Después de lanzar varias advertencias, el Parlamento Europeo finalmente aprobó ayer la aplicación del artículo 7º de los tratados europeos que pretende sancionar a Hungría por considerar que existe un riesgo de violación del estado de derecho. La recomendación salió adelante con 448 votos a favor y 197 en contra, mientras que 48 eurodiputados se abstuvieron.

El informe aprobado concluye que el gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se niega a acoger refugiados, impone trabas a la libertad de prensa y expresión, vulnera la independencia universitaria y promueve la sanción de leyes para controlar organizaciones civiles, entre otras cuestiones que van contra los “valores básicos” de la Unión Europea (UE). La Eurocámara también expresó su preocupación por la independencia judicial, la corrupción, los derechos de las minorías, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, y la libertad religiosa en el país.

Durante el debate parlamentario del martes, Orbán acusó a los eurodiputados de pretender “acallar” al pueblo húngaro y querer “dar lecciones de lo que le conviene o no le conviene”. El jefe de gobierno aseguró que “defiende” su “patria” porque “es una cuestión de honor”. Luego, en respuesta a las críticas sobre su política antiinmigración, afirmó: “Hungría es parte de la familia cristiana europea y ha decidido vivir sin inmigrantes votando masivamente a mi partido”.

Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, calificó la votación en el Parlamento Europeo de “fraude” porque no se tuvieron en cuenta las abstenciones, “contrariamente a lo estipulado en los tratados de la Unión Europea”. Además, el canciller dijo que el informe aprobado por los eurodiputados es una “mezquina venganza” y una condena de “partidarios de la inmigración” contra la población y el gobierno de su país por haber “dicho que la inmigración se puede parar”. El político húngaro incluso anunció que su país examinará la posibilidad de dar “pasos legales” contra la decisión.

Mientras tanto, la pelota pasa ahora a la cancha de los países miembros de la UE que, tras obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y escuchar la posición de Hungría, votarán si constatan “la existencia de un riesgo claro de violación grave” del estado de derecho. Esta votación puede salir adelante con el voto a favor de cuatro quintos de los estados sin contar el país en cuestión, es decir, 22 de los 27 socios.

Los países también pueden optar por hacer recomendaciones a Hungría para que haga frente a los problemas que, a su entender, atentan contra los valores fundacionales del bloque y, como último recurso, podrían retirar a Budapest su derecho a voto en las decisiones en el Consejo de la UE. Para esto haría falta el voto unánime del resto de los estados miembros, algo que se prevé complicado porque, para empezar, su aliada Polonia no lo apoyaría.

Hasta el momento, el único antecedente data de diciembre, justamente cuando la Comisión Europea instó a aplicar el artículo 7º al gobierno de Polonia para frenar una serie de reformas en el Poder Judicial. El expediente sigue encajonado desde entonces.

El visto bueno para poner en marcha el artículo 7º provocó una división dentro del Grupo del Partido Popular Europeo, bancada derechista a la que pertenece Fidesz, el partido de Orbán. El presidente del grupo, el alemán Manfred Weber, intentó el martes consensuar una posición común pero ante la diversidad de posturas optó por conceder libertad de voto. Weber terminó votando contra el gobierno de Orbán. Los valores europeos deben protegerse “en todas las ocasiones y en todas las familias políticas”, argumentó.