La exhumación de los restos del dictador Francisco Franco sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español. A pesar de los múltiples obstáculos con los que ya se encontró, el Ejecutivo reafirmó su voluntad de seguir adelante con la medida.

El último de esos obstáculos fue la negativa de Santiago Cantera, el prior del Valle de los Caídos –el enorme conjunto monumental en el que se incluye una basílica y que está ubicado en las afueras de Madrid–, en el que se encuentran los restos de Franco, a permitir el acceso al lugar a aquellos que pretendieran mover los restos del dictador, de acuerdo a lo que le comunicó el religioso al gobierno español.

Según informó el diario madrileño El País, Cantera argumenta que falta el consenso de la familia Franco y que el asunto está todavía pendiente de pleitos judiciales.

El gobierno manifestó que ya conocía la situación y consideró que era de esperar que Carrera adoptara una actitud de este tipo debido a su posición ideológica. Según se informó desde el Ejecutivo, el ahora religioso de la comunidad benedictina fue candidato en las elecciones españolas de 1993 y en las europeas de 1994 por el partido ultraderechista Falange Española Independiente.

Si bien la iniciativa de trasladar los restos ya lleva seis meses de retraso en relación con los plazos que habían sido definidos inicialmente, el gobierno seguirá adelante con la medida. Para evitar otro impedimento en la exhumación, el Ejecutivo de Sánchez se dirigirá a los superiores del prior del Valle de los Caídos; ellos son los que tienen “autoridad” para tramitar este proceso, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, citada por medios españoles.

“La posición obstruccionista del prior Santiago Cantera no impedirá que el proceso siga su curso, pero evidentemente hará que la opinión pública pueda llegar a considerar que la iglesia española avala la negativa del prior y la negativa de la propia familia Franco”, señaló la Moncloa en un comunicado en el que agregó que el Ejecutivo “mantiene su decisión de seguir adelante con el proceso de exhumación, respetando cada una de las garantías a las que tiene derecho la familia Franco por ley”.