El juez argentino Alejo Ramos Padilla, a cargo de la investigación sobre la trama de espionaje y extorsión en la que aparecen involucrados el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stonelli, podría enfrentarse a un juicio político. El primer paso para que esto ocurra se dio ayer, cuando el ministro de Justicia, Germán Garavano, envió al Consejo de la Magistratura –el organismo que controla y sanciona a los jueces en Argentina– las instrucciones para que solicite un pedido de remoción. El argumento es que el juez mantuvo una “actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva” durante una presentación que hizo el miércoles 13 ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para dar detalles acerca del llamado “caso D’Alessio”.

En esa exposición Ramos Padilla describió la “red paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial de grandes magnitudes” que investiga, que ya derivó en la prisión preventiva de D’Alessio y la imputación de Stornelli, el fiscal a cargo de la “causa de los cuadernos”. El juez reveló, además, que “también hay diputados que utilizaban la red de espionaje” y apuntó a las diputadas oficialistas Elisa Carrió y Paula Oliveto.

“Hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”, afirma el gobierno en el pedido escrito. “No sólo careció de imparcialidad, sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal”, agrega.

El pedido de juicio político será formalmente presentado ante el Consejo de la Magistratura por Juan Mahiques, el representante del gobierno en el organismo. Una vez hecha la solicitud, el tema quedará en manos de la Comisión de Disciplina y Acusación del consejo, integrada por nueve personas, incluidos jueces, senadores y diputados de distintos partidos y orientaciones políticas. Para que el pedido de remoción sea aprobado se necesita el voto de al menos seis integrantes, algo que los analistas políticos prevén que será complicado, según informaron medios argentinos como el diario Página 12. Si llegara a tener la luz verde, el siguiente paso sería la evaluación en el pleno del organismo.

La voluntad de remover a Ramos Padilla fue justificada el domingo por el propio Macri, quien en una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul dijo: “No es un juez que actúe con ecuanimidad. Se prestó a un show mediático. Espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo”.

La ex jueza y titular de la organización Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, cuestionó ayer la iniciativa y aseguró, en una entrevista radial, que “el Poder Ejecutivo no tiene facultades de control sobre la tarea judicial”. Además, se animó a decir que quienes integran el Consejo de la Magistratura “no podrían votar el juicio político contra uno de sus pares por cumplir con su labor”. A su entender, el intento de destitución del juez se debe a que “el presidente [Macri] está en campaña” para las elecciones de octubre.

El activista argentino y premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también criticó la decisión del gobierno, que calificó de “tremenda” y que interpretó como una “muy clara intervención del Poder Ejecutivo sobre el Judicial” para “silenciar” el caso D’Alessio. Esto es porque, según opinó, la investigación reveló “una red continental muy grande”, que demuestra que detrás del falso abogado “había una organización de espionaje clandestino con acuerdo del gobierno” argentino.