En Brasil hay una gran polémica en torno a un proyecto de ley enviado la semana pasada al Parlamento que minimiza y en algunos casos exime totalmente de responsabilidades penales a militares y policías que actúen en el marco de las denominadas operaciones de garantía de la ley y el orden (GLO).
Las GLO son operaciones de seguridad autorizadas por el Poder Ejecutivo que pueden durar meses. Según consignó Folha de São Paulo, estas acciones incluyen la participación de agentes de seguridad civiles y militares, como las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.
Según afirmaron varios especialistas en seguridad pública, el proyecto del mandatario ultraderechista es, de hecho, una preparación legal para una escalada represiva a gran escala si se dieran protestas sociales como las que se registraron durante las últimas semanas en Chile, Bolivia y Colombia.
De acuerdo a lo que manifestó Alberto Kopittke, director del Instituto Ciudad Segura, entidad que forma parte del Foro Brasileño de Seguridad Pública, “si esa ley es aprobada y ocurre una ola de manifestaciones contra el presidente, las Fuerzas Armadas están autorizadas a matar a sus oponentes”. En declaraciones a la revista Fórum, Kopittke afirmó: “Si piensas en instrumentos de excepción en el uso de las fuerzas, esta ley es una forma de estructura. Los actos institucionales [de la dictadura] fueron empleados para formalizar acciones ilegales. El proyecto es una preparación, que puede ser empleada o no”.
En una línea similar se expresó el profesor Rafael Alcadipani, investigador de la fundación Getúlio Vargas. Acerca del proyecto de ley, el catedrático dijo que “es un caballo de Troya para reprimir manifestaciones violentas, incluso utilizando al Ejército como agente de intimidación de la población. Este proyecto en este momento es muy peligroso”.
Ayer Bolsonaro no sólo reafirmó que espera que el proyecto sea aprobado, sino que también anunció su intención de que pueda existir un instrumento como las GLO para emplear en las zonas rurales, con la finalidad de poder restablecer el derecho a la propiedad cuando los campos sean ocupados.
Dejando clara su postura mediante un mensaje escrito en su cuenta de Twitter, Bolsonaro afirmó: “Cuando un gobernador solicita una GLO es porque él no puede mantener el orden por sus propios medios. La tropa de las operaciones GLO no están hechas para hacer relaciones públicas, sino que se van a imponer, conteniendo acciones terroristas, depredación de bienes, quema de ómnibus, para evitar que mueran inocentes, etcétera”.
Actualmente es responsabilidad de las gestiones estaduales poner en acción a las fuerzas de seguridad para hacer cumplir las decisiones judiciales en la devolución de las tierras a sus dueños, en el caso de ocupación de predios rurales. Pero para Bolsonaro hay gobernadores que sistemáticamente postergan la retirada de las ocupantes.
“Cuando los marginales invaden propiedades rurales y el juez determina la reintegración del bien a sus dueños, es casi una regla que los gobernadores posterguen esta decisión. Con nuestro proyecto podría haber un GLO rural que podría ir a retirar a esos tipos”, afirmó el mandatario durante un contacto con los medios a la salida del Palacio de la Alvorada, la residencial presidencial ubicada en Brasilia.
Bolsonaro agregó: “Quiero dejar bien claro que este tema pasa por el Parlamento. No estoy imponiendo nada. Si el Parlamento encuentra que así se debe actuar para proteger la propiedad privada, lo aprueba, pero si le parece que la propiedad no vale nada, entonces no lo aprobará”.