Medios, periodistas y organizaciones sociales de distintos países de América Latina firmaron un pronunciamiento en el que advierten que un fallo de la Justicia peruana “pone en riesgo de manera directa las libertades de prensa y expresión” en ese país y “contradice el Estado de derecho”. Se trata de una sentencia que emitió la jueza penal Isabel Flores, en la que ordenó el embargo de los bienes del medio digital Ojo Público, de su director ejecutivo, Óscar Castilla, y del periodista Edmundo Cruz del diario La República.

La medida fue dispuesta en el marco de un juicio por difamación que inició Miguel Arévalo por artículos que lo vinculan con investigaciones oficiales sobre narcotráfico. Sin siquiera resolver sobre la acusación, la jueza pidió el embargo, como medida preventiva.

“El fallo judicial y el proceso mismo de este caso se han dado de manera irregular, con documentos y fallos sin firma de la jueza titular y sin notificar de la demanda a los periodistas implicados”, dicen los firmantes de la carta pública, que está dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Suprema de Perú y la Oficina de Control de la Magistratura de ese país.

De acuerdo con Ojo Público, Arévalo ya presentó, desde 2016, diez denuncias contra periodistas y directores de otros medios por publicar información sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico. “Si los poderosos creen que con este tipo de intimidaciones los periodistas de Perú y del mundo dejarán de investigar y publicar, están muy equivocados. Cuando la libertad de prensa y de expresión se ven amenazadas, el único camino posible es más y mejor periodismo, más colaboración, más investigación”, manifiesta la carta. Entre quienes la firman aparecen más de 50 medios y organizaciones sociales y unos 150 periodistas.

La Asociación Nacional de Periodistas de Perú, el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestaron su preocupación por este caso, informaron medios peruanos como el propio Ojo Público y el diario El Comercio. “De nuevo vemos con impotencia la larga tradición que existe en Perú en cuanto al uso inhibitorio de las demandas contra periodistas para frenar sus investigaciones y obligarlos a ejercer autocensura”, dijo la titular de la SIP, María Elvira Domínguez. A su vez, la junta que dirige el Consejo de la Prensa Peruana expresó “su preocupación y solidaridad con los periodistas denunciados” e hizo “un llamado a las autoridades responsables de la tutela a fin de que adopten las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y la libertad de prensa”. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú dijo que la medida de embargo “a todas luces constituye un grave atentado contra la libertad de prensa”.