Según los datos disponibles en la página web del Parlamento sobre los pedidos de informe de legisladores, en el actual período los organismos que dependen del Poder Ejecutivo contestaron 2.128 pedidos de un total de 3.227, lo que representa 65% de respuesta. La cifra es 1% menor que lo respondido durante el período de gobierno de José Mujica (2010-2015), aunque el total de pedidos de aquel período fue menor (2.519). A su vez, la proporción de respuestas brindadas por el actual gobierno del presidente Tabaré Vázquez es mayor que la de su primer período (2005-2010), en el que se contestaron 1.639 de 2.558, es decir 64%. Así las cosas, el porcentaje de respuestas a los pedidos de informe durante los gobiernos de Frente Amplio (FA) es superior al del gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), aunque los pedidos de aquel período fueron muchos más: 4.651, y fueron contestados 2.064 (47%).

La Ley 17.673, de 2003, es la que regula los pedidos de informe formulados por legisladores. El primer artículo establece que tanto los ministros de Estado como la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral y otros organismos “dispondrán de un plazo de 45 días hábiles para remitir los datos e informes solicitados por los legisladores conforme a las facultades que les otorgan dichos artículos”. Además, el segundo artículo dictamina que “si por la complejidad de la información solicitada” no fuera posible remitirla en el plazo referido en el artículo primero, antes de su vencimiento “se deberá enviar al Presidente de la Cámara que corresponda, con destino al legislador solicitante, informe circunstanciado sobre las causas que impiden la remisión en plazo”. En este caso, el organismo requerido dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para dar cumplimiento al pedido.

En el actual período, la mayoría de los pedidos fueron cursados desde la Cámara de Representantes por diputados de la oposición. El organismo que recibió más pedidos fue el Ministerio de Salud Pública: 392, de los que se contestaron 348. Entre los pedidos que esperan respuesta y todavía están dentro de los plazos legales hay uno del diputado blanco Alejo Umpiérrez, que el 17 de diciembre pidió un informe sobre el ingreso al país de médicos cubanos desde 2005, y otro de la representante colorada Nibia Reisch, del 12 de diciembre, sobre el derrame de petróleo en el balneario José Ignacio.

Por otro lado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue el que menos pedidos de informe de diputados contestó en el actual período. Esa cartera recibió 206 pedidos de la cámara baja y sólo contestó 29. Como a veces sucede, los últimos dos pedidos tienen relación con un tema de agenda: los daños del puente giratorio de Carmelo causados por barcos abandonados. Reisch hizo un pedido específicamente por los daños de ese accidente, y el también colorado Walter Verri realizó otro más general, sobre las “medidas adoptadas” por la Administración Nacional de Puertos para las “embarcaciones abandonadas”. Estos pedidos todavía están dentro de los plazos legales de respuesta; en cambio no así el que hizo Carmelo Vidalín en febrero de 2015 sobre las empresas concesionarias para la limpieza de fajas de rutas nacionales, que es el primer pedido sin respuesta del actual período que consigna la web del Parlamento. Consultado por la diaria sobre el alto porcentaje de pedidos sin respuesta, el ministro Víctor Rossi se limitó a contestar que “seguramente algunos están en trámite, porque a los funcionarios les lleva trabajo y tiempo responderlos bien”.

Para cambiar

En julio de 2017 el senador del Partido Independiente Pablo Mieres presentó un proyecto de ley que modificaba el plazo de días hábiles para remitir los datos e informes solicitados por los legisladores: de 45 lo reducía a 20. En la exposición de motivos, Mieres señalaba que con el proyecto de modificación los plazos se equiparan con los que la administración da para responder a las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por los ciudadanos. “Así se evita un trato diferencial en perjuicio de los legisladores ya que, aunque parezca curioso, todo ciudadano cuenta hoy en día con mayores instrumentos legislativos para obtener información por parte de los organismos públicos que los instrumentos con los que cuenta un legislador”, señalaba Mieres. De todas formas, en mayo de 2018 la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores postergó el tratamiento del proyecto.

Los números de Gandini

El diputado blanco Jorge Gandini asumió la presidencia de la Cámara de Representantes el 1º de marzo de 2018. Según un informe de prensa de esta cámara, desde que asumió el cargo se aprobaron 146 proyectos –de los que 130 ya se convirtieron en ley–. Sólo en diciembre se votaron 28 proyectos de ley –mucho más que en noviembre, cuando apenas se aprobaron seis–, y hubo 31 sesiones de comisiones permanentes y 16 de comisiones especiales.