Nacari, de 16 años, de la familia venezolana Mendoza Landínez, espera en Huaquillas, Ecuador, frontera con Perú, luego de atravesar el país en un ómnibus provisto por autoridades ecuatorianas como parte de un “corredor humanitario”, el 25 de agosto. , afp

Países vecinos diseñaron plan de acción ante la migración venezolana

Según la OIM, más de dos millones de personas han salido de Venezuela desde 2014.

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Un encuentro de dos días que buscó soluciones regionales para afrontar el flujo de migrantes venezolanos terminó ayer con la firma de una declaración en la que 11 países latinoamericanos se mostraron dispuestos a seguir recibiéndolos “con los brazos abiertos”. En el documento los firmantes aseguran que prestarán asistencia “en términos de hermandad y solidaridad” a quienes “vienen enfrentando u...
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Un encuentro de dos días que buscó soluciones regionales para afrontar el flujo de migrantes venezolanos terminó ayer con la firma de una declaración en la que 11 países latinoamericanos se mostraron dispuestos a seguir recibiéndolos “con los brazos abiertos”. En el documento los firmantes aseguran que prestarán asistencia “en términos de hermandad y solidaridad” a quienes “vienen enfrentando una difícil situación en su país de origen” y “buscan encontrar la acogida” de los vecinos.

La cumbre empezó el lunes en Quito, contó con el apoyo de distintos organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y reunió a representantes de 13 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La declaración final no contó con la firma de Bolivia, que no quiso adherir, y tampoco fue ratificada por República Dominicana, ya que participó como observadora.

Además de ratificar la disposición de los países a recibir a los migrantes venezolanos, el documento “exhorta al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales”. Particularmente, el texto menciona la concesión regularizada de “cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeridas por sus ciudadanos” antes de abandonar el país.

Los países firmantes aseguran que la exigencia busca garantizar la seguridad de los migrantes, evitar el tráfico de personas, la violencia sexual y la xenofobia, a la vez que pretende garantizar la seguridad de las propias sociedades de acogida.

El representante chileno en la cumbre, Raúl Sanhueza, reconoció en ese sentido que le hubiera gustado “ir un poco más allá” en la declaración y “reconocer que esto no vino del cielo”. Al cierre de la reunión manifestó: “No es que los venezolanos se pusieron en la mente un buen día salir a caminar y recorrer América Latina. Esta no es una situación de turismo. Lejos de eso, esta es una situación humanitaria grave, generada en una crisis”. Sanhueza aclaró, no obstante, que la declaración de Quito “cumple plenamente el objetivo fijado”, que es el de darle “tranquilidad y esperanza” al migrante venezolano, y “seguridad y confort” a los países que lo reciben.

Por su parte, el representante peruano, César Bustamante, aseguró que “todos” los países que participaron “cumplieron su labor” y “aportaron” al diseño de “líneas de acción para poder gobernar esta migración masiva hacia el sur y, finalmente, esta grave situación humanitaria”.

El lunes, durante la inauguración de la cumbre, el canciller ecuatoriano en funciones, Andrés Terán, dijo que casi 2,5 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos cuatro años, según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Agregó que la crisis migratoria venezolana ha sido “particularmente grave” en el curso de 2018.

Sin embargo, el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a funcionarios de la ONU de “exagerar” el número de emigrantes para justificar una “intervención internacional” en el país. “Claro que un grupo de venezolanos, producto de las guarimbas [protestas con cortes de calles], de la violencia, de la agresión, del bloqueo financiero del gobierno de Estados Unidos, [...] quisieron probar suerte en el exterior, y más del 90% están arrepentidos, de un grupo que no pasa de 600.000 venezolanos que han salido en los últimos dos años”, retrucó ayer Maduro.

Más temprano, en la misma línea, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que el gobierno se comunicó con el secretario general de la ONU, António Guterres, para manifestarle su “preocupación por que funcionarios de forma aislada estén prestándose” para “convertir un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de una intervención”.

El lunes de noche, mientras en Ecuador se inauguraba la cumbre regional, Maduro ordenó la apertura de un puente aéreo para facilitar el retorno al país de “todos los venezolanos que quieran regresar”. La semana pasada, las autoridades locales reportaron el retorno al país de 89 venezolanos provenientes de Perú, que volvieron en un avión que el gobierno venezolano envió a Lima.

En tanto, la Organización de los Estados Americanos fijó para hoy una sesión extraordinaria en su sede en Washington para “considerar la crisis migratoria originada por la República Bolivariana de Venezuela”.

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