El secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Juan Castillo, se reunió el viernes con el canciller Rodolfo Nin Novoa para expresarle el descontento de su partido con la adhesión de Uruguay a la resolución del Grupo de Contacto Internacional (ICG, por sus sigla en inglés) ante la situación de Venezuela. El dirigente afirmó que pedir elecciones en ese país puede interpretarse como una “injerencia en sus asuntos” y que no respeta la decisión del pueblo, informó Radio Uruguay. La secretaria general del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Virginia Cardozo, acompañó las declaraciones de Castillo y comentó a la diaria que su partido pedirá a la cancillería que explique “qué motivó el cambio de postura” del país.

Ese mismo día, el Comité Ejecutivo del PCU emitió un comunicado “ante el agravamiento de la situación, los ataques y el bloqueo a la Revolución Bolivariana”, en el que reitera su apoyo al Mecanismo de Montevideo y expresa su desacuerdo con la firma de Uruguay en la resolución del ICG. El PCU señala que en ese documento, firmado el jueves en la Torre Ejecutiva, “se excluye toda referencia al respeto de la autodeterminación y de la no intervención”. “Además este grupo está integrado por países que han reconocido ya al autoproclamado [Juan] Guaidó” como presidente de Venezuela, añade el comunicado. “Al igual que lo hiciera el movimiento sindical y popular, en la movilización y acto de la noche del 7 de febrero, llamamos a multiplicar la solidaridad, la lucha por la Paz, el repudio a cualquier intervención extranjera y reivindicamos el derecho irrenunciable del pueblo venezolano para decidir su destino”, concluye el texto.

En diálogo con Subrayado, Castillo señaló que no están de acuerdo con el planteo de la ICG de pedir elecciones en Venezuela, porque “elecciones ya hubo”, y que el grupo internacional desconoce la elección del pueblo venezolano. “A ningún país del mundo le compete lo que elige un pueblo, que es el soberano”, sostuvo. Añadió: “Nos adherimos más al Mecanismo de Montevideo, que en todo caso es solidario y se expresa abiertamente para buscar mecanismos de salida por la vía pacífica”. Según dijo, el canciller entendió la posición del PCU y explicó a los dirigentes comunistas que “las correlaciones de fuerza son distintas” y, en esos casos, se plantea una serie de “dificultades al negociar con países con posturas distintas” e incluso “culturas totalmente diferentes, como la del pueblo europeo”. “Solamente los latinos entendemos lo que significa defender la paz y la no intrusión en asuntos internos. Esto es lo que vamos a seguir defendiendo”, agregó.

Por su parte, Cardozo señaló a la diaria que la resolución del ICG contiene elementos que “no favorecen al diálogo” y que “de alguna forma deja la neutralidad” en la “confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición”, al pedir “elecciones presidenciales y reconocer a la Asamblea Nacional y el rol que viene llevando”. Además, para Cardozo la ayuda humanitaria que el grupo internacional debería solicitar es “que saquen las sanciones económicas sobre el país y que habiliten los miles de millones de dólares venezolanos que tienen para que el país retome la economía”. “Hay un discurso que no es bueno”, sostuvo. Según explicó, su partido solicitó a la Mesa Política del Frente Amplio que la cancillería explique “qué motivó el cambio de postura”, que, a su entender, se separa de la lógica “en la que sentimos que el país venía encarando el tema”.

Al igual que el PCU, el PVP defiende el Mecanismo de Montevideo, porque “es una propuesta que ayuda al diálogo y al acercamiento sin poner condicionamientos previos” y “genera un clima mejor para avanzar en la resolución del conflicto”, explicó Cardozo. Según la dirigente, los matices con la declaración del PCU es que el PVP “no rechaza abiertamente lo hecho por el gobierno, pero pide que se explique el cambio de postura”, ya que “lo que pasó el jueves no representa lo conversado con anterioridad” en la interna de la fuerza política.

A su vez, Saúl Aristimuño, diputado de la lista 711 del Frente Amplio, comentó a la diaria que orgánicamente su sector no tomó una postura respecto de la firma de Uruguay en la resolución del ICG, pero sostuvo que “no está de acuerdo” con la decisión del gobierno, que apoya los planteos del Mecanismo de Montevideo, y que, “en general”, acompaña la declaración del PCU y su planteo de que en Venezuela hubo elecciones legítimas.

"Miserable"

En tanto, el director ejecutivo de la División Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, cuestionó que el canciller Rodolfo Nin Novoa haya exigido que se retirara la exigencia de liberar presos políticos en Venezuela de la declaración final del ICG, tal como dijo Nin Novoa el viernes, en una entrevista con el programa En Perspectiva, de Radiomundo. “Su canciller reconoce que Uruguay pidió que el Grupo de Contacto RETIRARA una petición para que la dictadura libere a presos políticos. Lo siento, pero no hay una expresión que caracterice mejor la posición de Uruguay frente a Venezula: miserable”, escribió Vivanco en la red social Twitter.