Las elecciones que celebrará Brasil el 7 de octubre se caracterizarán por las acciones que impulsan la Justicia y la Fiscalía acerca de los candidatos que integran las fórmulas presidenciales. A la anulación de la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, por una condena en su contra ratificada por un tribunal de segunda instancia, se han sumado las denuncias presentadas por la Fiscalía contra su compañero de fórmula, Fernando Haddad, y ahora contra el candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Geraldo Alckmin.
La denuncia contra Alckmin no es la primera que presenta la Fiscalía. En este caso, de acuerdo con la investigación fiscal, el ahora candidato a la presidencia aceptó durante 2014 casi diez millones de reales (unos 2,5 millones de dólares) de la empresa Odebrecht para favorecer a la constructora con contratos de obra pública y con decisiones políticas. Por entonces, Alckmin era candidato a la reelección como gobernador del estado de San Pablo.
Según informó el diario de la cadena O Globo, la Fiscalía cita en su denuncia a ex directores de Odebrecht que confesaron esos pagos, así como otras acciones ilegales, a cambio de una reducción de las penas que enfrentan. El ex director de Infraestructura de Odebrecht, Luiz Antônio Bueno, dijo que el objetivo de los pagos era “mantener el buen relacionamiento” con Alckmin para “mantener beneficios en licitaciones fraudulentas, contratos, privatizaciones y asociaciones público-privadas”.
La investigación indica que el mediador en los sobornos fue el tesorero de la campaña de Alckmin, Marcos Monteiro, a quien se acusa de haber organizado los pagos en nueve cuotas en efectivo entre abril y octubre de 2014.
Quien presentó la denuncia, Ricardo Manuel Castro, funcionario de la Fiscalía de San Pablo, pide que Alckmin sea condenado a perder sus derechos políticos y a devolver el dinero que haya obtenido de forma ilícita, y que se multe a Odebrecht por el pago de sobornos. Es poco probable que la Justicia tome una decisión sobre este tema antes de las elecciones, pero la eventual pérdida de derechos políticos podría implicar que Alckmin tuviera que dejar cualquier cargo que ocupe si es condenado, incluso el de presidente.
Alckmin y sus abogados defensores dieron declaraciones y emitieron comunicados ayer para asegurar que es inocente y que no recibió donaciones ilegales durante su campaña a la reelección.
Otros nombres
La Justicia será también la que determine si Lula puede ser candidato. El viernes, el Tribunal Supremo Electoral anuló por seis votos a uno la candidatura del ex presidente al darles la razón a los recursos que argumentaban que no puede participar en las elecciones porque la condena en su contra por corrupción pasiva y lavado de dinero fue ratificada en segunda instancia por un tribunal colegiado.
En la noche entre el martes y el miércoles se presentaron varios recursos contra esta decisión, en el marco del intento del Partido de los Trabajadores (PT) de mantener la candidatura de Lula, que encabeza la intención de voto en las encuestas. Se presentaron dos recursos ante el Supremo Tribunal Federal (STF): uno que pide que se suspendan los efectos de la condena contra el ex presidente hasta que haya una decisión en los máximos órganos judiciales de Brasil y otro que solicita que se anule la decisión del Tribunal Supremo Electoral. En ambos casos el PT propone que se permita que Lula sea un candidato sub judice, una figura que permite que participe en la campaña electoral e incluso que lo haga en las elecciones hasta que se adopte una decisión judicial definitiva sobre su situación.
Ayer se sorteó entre los magistrados del STF quién quedará a cargo del recurso de Lula que pide que se anulen los efectos de la condena. El caso quedó en manos de Edson Fachin, quien integra tanto el STF como el Tribunal Supremo Electoral, órgano en el que el viernes fue el único juez en votar a favor de la continuidad de la candidatura de Lula. Argumentó, en esa instancia, que debe considerarse como vinculante el pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que solicitó que se respeten los derechos políticos de Lula hasta que haya un dictamen final debido, entre otras cosas, al respaldo popular con el que cuenta.
En base a los antecedentes de los casos que ha tenido que tratar Fachin, diarios brasileños indicaban ayer que es probable que el magistrado no tome una decisión unilateral, que sería vinculante aunque podría ser rectificada por el pleno del STF. Se prevé que el magistrado lleve el caso directamente al pleno del tribunal, que plantee allí su postura y pida el voto de sus colegas para que la decisión que se adopte sea definitiva. De acuerdo con la agenda del STF, las próximas sesiones plenarias en las que se podría tratar el tema son la de hoy y la del miércoles.