“Aquí estoy, listo, de pie, para democráticamente llevar las riendas de nuestra patria hacia un mejor destino”, dijo ayer Nicolás Maduro minutos después de asumir un nuevo mandato como presidente, hasta 2025. “Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con la Constitución, con la democracia y con nuestro pueblo”, agregó, en una ceremonia a la que asistieron apenas seis jefes de Estado, incluidos Evo Morales, de Bolivia, Daniel Ortega, de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, y Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador.

Maduro, que gobierna desde 2013, ganó las elecciones de mayo con 70% de los votos. Sin embargo, la legitimidad de su reelección es cuestionada por gobiernos y organismos internacionales que consideran que el proceso electoral fue “fraudulento” y “antidemocrático”, ya que los principales dirigentes opositores no pudieron participar.

En esa misma línea, países de la región aseguraron ayer que no reconocerán el nuevo mandato de Maduro y que percibirán como único órgano democrático de Venezuela a la Asamblea Nacional, el parlamento de mayoría opositora. Algunos gobiernos incluso anunciaron sanciones contra ese país. La mayoría tomó estas medidas en adhesión a una declaración que los países del Grupo de Lima –excepto México– difundieron la semana pasada.

El primero en reaccionar después de la asunción de Maduro fue el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, que además de no reconocer al nuevo gobierno anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la embajada en Caracas. Todo esto, dijo, por respeto “a la institucionalidad y a los valores democráticos”.

Otro gobernante que desconoció el segundo mandato de Maduro fue el colombiano Iván Duque, quien además hizo un llamado a la comunidad internacional a “cercar diplomáticamente la dictadura” de Venezuela y “restablecer la democracia”. En una línea similar se manifestó su par chileno, Sebastián Piñera, que pidió el apoyo “del sistema multilateral”, y especialmente el del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para “abordar” la crisis que atraviesa Venezuela.

Por su parte, el gobierno argentino suspendió el acuerdo de exención de visas para pasaportes diplomáticos y oficiales, y prohibió la entrada al país de “integrantes de alto nivel del régimen venezolano”. La cancillería argentina también anunció que la Unidad de Información Financiera emitirá una alerta al sector financiero y bancario sobre los riesgos de realizar operaciones con empresas públicas venezolanas, y canceló las negociaciones comerciales así como “los mecanismos de diálogo político”.

Un rato antes de esos anuncios, en su cuenta de Twitter, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, volvió a afirmar que Venezuela vive “bajo una dictadura”, y que si bien Maduro se presenta como “el presidente perseguido”, él no es la “víctima” sino el “victimario”.

Perú, en tanto, llamó a consultas a Lima a la encargada de negocios de la embajada en Venezuela, Rosa Álvarez, después de que comenzara el “ilegítimo período presidencial” de Maduro. Al mismo tiempo, la cancillería peruana confirmó en un comunicado la decisión de impedirle el ingreso a Perú a Maduro y un centenar de miembros de su administración. En consonancia con la declaración del Grupo de Lima, el gobierno también coordinó una serie de medidas económico-financieras.

Brasil no anunció sanciones o medidas diplomáticas, pero declaró “ilegítimo” el nuevo mandato de Maduro y reafirmó su “pleno apoyo” al Parlamento, al cual le atribuyó “en este momento” la “autoridad ejecutiva” en el país.

La Organización de los Estados Americanos también manifestó su posición de “no reconocer la legitimidad” de Maduro y llamó a que se celebren nuevas elecciones “en una fecha cercana” y con la habilitación de observadores internacionales.

Fuera de América Latina, el gobierno de Estados Unidos anunció que no sólo desconocerá la “toma de posesión ilegítima de la dictadura” venezolana, sino que también incrementará su presión sobre ese “régimen corrupto”, según dijo John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en Twitter. Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, lamentó que Maduro haya sido investido después de hacer “caso omiso” al llamado a celebrar elecciones democráticas, y opinó que eso aleja al país de “una solución constitucional negociada”.

Frente a las críticas, ayer el presidente venezolano denunció haber sido víctima de “ataques brutales de una derecha extremista y fascista” desde dentro y fuera de Venezuela que, insistió, lleva adelante una “campaña diaria” contra “la revolución bolivariana”.