El “toque de queda” fue decretado por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, cuando arreciaban las protestas en la capital, puso en jaque la posibilidad del diálogo que enunció el movimiento indígena para buscar soluciones a la crisis social desatada por unos ajustes económicos del régimen, informó la agencia Efe.

El mandatario aseguró que su decisión de aplicar un “toque de queda” buscaba “restablecer el orden en todo el país”, especialmente en Quito, que desde hace diez días se ha convertido en el principal escenario de manifestaciones contra la subida del precio de los combustibles, parte de un plan crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias” para restablecer el orden, aseguró Moreno en un mensaje televisado al país, en el que también felicitó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) por haber aceptado su invitación a dialogar.

En la tarde los principales choques estaban teniendo lugar, como en días anteriores, en el parque del Arbolito y en lugares cercanos al Parlamento y otras instituciones nacionales.

En el parque, situado sobre la Avenida 6 de Diciembre, se dieron cita miles de indígenas que repatieron comida y bebida entre los manifestantes. También, ofrecían ayuda a cualquiera que lo necesitara y proveían de materiales a las líneas más adelantadas y combativas, a las que se sumaron seguidores de sindicatos y otros grupos de oposición.

La actuación policial ha quedado muy en entredicho desde que comenzaron los disturbios hace diez días, en reacción a la decisión del presidente, Lenín Moreno, de eliminar el subsidio a los combustibles.

Una medida que afecta particularmente a los campesinos, que dependen del diesel para operar todo tipo de maquinaria agrícola.

La Policía ha empleado masivamente medios antidisturbios para aplacar las protestas y frenar el avance de los manifestantes hasta los organismos de gobierno que querían tomar, entre ellos, la Asamblea y el Palacio de Gobierno, desde hace días completamente blindados por efectivos de seguridad.

En la ola de disturbios han muerto entre cuatro y cinco personas y se han registrado unos 850 heridos, según las distintas fuentes.