La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes se reunió ayer para abordar el proyecto de Ley de organización del sistema penitenciario. No obstante, la votación se postergó por solicitud de los legisladores frenteamplistas para revisar algunas definiciones, explicaron a la diaria el diputado del Partido Nacional (PN) y presidente de la Comisión, Pablo Abdala, y el vicepresidente de ese cuerpo, Javier Umpiérrez.

Abdala comentó a la diaria que su partido está pronto para avanzar sobre la ley, pero que no se votó ningún aspecto del proyecto porque los legisladores del Frente Amplio (FA) plantearon “que estaban un poco verdes en relación a algunas definiciones”, y propusieron presentar “alternativas” ante la comisión. Umpiérrez sostuvo a la diaria que, si bien entre los frenteamplistas “no se ha planteado ninguna disconformidad con el proyecto”, sí “hay visiones encontradas en cuanto a la organización de algunos organismos y artículos”, por lo que se dispuso trabajar “el marco de definiciones” durante febrero para luego tratar el proyecto con “celeridad”. Ambos señalaron que esperan iniciar la votación cuanto antes.

El diputado nacionalista resaltó que existe acuerdo en lo “principal” de la propuesta, que es “la importancia de que la administración carcelaria esté a cargo de un organismo con más autonomía”. “Es necesario que el Instituto Nacional de Rehabilitación [INR] tenga personería jurídica propia, que tenga capacidad para contratar directamente, que pueda celebrar convenios con distintas instituciones sin necesidad de pedir autorización. Esos son los beneficios de esta reforma institucional”, dijo el representante. Sin embargo, se mantienen las discrepancias respecto de bajo cuál ministerio debería funcionar el instituto, que para Abdala es un “tema accesorio”.

Los frenteamplistas coinciden con el Poder Ejecutivo (PE) en que el INR se vincule con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), porque “las tareas de reinserción social, reeducar y mejorar las condiciones en que va a volver una persona a la sociedad” le “pertenecen” a ese ministerio, dijo Umpiérrez. A su vez, sostuvo que el MEC “va a elaborar mejores políticas que el Ministerio del Interior [MI], que tiene otra mirada”. “Este paso siguiente es fundamental”, enfatizó.

En cambio, Abdala manifestó que para el PN “es muy ambicioso dar ese paso largo” por la “situación delicada del sistema carcelario”. “Entiendo el sentido de que se vincule con el MEC por aquello de que las cárceles deben servir para reeducar a los presos, pero creo que no estamos preparados”, manifestó. El diputado nacionalista apuntó que no se trata de “una cuestión ideológica” sino de “una razón política”, y que para el PN lo “razonable” es que se mantenga la vinculación con el MI.

Sobre cómo abordar la votación del proyecto, el diputado nacionalista señaló que, debido a su complejidad, prefiere desglosarlo y votar como leyes individuales por un lado los aspectos orgánicos, luego los referidos a derechos humanos y por último la legislación sobre el trabajo de funcionarios penitenciarios. La idea del FA es la contraria: el oficialismo pretende votarlo como una ley única. Según Umpiérrez, es posible incluir “todo lo que concierne a las políticas del marco institucional y de rehabilitación del INR” en una sola propuesta, aunque añadió que “tampoco se va la vida si hay que dividirlo”.

El proyecto fue remitido por el PE al Parlamento en julio de 2018 y plantea “actualizar y unificar el sistema, tanto en lo referente a las actividades psicosocioeducativas como a la seguridad”, bajo la dirección del INR. Para eso, plantea el proceso de descentralización del instituto y su vinculación con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), “las normas básicas del personal penitenciario” y “la aplicación y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional en derechos, obligaciones, beneficios, principios, objetivos, etcétera, todo en relación a la persona privada de libertad”.