El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, anunció ayer en una rueda de prensa que la Dirección Nacional de Medio Ambiente aprobó el martes la habilitación ambiental para la construcción del Ferrocarril Central. La autorización del organismo dio luz verde al ministerio para “abrir una nueva fase” y comenzar con los “trabajos preparatorios” para el desarrollo del proyecto, explicó Rossi.

En ese marco, el ministerio lleva adelante las expropiaciones de terrenos por donde pasará la vía y, según dijo Rossi, “están muy avanzadas”. De un total de 651, unos 80 son predios que pertenecen al gobierno nacional o a intendencias. Además, el Poder Ejecutivo ya tiene más de 400 permisos acordados con vecinos para utilizar los predios. “Solamente hay 30 expedientes, de un total de 651, que han recurrido al trámite judicial” ante la expropiación, acotó.

En esos 30 casos hay una parte por “disconformidad de los vecinos”, pero también procesos para confirmar documentación, porque “hay muchos que no tienen certificación del título de propiedad, y eso es necesario para recibir la compensación de la expropiación”, señaló el ministro. “El hecho de que haya 400 autorizaciones acordadas y sólo 30 en proceso judicial habla de que es un proceso que marcha con mucha agilidad y con una colaboración positiva de los vecinos”, comentó. También aseguró que “el proceso se desarrolla con absoluta normalidad” y que, si bien es posible que haya personas que quieran una “mayor compensación”, existe un “altísimo porcentaje de acuerdo” entre los vecinos y el gobierno.

Ayer, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) presentó un recurso de anulación de la resolución ministerial aprobada la semana pasada, en la que el Poder Ejecutivo declaró de “interés nacional y urgente ejecución” las obras del proyecto ferroviario. Víctor Bacchetta, integrante del Movus, dijo a la diaria que la autorización ambiental hace referencia a la resolución ministerial, pero el movimiento considera que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para tomar esa decisión. “El único lugar donde hay una referencia a esa posible declaración es la Ley de Ordenamiento Territorial (18.308). Allí se establece que el único organismo que puede tomar esa decisión, en caso de que haya un conflicto entre un proyecto nacional y una directiva departamental, es el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial, que se constituyó en 2008”. A juicio de Bacchetta, esta decisión de declarar de interés nacional y urgente ejecución las obras ferroviarias es “inconstitucional” e “ilegal”, porque “pretende pasar por encima de las autonomías departamentales”. El artículo 77 de la ley mencionada establece que las obras públicas proyectadas por cualquier organismo del Estado serán autorizadas por el gobierno departamental respectivo y que, si la “solicitud fuere denegada por ser incompatible con el instrumento de ordenamiento territorial aplicable”, el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial podrá decidir sobre la “efectiva materialización del proyecto, previa declaración de interés nacional y urgente ejecución”.

Idas y vueltas

Según explicó Rossi, se busca que el ferrocarril “sea capaz de transportar cuatro millones de toneladas netas anuales”. El ministro añadió que, según estudios realizados, si se instala la nueva planta de UPM, se prevé el traslado de dos millones de toneladas anuales netas de celulosa. Esa hipótesis implica el uso de la vía 14 veces por día como máximo (siete idas y siete vueltas), y a esto se le podrían agregar movimientos de “otras cargas”, para totalizar una frecuencia diaria de hasta 15 idas y 15 vueltas, sostuvo Rossi, y añadió que también se podrían incorporar nueve frecuencias de ida y otras tantas de vuelta para el traslado de pasajeros.