Miles de guatemaltecos participaron ayer en una manifestación para pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales y defender la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La convocatoria fue hecha por la Asociación de Estudiantes Universitarios de la estatal Universidad de San Carlos, pero concentró también a trabajadores rurales, indígenas y activistas sociales.

En la Plaza de la Constitución, donde tuvo lugar la concentración desde la que partió una marcha rumbo al Congreso, fueron quemados muñecos que representaban a Morales y otros jerarcas del gobierno. Varios de los oradores del acto central pidieron no sólo la renuncia del presidente, sino también que sea juzgado y condenado por los delitos de los que se lo acusa. Además de la marcha en la capital, se organizaron distintas actividades en ocho de las principales ciudades del país, así como en algunas embajadas de Guatemala en el extranjero.

La Asociación de Estudiantes Universitarios había responsabilizado al gobierno “por cualquier hecho violento producto de la intimidación” por parte de las fuerzas de seguridad o de la infiltración de personas ajenas a las movilizaciones, pero la marcha se desarrolló sin violencia.

Las dudas sobre la continuidad de la CICIG, que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comenzaron en agosto, cuando Morales anunció que no renovaría el mandato de la comisión, que termina en setiembre de 2019, y que tendría tiempo hasta el 3 de setiembre del próximo año para abandonar el país. Morales presentó esta decisión como “un paso hacia adelante en el fortalecimiento” de las instituciones guatemaltecas “para garantizar la continuidad de la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito”. Además, argumentó que la comisión ya funcionó en el país durante diez años, tiempo suficiente para que “haya cumplido los objetivos fundamentales” que se previeron en su creación.

Días después del anuncio, el presidente le prohibió la entrada al país a su responsable, el abogado colombiano Iván Velásquez, que había viajado por trabajo a Estados Unidos. Las diferencias de la CICIG con el gobierno empezaron, justamente, a raíz de las investigaciones de corrupción que la comisión lleva adelante en conjunto con la Fiscalía. En 2015, esas investigaciones condujeron a la salida de la presidencia de Otto Pérez Molina, que actualmente está en prisión.

A comienzos de este año, una investigación de la CICIG y la Fiscalía llevó a la detención de un hijo y un hermano de Morales, acusados de participar en una red de fraudes, y otra derivó en que presentaran ante la Corte Suprema una denuncia contra el propio presidente, acusado de financiar ilícitamente su campaña electoral. A raíz de esto, el Congreso creó una comisión de mayoría opositora que podría derivar en que le retiren la inmunidad al presidente para que sea investigado y juzgado. A su vez, la popularidad de Morales empezó a caer hasta llegar a su nivel más bajo, 20%, en agosto, mientras que la de la CICIG creció a 70%.

Al anunciar la prohibición de ingresar al país dispuesta para Velásquez, Morales dijo que este estaba “violando” las leyes y promoviendo una “persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala”. También aseguró que Velásquez es “una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, la institucionalidad, la justicia y la paz”.

Estas declaraciones fueron criticadas por la Fiscalía y la ONU, y la decisión de Morales también fue rechazada por la Justicia. La Corte Constitucional la anuló en varias decisiones consecutivas, la última de ellas el miércoles, después de que el gobierno argumentara que la anterior no era lo suficientemente clara.

El relator de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, aseguró ayer que la Corte Constitucional está sufriendo “diversas formas de ataques e intimidaciones” por parte del gobierno para que deje de emitir decisiones contrarias a sus intereses.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró su confianza en Velásquez para continuar al frente de la CICIG, aunque dispuso que designe un comisionado adjunto que sí pueda ingresar al país para llevar adelante su trabajo porque, “de facto”, él no está pudiendo hacerlo. No se descarta que en la Asamblea General de la ONU, que comienza el domingo, tenga lugar una reunión entre Guterres y Morales para abordar este tema.