El contrato de inversión entre el gobierno uruguayo y la empresa finlandesa UPM incluye un cronograma con tres fases en el proceso de decisión sobre la construcción de una nueva planta de celulosa a orillas del río Negro. Actualmente, se está en la fase dos, que a su vez se divide en tres etapas. El sábado concluyó la segunda etapa de esta fase, informó ayer el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, en conferencia de prensa al finalizar el Consejo de Ministros. “Se ha cumplido a satisfacción con los avances que se habían pautado en el acuerdo”, resaltó García, y valoró que se trata de “un avance importante para consolidar una inversión” que traerá beneficios a las zonas más rezagadas del país desde el punto de vista del desarrollo.

Entre las “condiciones necesarias” a concretar en la fase dos están algunas que ya se han cumplido. Por ejemplo, la empresa ya solicitó una zona franca para su planta de celulosa, así como las exoneraciones impositivas en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones. García dijo a la diaria que a lo que accederá UPM es “a lo que accede cualquier hijo de vecino por este tamaño de inversión”, ya que el otorgamiento de estos beneficios es automático si la empresa cumple con ciertos requisitos. En caso de concretarse el proyecto, la segunda planta de UPM contará con exoneraciones tributarias por estar en zona franca, pero la empresa busca, además, exonerar de tributos a otras actividades fuera de la planta en aplicación de la Ley de Inversiones.

Otras condiciones que ya se cumplieron son la definición de los Principios de Regulación Ferroviaria, la realización de un plan piloto con tritrenes y camiones de 48 toneladas y la creación de un Fondo de Innovación Sectorial, que financiará UPM con 1,5 millón de dólares durante 23 años. Asimismo, García informó que UPM ya presentó el proceso licitatorio de iniciativa privada para el proyecto portuario y que se definió un plan de capacitación y asesoramiento profesional para la fase de construcción de la planta.

Otro de los compromisos plasmados en el contrato planteaba “presentar [un] plan educacional a UPM”. “Esto ha hecho en algunos ámbitos un ruido que yo no llego a entender. Que el gobierno fomente poner centros educativos en el interior profundo para que la gente se capacite porque hay una planta que va a ameritar eso y que eso sea criticado para mí es una cosa absurda”, declaró el director de la OPP. “Justamente, una de las maneras de generar desarrollo es un impulso de este tipo, porque de repente vos no pondrías una UTU o no pondrías tales carreras si no tenés una actividad económica cerca”, agregó.

Otras condiciones necesarias definidas para esta fase todavía no se han cumplido, pero hay tiempo hasta marzo de 2019. Por ejemplo, la aprobación de la autorización ambiental previa del proyecto de la planta de celulosa (hasta el momento, se aprobó sólo la autorización ambiental de la localización) y la firma del contrato ferroviario.

García aseguró que todas las etapas se han concretado “cumpliendo estrictamente la legislación de Uruguay y las herramientas disponibles y existentes para este tipo de inversiones”.