Utec y los desafíos de la gobernanza

Columna de opinión de Pablo Chilibroste.

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El 28 de diciembre de 2012, el Parlamento uruguayo decidió la creación de la Universidad Tecnológica (Utec) por medio de la Ley 19.043. La Utec es una propuesta de educación terciaria universitaria pública, de perfil tecnológico, con su oferta educativa ubicada en el interior de Uruguay, comprometida con los lineamientos estratégicos del país y abierta a las necesidades del sector productivo. L...
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El 28 de diciembre de 2012, el Parlamento uruguayo decidió la creación de la Universidad Tecnológica (Utec) por medio de la Ley 19.043. La Utec es una propuesta de educación terciaria universitaria pública, de perfil tecnológico, con su oferta educativa ubicada en el interior de Uruguay, comprometida con los lineamientos estratégicos del país y abierta a las necesidades del sector productivo. La oferta educativa actual, principalmente a nivel terciario y universitario, no cubre la demanda de capital humano especializado. La tasa de graduados en tecnología e ingeniería es menor que en otros países latinoamericanos, no habiéndose registrado una mejora sustantiva en años recientes. Esto condiciona las perspectivas de crecimiento económico y bienestar social en Uruguay, dadas las bajas probabilidades de diversificación, sofisticación y competitividad productiva resultante de las limitaciones de capital humano. En atención a estos factores, la Utec, luego de hacer un pormenorizado estudio de oferta y demanda de formación terciaria en todo el interior del país, lanzó sus primeras carreras en 2014. En 2018 se imparten 11 carreras diferentes y la Utec pasó de 44 estudiantes a aproximadamente 1.700 en el presente año.

De acuerdo con la Ley 19.043, la gobernanza de la Universidad estaría encabezada por el rector y el Consejo Directivo Central (CDC), integrado por representantes de distintos estamentos de su comunidad –docentes y estudiantes– y de la sociedad –empresarios y trabajadores–. La Ley 19.043 también previó una etapa de transición con la conformación de un Consejo Directivo Central provisorio (CDCp) de tres miembros propuestos por el Poder Ejecutivo y con venia parlamentaria que logró un respaldo unánime en el Parlamento. El período inicial de transición fue previsto por cuatro años y luego se extendió por dos más (Ley de Presupuesto Nacional, artículo 616; Ley 19.355 de 2015). El período de transición ha sido fermental en términos de interacción con los actores políticos, productivos y sociales del interior del país, con la comunidad educativa terciaria de Uruguay, con instituciones de referencia a nivel internacional y con la propia comunidad Utec que se ha ido construyendo durante este período. En base a estos antecedentes y los importantes cambios experimentados por la gobernanza de las instituciones de educación superior en el mundo en los últimos 40 años, consideramos pertinente y oportuno poner a consideración algunas propuestas de ajuste a la Ley 19.043, con el propósito de que la Utec pueda dar cumplimiento cabal a los lineamientos fundacionales contenidos en la ley de creación.

En todo el mundo se han operado cambios en las estructuras de gobierno de las universidades orientados a mejorar la calidad de los servicios que prestan, administrar eficientemente, y asegurar el retorno a la inversión pública. La autonomía de las instituciones se acopla a nuevos y reforzados mecanismos de auditoría de procesos y evaluación de resultados, en los que estos últimos priman sobre la exigencia de seguir reglas y procedimientos formales. Con matices resultantes de las particularidades de los sistemas nacionales de educación superior, estas tendencias han sido identificadas y documentadas para Europa Occidental, el mundo anglosajón, Australia, Estados Unidos, China, Singapur, Japón y Rusia. En síntesis, se detecta una menor incidencia del aparato regulatorio y administrativo del gobierno del Estado en el día a día de las operaciones de la universidad, pero mayor cuidado en el logro de objetivos y resultados. La idea de que las universidades sean gobernadas por consejos directivos con miembros externos a la institución (en muchos casos en mayoría) ya es ley nacional en sistemas de educación superior con tradiciones tan diversas como Suecia, Holanda, Reino Unido, República Checa, Irlanda, Australia, Estados Unidos, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, Tanzania, Italia y Eslovaquia. Debe destacarse que las reformas se han hecho en todos los casos descritos para expandir la autonomía de las universidades. Entendemos que el principio de autorregulación académica de los profesores, de participación democrática que da derechos políticos a estudiantes y funcionarios, de continuidad en la gestión, y el cuidado de la eficiencia y la responsabilidad en el uso de recursos públicos no se excluyen unos a otros, sino que deben operar en equilibrio.

Las propuestas de cambios que sugerimos que sean considerados incluyen los siguientes aspectos:

  • Establecer un modelo de cogobierno y autonomía apropiado para el cumplimiento de los fines y cometidos establecidos en la ley de creación de la Universidad Tecnológica (Ley 19.043).

  • Diferenciar claramente los ámbitos de decisión política, académica y de gestión, en un diseño institucional multicampus desconcentrado.

  • Asegurar un vínculo fluido, estable y transparente de la Universidad con la sociedad civil y con el Estado.

  • Involucrar a profesionales de reconocida trayectoria provenientes del mundo del trabajo, empresarial y estatal en la conducción política de la Universidad.

  • Involucrar actores del sector productivo, social, comunitario y de los gobiernos departamentales, en la orientación y control de los lineamientos estratégicos de los Institutos Tecnológicos Regionales.

Estas propuestas de cambios alcanzan a los órganos de conducción política y académica de la Utec. El modelo de gestión se orientará por los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas y calidad, tal como establece el artículo 13 de la ley de creación de Utec. El CDC tiene autonomía para establecer el modelo de gestión de la Utec, para cumplir con los principios recién mencionados.

Pablo Chilibroste es consejero de Utec.

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