Ayer, al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados seguía tratando los dos informes en minoría surgidos de la comisión que investigó la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2008 hasta la fecha y la denominada estafa del Fondo Nacional de Salud, que finalizó su trabajo hace pocas semanas. El diputado del Frente Amplio (FA) Enzo Malán fue el encargado de leer el informe del oficialismo. Entre tantas denuncias, se trató la de las irregularidades en el Hospital de Bella Unión, así como la vinculación entre los propietarios de Servicio Integral de Emergencia Médica Móvil (SIEMM), que también ejercieron funciones en “diversas unidades ejecutoras de ASSE”, y cuya empresa fue contratada para traslados sanitarios, por lo que se denunciaron varios casos de “conflicto de intereses” comprobados por auditorías. El informe del FA señala que la situación de un potencial conflicto de interés de SIEMM “ha sido superada hace varios años”, y que en la actualidad “no existe ningún vínculo contractual” de la empresa con el hospital de Bella Unión, habiendo este “restablecido el servicio de traslado propio, reservándose la contratación con terceros solamente en los casos en que la capacidad propia se viese excedida”.

En cuanto a las irregularidades en el Hospital de Mercedes, el FA subraya que “la gran mayoría” de las denuncias se hicieron “sobre la base de las auditorías que fueron dispuestas por ASSE”. En relación con “las denuncias realizadas respecto del uso del mecanismo de compra directa de acuerdo a lo informado por ASSE, se entiende que dichas situaciones fueron subsanadas y que en el momento se encontraban plenamente justificadas por tratarse de servicios imprescindibles para el normal funcionamiento del hospital”, se indica en el informe. Sobre las tercerizaciones del servicio de limpieza, conserjería y vigilancia en el mismo hospital, “las autoridades de ASSE han abundado respecto de los motivos que en aquel entonces llevaron a recurrir a la compra directa prevista en el Texto Ordenado de Contabilidad Financiera, detallando las fechas en las cuales se recurrió a dicho mecanismo, así como los procesos licitatorios previos y posteriores”, afirma.

Luego de repasar varias denuncias más sobre distintas instituciones, como el Hospital de Cerro Largo, el Hospital de Ojos y el Hospital de Colonia, el informe oficialista plantea conclusiones generales. En ellas se destaca que “los presuntos hechos irregulares” fueron “oportunamente determinados por ASSE en actuaciones internas cumplidas durante varios años” y que, “en todos los casos”, fueron tomadas “las medidas correctivas correspondientes, adoptándose las conductas y normas generales pertinentes o las particulares que pudieren haber correspondido, y eventualmente dándose intervención a las autoridades públicas competentes”.

“En la mayoría” de los casos, esos “presuntos hechos irregulares denunciados [...] no revestían la calidad de tales, y en consecuencia no ameritaban la adopción de correcciones ni sanciones de tipo alguno. Pese a ello, se adoptaron decisiones de alcance general”, asevera el informe oficialista. No obstante, apunta que se constató “la existencia de situaciones irregulares asociadas a casos inadmisibles de conflicto de interés, o conjunción del interés público y privado”. Por lo tanto, el proyecto de resolución del FA tiene un artículo único en el que se dispone remitir a la Fiscalía General de la Nación y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) “todas las actuaciones correspondientes a la comisión investigadora”.

“Si ASSE conocía todo, son unos irresponsables”, dijo el diputado blanco Martín Lema cuando le llegó su turno, y añadió que “un montón de cosas” sobre las que expuso Malán “no son ciertas”. Sostuvo que ASSE “ingresó en contradicciones en toda esta etapa” y quiso “defender lo indefendible”, ya que en la gestión hubo “amiguismo, despilfarro de recursos y una cantidad innumerable de irregularidades”, muchas de las cuales “fueron corroboradas” por medio de auditorías por Marcelo Sosa, ex director nacionalista de ASSE. Lema destacó que en el transcurso del trabajo de la investigadora “se destituyó al directorio de ASSE, salieron directores regionales por situaciones de acomodos, se separó a gerentes financieros y salieron administradores, lo que deja a las claras que no está todo bien”. “Si sabían todo, ¿por qué hoy presentan una resolución de enviar todo a la Fiscalía y a la Jutep? ¿Por qué no lo enviaron antes?”, preguntó Lema. En cuanto a la contratación de SIEMM, acotó que en el informe del FA dice que fue en julio de 2013, pero en realidad empezó en marzo de 2013, y que alguien que estaba “de los dos lados del mostrador” empezó a contratar a la empresa en forma directa antes de la licitación. “Me preocupa que esté mal [la fecha], porque ya que sabían tanto, al menos que tengan la delicadeza de chequear”, concluyó el diputado.