Tres meses después de asumir como ministro del Interior de Italia, el líder de la ultraderechista Liga Norte, Matteo Salvini, logró concretar una de sus principales promesas de campaña contra la inmigración irregular. El Consejo de Ministros italiano aprobó ayer por unanimidad un decreto que lleva su nombre y apellido y que endurece las condiciones que se exigen a los solicitantes de asilo en el país.
La iniciativa prevé expulsiones de los inmigrantes considerados “un peligro social” o condenados en primera instancia por delitos relacionados con drogas, robo, violencia sexual, violencia contra un funcionario público o lesiones graves. También contempla que las autoridades retiren la ciudadanía italiana a los inmigrantes que tengan una condena definitiva por terrorismo y que prohíban la entrada de cualquier extranjero que haya sido expulsado de otros países de la zona de libre circulación de personas en Europa, el espacio Schengen. En tanto, amplía el período de permanencia en los centros para refugiados 90 a 180 días, mientras los solicitantes de asilo tramitan su petición de residencia.
Uno de los puntos del decreto más criticados por la oposición y las organizaciones sociales es el que suprime los permisos de residencia por motivos humanitarios, una de las tres formas de protección que contempla la normativa vigente, junto al asilo y la protección subsidiaria. Hasta ahora, la protección humanitaria implicaba un permiso de residencia de dos años y derecho a una visa de trabajo en caso de que el solicitante encontrara empleo. La nueva normativa propone sustituir esa protección por un permiso de residencia por un año, que sólo se concederá en “casos extremos” como desastres naturales en el país de origen, graves problemas de salud de la persona que lo solicite, haber sido víctima de explotación sexual o violencia doméstica o haber hecho alguna “buena obra” para la sociedad italiana.
Poco después de que se aprobó la iniciativa, el ministro del Interior dijo en Twitter que el objetivo principal es “hacer Italia más segura”. Al mismo tiempo, argumentó que la iniciativa pretende “combatir con más fuerza a los mafiosos y a los traficantes de personas, reducir los costos de una inmigración exagerada, expulsar más velozmente a los delincuentes y a los falsos refugiados, quitar la ciudadanía a los terroristas y dar más poder a las fuerzas de seguridad”.
Para que entre en vigor, el decreto deberá ser firmado por el presidente, Sergio Mattarella, y validado por el Parlamento en un plazo de 60 días, algo que posiblemente suceda debido a la mayoría que tiene en las cámaras el gobierno de coalición del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte.