda implementarse el proyecto presentado en 2016 por Los Cipreses (Buquebus). Sin embargo, el empresario argentino Juan Carlos López Mena descartó esta opción el martes, en una conferencia de prensa realizada en Buenos Aires. Según informó ayer El Observador, el empresario manifestó que no tiene “tanto tiempo” como para presentar un nuevo proyecto al Ejecutivo, y remató: “Es difícil Uruguay. En Uruguay hacen esfuerzos para ser pobres”. Núñez comentó que los dichos del empresario son “impactantes” y agregó que “defender el patrimonio de todos los uruguayos es defender la riqueza y la posibilidad del desarrollo del país”, y que no es “vendiendo todo como se solucionan estos asuntos”.
Alejandro Zavala, diputado del sector Ir, entiende que si la Mesa Política resuelve en el mismo sentido que la Mesa Departamental de Montevideo será muy difícil que la bancada oficialista avance en la aprobación de este proyecto. Su sector, dijo, se “opone” a la “venta de los predios”, pero no descarta avanzar en otras opciones. La iniciativa privada, consideró, tiene que acompañar el “desarrollo de la ciudad” y, en ese sentido, comparten la preocupación del gobierno nacional, pero se podría, por ejemplo, “hacer una terminal de pasajeros con mecanismos de participación público-privada”. Agregó que la “lógica de que el concesionario tenga que hacer la inversión no es imprescindible”, ya que se puede hacer el “puerto y después arrendárselo al privado”.
En cambio, para Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, la Mesa Política “tiene que fijar grandes rumbos”, pero “no la redacción de los textos legislativos”. En ese sentido, señaló que están a la espera de lo que se resuelva en ese ámbito y evaluarlo en la bancada. También señaló que si bien todos los sectores, menos Nuevo Espacio, apoyaron la resolución de la Departamental de Montevideo, lo hicieron para buscar “la unidad de acción” y “evitar choques”, pero que en definitiva se trata de “un proyecto de gobierno nacional y no departamental”. Según Asti, el proyecto es “vital” para el país, y su sector entiende que debería votarse “tal como vino del Senado”. “Creo que es absolutamente necesario tener una terminal para recibir a los turistas que vienen de Buenos Aires y separarlos del tránsito de cargas”, manifestó. También opinó que la idea de que el Estado “se haga cargo de mejorar una infraestructura que luego utilizaría un privado es ilógica”, y que entiende que López Mena quiera obtener la enajenación de esos padrones, porque cree que lo que se propone es obtener financiamiento para el proyecto “hipotecando esos bienes, que sólo los puede poner si son de su propiedad”.
En la misma línea, la vicepresidenta Lucía Topolansky dijo ayer en rueda de prensa que la Mesa Política es la que tiene “que tomar posición”, pero que, en lo personal, es una “defensora del proyecto”, y que en el trámite parlamentario en el Senado tanto la Intendencia de Montevideo como el “concejo de vecinos” se manifestaron a favor. La obra, según detalló, implica que se le ganen “tres hectáreas al mar” y se hagan muelles para proteger la entrada de los buques, pero puntualizó que todo eso va a ser “propiedad pública”. Apuntó, además, que los terrenos que se otorgan al privado quedan detrás de esas tres hectáreas, y que, por lo tanto, esto “nada tiene que ver con la soberanía de la costa”. “Para mí es bastante incomprensible lo que pasa, pero veremos”, concluyó.
Luego del escándalo por la subasta de los aviones de Pluna, el presidente José Mujica decidió en 2015 negarle a Buquebus la renovación de la concesión de la terminal de pasajeros de Montevideo, que poseía desde 1994. Actualmente, esa terminal es administrada por la Administración Nacional de Puertos (ANP) y Buquebus paga a este organismo por su uso. El vicepresidente de la ANP, Juan José Domínguez, señaló que “no le gusta para nada la enajenación [de los padrones]”, porque en primer lugar se debe respetar “la soberanía del país”. Por otro lado, entiende que la concesión por 30 o 50 años, tal como ha operado siempre la ANP, “es la única forma de hacer las cosas”, y que sería deseable realizarla, para incentivar así el turismo y aprovechar el espacio.
Otras voces en juego
El decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Marcelo Danza, planteó el tema en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) el martes. El consejo de la FADU había emitido una declaración, luego de reunirse el 1º de agosto, en la que destacaba la importancia de la rambla Sur y lo que significa ese “espacio público en la ciudad, que ha ido tendiendo hacia la interiorización de ámbitos privados” (es decir, que ya “no hay tantos espacios públicos de realmente libre acceso”), recordó Danza. En aquella resolución, la FADU señaló que la “idea de enajenar parte del patrimonio público” para hacer posible “una inversión de iniciativa privada” era “inconveniente” desde la “perspectiva del beneficio para la comunidad”, y por tanto manifestó una “profunda preocupación sobre el tema” y su disposición a aportar “asesoramiento” para que fuera posible “alcanzar las mejores condiciones” en la negociación. La FADU, explicó Danza, propone crear una comisión cogobernada y escuchar a todos los actores implicados para ofrecer una propuesta sobre el tema. El CDC resolvió comunicar a la Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes que la Udelar solicita “dar su opinión”, y por otro lado pedirle a la FADU que considere en su propuesta otros aspectos además de los arquitectónicos.