Bayardi envió a Fiscalía cinco casos de violación de derechos humanos que surgen de las actas del Tribunal de Honor

Los senadores de la oposición habían advertido la semana pasada que querían acceder al contenido de las actas del Tribunal de Honor del Ejército que evaluó la conducta de José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente, y recibir al nuevo ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, en la Comisión de Defensa del Senado, antes de votar la venia, solicitada por el presidente Tabaré Vázquez, para el pase de retiro obligatorio de cuatro generales que integraron ese tribunal.

Ayer, Bayardi asistió a esa comisión y, luego de reunirse con los legisladores, comunicó a la prensa que había enviado a la Fiscalía información sobre cinco hechos con apariencia delictiva que surgen de esas actas. El ministro indicó que los cinco casos “corresponden a la época de la dictadura” y que “muchos de ellos han tenido causas y procesamientos”, añadiendo que le compete a la Fiscalía analizar los documentos. Planteó también que los legisladores que reclamaron las actas “están en su derecho”, pero acotó que este es el “expediente que más rápido se ha movido” en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Bayardi se refirió a la conversación que mantuvo con el nuevo comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, tras sus declaraciones sobre los hechos del pasado reciente y los detenidos desaparecidos. Después de asumir, consultado por periodistas sobre los crímenes del terrorismo de Estado, Feola respondió: “No los voy a repudiar porque no sé si están confirmados o no”.

Luego el ministro se comunicó con el comandante y, según narró a la prensa, le hizo tres preguntas: si ponía en duda que hay detenidos desaparecidos en Uruguay; si rechazaba todas las acciones que han “degradado a la institución”; y si tenía el “firme compromiso de colaborar con la Justicia en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos”. Las tres respuestas fueron afirmativas, y Bayardi, según contó, replicó: “Entonces, esto que me dice a mí lo tendría que decir públicamente”. Eso condujo a un comunicado en el que el nuevo comandante afirmó lo mencionado, y alegó que en su respuesta a la prensa se había referido a los hechos evaluados por el Tribunal de Honor.

Una piedra

El senador nacionalista Javier García, actual presidente de la Comisión de Defensa, dijo que se están analizando varios elementos relacionados con el pedido de venias de destitución. Afirmó que el argumento de Vázquez es que los generales no informaron al mando superior sobre hechos delictivos, “pero el mando superior [el entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos] dice que fue informado”. García también puso en duda que la destitución de estos generales requiera venia del Senado, señalando que el artículo 168 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo podrá “destituir por sí a los empleados militares y policiales y los demás que la ley declare amovibles”. A su entender, entonces, se trata de una decisión “privativa” del presidente. La comisión solicitó el asesoramiento de constitucionalistas sobre esta cuestión.

El frenteamplista Rubén Martínez Huelmo, integrante de la comisión, apuntó que la Ley 19.189, aprobada en enero de este año, indica que el pase a retiro obligatorio de un general requiere la venia del Senado, con el apoyo de 3/5 del total de sus integrantes, y consideró que el argumento de la oposición al respecto es muy “rebuscado”.

Interpretaciones

El constitucionalista José Korzeniak opinó en diálogo con la diaria que se puede notar cierta “contradicción” entre el artículo de la Constitución invocado por García y la Ley 19.189, ya que el primero implica que “todos los cargos de las Fuerzas Armadas dependen de Presidencia”, pero la norma de este año establece el requisito de la venia para ciertas destituciones. En su opinión, el Poder Ejecutivo optó por el camino marcado en la ley por dos motivos: en primer lugar, porque una “ley no deja de aplicarse hasta que sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia”, y quiso “evitar que se dijera que se saltea procedimientos”; por otra parte, el experto señaló que la Constitución se refiere a los ocupantes de cargos declarados “amovibles” por la ley, y que en estos casos la ley vigente requiere la venia del Senado.

Por su parte, el constitucionalista Martín Risso opinó que “hay un error” en lo que hizo el Poder Ejecutivo. “Está mal pedida la venia, porque a los militares, de acuerdo con lo que dice la Constitución, los puede separar de su cargo por sí mismo, sin venia de nadie. Lo que hace el Ejecutivo es utilizar las normas de pase a retiro. No tiene nada que ver”, expresó.