El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional (PN), aseguró ayer que si la cámara baja no aprueba enviar a la Justicia las supuestas irregularidades en la construcción de la regasificadora, su partido lo hará. Abdala encabezó ayer una conferencia de prensa en la que la bancada nacionalista dio a conocer un resumen del informe que elaboró gracias al trabajo de la comisión que investigó el proceso trunco de las obras de Puntas de Sayago. Además de Abdala, los blancos que integraron la comisión fueron Amin Niffouri y Mario García.

En octubre, el plenario de Diputados tratará el proceso de construcción de la regasificadora y, según dijo Abdala, todos los partidos de oposición votarán llevar el caso a la Justicia. “Hemos constatado que hubo ilícitos e irregularidades de diverso tenor, muchas de las cuales podrían llegar a configurar ilícitos penales”, indicó.

El resumen dice que “varios funcionarios actuaron con abuso de autoridad en varios tramos de este proceso complejo”, y que fueron tanto empleados públicos como algunos privados. Son señalados entre los responsables los directores y gerentes de UTE y ANCAP “que ejercieron la dirección de Gas Sayago” (la empresa constituida por ambos entes para la construcción de la planta regasificadora) y “autorizaron las principales decisiones en los directorios de los entes públicos”.

Acerca de la adjudicación de las obras, el nacionalista aseguró que “en las decisiones más relevantes se actuó con un claro favoritismo hacia la empresa OAS, la constructora brasileña que está asociada a los escándalos de corrupción de Brasil”. Abdala afirmó que esa firma fue favorecida tanto para la construcción de la obra principal –junto con GNLS– como para la de la unión prevista entre la terminal y el gasoducto Cruz del Sur, que a su vez conecta Buenos Aires con Colonia y Montevideo. “En ambos casos se actuó con favoritismo político y se contravinieron informes técnicos”, aseguró el diputado, y añadió que Gas Sayago constató que OAS no contaba con “los requisitos de admisibilidad mínimos necesarios”, pero de todas formas “terminó siendo la adjudicataria”.

Los nacionalistas también llegaron a la conclusión de que el Poder Ejecutivo presidido por José Mujica (2010-2015) actuó con “una gran arbitrariedad”, imponiendo “conclusiones a organismos públicos que tienen autonomía, como UTE y ANCAP”, y que los directores de ambas empresas “no tuvieron la oportunidad de analizar estos temas”.

Sobre Gas Sayago, Abdala sostuvo que “se convirtió en una enorme empresa” que pagó salarios “irritantes” para lo que es la media en Uruguay, y que además arrojó pérdidas que ascienden a 200 millones de dólares. Como ejemplo, dijo que “se contrató a un segundo gerente general cuando no era necesario”, refiriéndose al ingreso de Marta Jara, actual presidenta de ANCAP, en 2013.