José Aldemar Rojas condujo una camioneta con 80 kilos de explosivos hasta la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, donde se forman oficiales de la Policía de Colombia y de países cercanos. Dentro del complejo, la carga de pentolita que llevaba fue detonada y la explosión dejó 68 heridos y 21 muertos, entre ellos el propio Rojas.
“Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción. No nos doblegarán”, dijo el presidente colombiano, Iván Duque, en el lugar del atentado. Más tarde, el fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, informó que se había identificado a Rojas como la persona que conducía la camioneta. “Hemos logrado establecer la autoría material de este execrable crimen, de este acto terrorista”, dijo. Todavía se desconoce, en cambio, si Rojas, de 54 años, actuó en nombre de una organización armada.
El ataque ocurre en momentos en que la violencia de grupos armados continúa en Colombia pese a la implementación del acuerdo de paz por parte del Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Siguen en actividad disidentes de esa guerrilla, así como grupos paramilitares, las llamadas “bacrim” o bandas criminales y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El último atentado cometido en Bogotá, en el que tres personas murieron por la detonación de explosivos en el baño de mujeres del Centro Comercial Andino el 17 de junio de 2017, fue atribuido al Movimiento Revolucionario del Pueblo, que se define como una guerrilla urbana. Ayer ninguna organización armada reivindicó el ataque a la escuela de cadetes, ni el gobierno identificó a un grupo como responsable.
Al igual que decenas de países y varias organizaciones internacionales, el partido político fundado por las FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, repudió el ataque y llamó a “todos los sectores del país a persistir en la construcción de un pacto nacional que saque la violencia y las armas del ejercicio de la política”.