Dos días antes de que se conmemore el primer aniversario de la muerte de la edila y activista carioca Marielle Franco, las autoridades brasileñas arrestaron ayer en Río de Janeiro a dos personas sospechosas de su asesinato. La Fiscalía, que presentó la denuncia y solicitó la prisión preventiva para los dos hombres, aseguró que “es incontestable” que Franco “fue sumariamente ejecutada debido a su actuación política por las causas que defendía”.

Los sospechosos son dos funcionarios de la Policía Militar. Se trata del sargento de la reserva Ronnie Lessa y de Elcio Vieira de Queiroz, que fue expulsado de esa fuerza, aunque no estaba claro ayer si antes o después del crimen. Los dos hombres fueron arrestados en su domicilio. Uno de ellos, Lessa, se encontraba en una casa ubicada en el mismo complejo en el que tiene su residencia el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Franco –que era negra, lesbiana, feminista, defensora de los derechos humanos y militante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (Psol)– recibió cuatro disparos en la cabeza el 14 de marzo del año pasado cuando se trasladaba a su casa en Río de Janeiro después de asistir a un evento político. Murió en el acto. Su chofer, Anderson Gomes, también falleció en el atentado. De acuerdo con el documento que detalla los cargos, al que tuvo acceso el diario O Globo, Lessa habría sido el responsable de disparar contra los ocupantes del auto desde el asiento trasero de otro vehículo, conducido por Vieira de Queiroz. El diario Folha de São Paulo informó que los dos sospechosos también fueron acusados de intentar matar a una asesora de Franco, que se encontraba junto a ella y sobrevivió.

Los investigadores aseguran en el documento que el crimen fue “minuciosamente preparado durante tres meses”. Entre otras cosas, afirman que Lessa buscó en internet datos sobre la rutina de Franco y las actividades en las que participaría semanas antes del asesinato. También revelaron que, desde octubre de 2017, el policía investigaba detalles de la vida del diputado Marcelo Freixo, uno de los principales dirigentes del Psol, y del oficial del Ejército que en ese entonces ejercía como interventor en la seguridad pública de Río de Janeiro, Walter Braga Neto.

Además de la prisión preventiva, la Fiscalía solicitó a la Justicia la suspensión del pago de la pasividad de Lessa y también de su permiso para portar armas. A la vez, presentó peticiones para que los acusados, en caso de ser hallados culpables, sean obligados a pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas.

Los arrestos de ayer son los primeros resultados concretos de un caso cuya investigación ha sido duramente criticada por la familia de la edila, por el Psol y por organizaciones de defensa de los derechos humanos. Todos ellos vieron estas detenciones como un paso importante en el camino para esclarecer el crimen, pero insistieron en que es fundamental descubrir quién fue el autor intelectual.

Por eso, la bancada de diputados del Psol exigió ayer a las autoridades que continúen con las investigaciones. “No alcanza para nosotros saber quién apretó el gatillo”, dijo la diputada Talíria Petrone a periodistas, y reiteró que se trató de una “ejecución política”. Los diputados del Psol también anunciaron que presentarán un pedido para la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el funcionamiento de las milicias en Río de Janeiro, que suelen tener a ex policías entre sus integrantes.

En tanto, Freixo dijo que “es muy importante para el país saber quién mandó matar a Marielle” y “cuál es el objetivo político”, porque es “un crimen contra la democracia”. El diputado también consideró “inaceptable” que haya un grupo en Río de Janeiro “capaz de matar como forma de hacer política”. Consultado sobre el hecho de que uno de los sospechosos vivía en el mismo complejo que el presidente, el legislador dijo que no iba a sacar conclusiones, aunque criticó la posición que adoptó Bolsonaro cuando murió Franco. En aquel momento ya era precandidato a la presidencia y se limitó a informar por medio de sus asesores que no hablaría del caso “porque su opinión sería muy polémica”.

Mônica Benício, que era la pareja de Franco en el momento de su muerte, también dijo que las detenciones son un paso importante en las investigaciones, pero en declaraciones al diario Folha de São Paulo agregó que “no basta con agarrar a los mercenarios, es importante saber quién mandó articular todo eso y cuál fue la motivación”. A la vez, denunció que un año es “una demora muy grande” para dar respuestas sobre un “crimen político”.

En el mismo sentido se manifestó Amnistía Internacional. La organización pidió en un comunicado difundido ayer la identificación de los autores intelectuales del asesinato y la creación de un grupo externo e independiente de especialistas para que se encargue del proceso, por considerar que la Policía no puede ser responsable de una investigación que involucra a miembros de su equipo.