Más de un millón de personas en el centro de Santiago

Para poder entender por qué miles de personas, principalmente jóvenes, protestan en las calles de Chile desde el 6 de octubre basta con escuchar una breve conversación telefónica entre la primera dama del país, Cecilia Morel, y una amiga. “Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento [...] intentaron quemar un hospital y tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”, dijo la esposa del presidente Sebastián Piñera.

Se trata de un audio de Whatsapp, de menos de un minuto de duración, que fue filtrado en la tarde del domingo. Más tarde, el martes, Morel lamentó en Twitter su “desacierto” y dijo que al sentirse “sobrepasada por las circunstancias hizo que su estado de ánimo personal pareciera el de un estado general de gobierno”. En esa misma red social añadió que Chile no está para más divisiones e instó a que todos los actores de la sociedad trabajen por “disminuir la desigualdad y ser más humildes”.

Pero lejos de calmar los ánimos, las palabras de la primera dama sólo generaron polémica y añadieron más leña al fuego. Porque no se trata de un simple desacierto, ni de una invasión alienígena, como indicó Morel, sino de una auténtica desconexión entre las élites políticas y empresariales chilenas y el resto de la población, los sectores populares.

Si bien la mecha se prendió después de que el gobierno de Sebastián Piñera decidiera subir 30 pesos las tarifas del metro de Santiago, en realidad la crisis social que tiene a varias ciudades chilenas en estado de emergencia y con toque de queda se debe una acumulación de problemas, “de situaciones muy injustas derivadas del modelo neoliberal de los últimos 30 años”, explica a la diaria la socióloga y dirigente feminista Claudia Dides.

Las intensas protestas, duramente reprimidas por las fuerzas militares, han dejado 18 muertos, más de 500 heridos, más de 2.400 detenidos, mujeres abusadas sexualmente, además de saqueos, incendios, pérdidas millonarias y enfrentamientos entre policías y manifestantes.

El miércoles y jueves fueron jornadas de huelga general y, de momento, las movilizaciones continúan. La crisis es de tal magnitud que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, anunció que enviará una “misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos” en el país.

De poco sirvió que en la noche del martes el propio Piñera se dirigiera a la nación ‒citando a Mario Benedetti‒ para pedir perdón a sus compatriotas por su “falta de visión” para reconocer que los problemas de “inequidad y abuso” se estaban acumulando, o que incluso admitiera que ni su gobierno ni los anteriores estuvieron a la altura de las circunstancias.

El mandatario, además, propuso un paquete de medidas que incluye aumentar 20% las jubilaciones básicas (unos 28 dólares), incrementar el salario mínimo, mejoras en materia de salud y un aumento de los impuestos a quienes más ganan. Sin embargo, Piñera decidió mantener al Ejército en las calles.

Una parte importante de la ciudadanía chilena considera que esas medidas son insuficientes y sigue reclamando que los militares se retiren.

“En general hay una resistencia a las medidas que anunció Piñera porque formaron parte de su programa (electoral) y, por tanto, no tienen nada que ver con las peticiones que se están haciendo hoy. Las medidas son insuficientes para los cambios que está pidiendo Chile, son migajas”, sentencia Dides.

La activista, que critica la ausencia de conducción política por parte del gobierno y la división de los partidos de centroizquierda, asegura que uno de los grande errores de Piñera es que “no sacó a nadie de su gabinete, no hay responsables políticos en esto”.

Esos reclamos del pueblo chileno a los que hace referencia Dides incluyen un aumento de presupuesto en la salud y educación públicas, y un “cambio total” en las pensiones, que funcionan bajo un sistema privado heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que reporta jubilaciones muy bajas a los trabajadores cuando se retiran. Es más, en Chile hay un elevado número de jubilados que se ve obligado a incorporarse al mercado laboral debido al bajo nivel de sus pensiones, ya que el promedio de lo que reciben se sitúa en los 290 dólares. También son muchas las familias que se endeudan para poder pagar la educación de sus hijos, y también lo hacen los propios estudiantes.

Otro de los reclamos de la ciudadanía es la nacionalización del agua y otros recursos naturales como el cobre y el litio, además de una nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente. De hecho, si hay algo que en estos días ha despertado una esperanza de cambio en el país es que numerosas organizaciones sociales se han reunido para reclamar un nuevo pacto social con una Constitución que reemplace a la actual, redactada en 1980, en plena dictadura. Entre esas organizaciones se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores, la Coordinadora No+AFP, la Cumbre de los Pueblos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, a las que se suman artistas y otras figuras públicas.

“Estamos viviendo un momento bien complejo porque es tiempo de un nuevo pacto social en Chile y estamos discutiendo cómo lo vamos a hacer. No hay una fórmula, pero la gente no se ha ido a sus casas, se está organizando, está discutiendo. Más allá de la violencia y el vandalismo, también hay muchas asambleas. Nos hemos vuelto a reorganizar como hicimos 30 años atrás en el período de la dictadura militar”, explica Dides, que forma parte de ese colectivo de organizaciones sociales que exige cambios.

Chile, añade, necesita una nueva Carta Magna legitimada por su pueblo, elaborada con las organizaciones sociales y partidos políticos mediante una Asamblea Constituyente, “que tenga que ver con la realidad del país y donde se reconozcan los derechos básicos”, sostiene la activista.

Desde hace tiempo la reforma tributaria, la de las pasividades y la de salud permanecían atascadas en el Parlamento, y ahora estas organizaciones sociales han pedido que no se lleve a cabo ninguna votación, “que se paralice todo”, porque consideran que se necesitan proyectos de ley que efectivamente sean capaces de dar cuenta de la realidad que atraviesa el país y que se ha puesto en evidencia con este estallido social.

Asimismo, recuerdan que si el gobierno realmente quiere empezar a negociar para terminar con esta grave crisis, el requisito indispensable es que los militares salgan de las calles.