El abogado uruguayo Pablo Correa, que representó al Partido Nacional (PN) en el caso ANCAP hasta setiembre de 2017, fue procesado sin prisión por la Justicia argentina luego de constatar su participación en maniobras fraudulentas orquestadas por la constructora brasileña Odebrecht. La empresa uruguaya Sabrimol, liderada por el argentino Jorge Corcho Rodríguez, fue utilizada para recibir dinero de Odebrecht, destinado a pagarles sobornos a funcionarios del gobierno de Argentina, a fin de que le adjudicaran la construcción de una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas para Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), informó ayer Clarín. El juez Sebastián Casanello, que llevó adelante la investigación, dispuso un embargo de bienes y efectivo que sumen 511.000.000 de pesos argentinos (unos 13 millones de dólares) al abogado uruguayo, por entender que participó en el armado de la ingeniería financiera y contable para que se concretara el pago de cuantiosas coimas, según consta en el fallo que publicó ayer, en su cuenta de Twitter, la periodista uruguaya Viviana Ruggiero.
El diputado nacionalista Pablo Abdala, integrante del directorio del PN, dijo a la diaria que en ese partido hubo disconformidad con la actuación de Correa en el caso de ANCAP, y posteriormente por el “tono ofensivo” que empleó en una carta para desistir de cualquier tipo de asesoramiento legal ulterior a los blancos. “Su actuación como abogado no fue satisfactoria por algunas actitudes que adoptó en distintas etapas del proceso. Hubo fuertes discusiones con los abogados de [Raúl] Sendic, hasta invitaciones a pelear afuera, que incluso molestaron a la propia jueza. Eso desde el PN lo vimos muy mal”, resaltó. A partir de eso, el abogado se apartó del partido y mandó una carta “renunciando a todo patrocinio en materia judicial”, contó Abdala, y añadió: “Después no tuvimos más noticias. Tendríamos que determinar si mantiene alguna vinculación de carácter formal con el partido y luego evaluar el caso. En los hechos y en la práctica, él está totalmente apartado del PN, y nosotros de él”.
Varios funcionarios argentinos habían sido procesados por este caso, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio de Vido, José López, Roberto Baratta y los ex directores de AYSA Carlos Ben y Raúl Biancuzzo. Ahora fueron procesados los empresarios Carlos Wagner, Aldo Raggio, Tito Biagini y el ya mencionado Jorge Rodríguez, informó ayer Clarín. Según ese diario argentino, el juez Casanello encontró que los uruguayos que integraban la empresa Sabrimol –el abogado Correa, su colega Carlos Dentone y el escribano Martín Molinolo– fueron actores secundarios en el proceso, ya que generaron las condiciones necesarias para que el movimiento fraudulento de dinero se pudiera realizar.
A su vez, el diario argentino La Nación informó que Casanello también se refirió a otra planta potabilizadora en Berazategui, otorgada a las firmas Camargo Correa y Esuco, y sostuvo que “se verificaron situaciones indicadoras de un acuerdo espurio que maximizó indebidamente las ganancias de los empresarios”. Sobre el caso de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas, el juez de la causa afirmó que el “comportamiento infiel” por parte de los funcionarios argentinos también se explica por la celebración de un “acuerdo espurio que precedió a la publicación de los procesos de licitación y que se mantuvo en el tiempo”. Y agregó que “ese acuerdo tuvo como contrapartida, conforme a lo que se ha podido demostrar en esta etapa preliminar, la entrega de sobornos”, informó La Nación.
Correa negó en diálogo con la diaria, el 3 de mayo del año pasado, haber participado en el armado de la estrategia para pagar sobornos, e incluso en los acuerdos entre funcionarios argentinos y la empresa uruguaya Sabrimol. “Nunca fui beneficiario final. Lo único que puedo decir es que hice un trabajo profesional de cierre de una empresa. Mi actividad duró tres meses, y nunca en ese período la empresa tuvo actividad financiera. Era director a los efectos del cierre de la empresa, nada más”, expresó en esa oportunidad.
El abogado uruguayo señaló, a la hora de determinar responsabilidades en los ilícitos, a los otros dos compatriotas involucrados en Sabrimol, Dentone y Molinolo. Según dijo en aquel momento a la diaria, ambos habían sido denunciados penalmente por faltantes de dinero en otras dos empresas de argentinos y por eso dejaron de integrar el directorio de Sabrimol. En todo caso, Correa reiteró que su participación en la empresa tuvo como finalidad solamente “cerrar esa sociedad”, y destacó que él mismo había sido “el abogado denunciante de los temas de mala administración” anteriores.