El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la ex mandataria chilena Michelle Bachelet, firmaron ayer un acuerdo por el cual esa oficina asesorará a la Guardia Nacional mexicana, una institución creada por López Obrador para trabajar por la seguridad pública.
En su intervención, el presidente calificó la firma del convenio de un hecho histórico. “Por mucho tiempo se impidió legalmente al Ejército y a la Marina atender lo relacionado con la seguridad pública [...], se tenía que apoyar el gobierno federal en las policías y en el caso de la Federación, en una Policía Federal. Se pensó que con esta policía se podía garantizar la seguridad pública, desafortunadamente no se consolidó y no pudo profesionalizarse”, dijo el presidente mexicano.
Por su parte, Bachelet manifestó que “no se puede garantizar la seguridad sin pleno respeto a los derechos humanos”, y expresó su deseo de que la Guardia Nacional supere el “paradigma” de los últimos 12 años, durante los cuales las fuerzas de seguridad mexicanas han “desprotegido a las personas” y han sido “una fuente de agravio para sus derechos”. La alta comisionada de la ONU aludía a la llamada “guerra contra el narcotráfico” que comenzó en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón sacó a los militares a la calle para combatir la delincuencia, desatando así una ola de violencia en el país.
Bachelet dijo además que el acuerdo marco firmado por la ONU y el gobierno mexicano es “amplio” y contempla otros elementos, además de la ayuda en la capacitación de los cerca de 50.000 efectivos que conformarán la Guardia Nacional.
También habló públicamente en el acto de ayer el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y afirmó que la Guardia Nacional debe “tener en su ADN, en su formación y concepción el respeto a los derechos humanos”.
La Guardia Nacional estará conformada por miembros de la Policía Federal, Naval y Militar. Según afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en declaraciones a la revista Proceso, el uso de policías militares y navales se debe a la urgencia de luchar contra la violencia que golpea a México, y a la falta de civiles capacitados para hacerlo de inmediato. “Las únicas instituciones con capacidad para responder en este momento a las circunstancias de inseguridad son el Ejército y la Marina”, dijo. De todas maneras, la nueva entidad no estará operativa en su totalidad hasta 2021.
Durante los próximos cinco años, según los artículos transitorios de la reforma, López Obrador podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, mientras la Guardia Nacional –que tendrá carácter civil– desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
La creación de la Guardia Nacional por parte del gobierno de López Obrador no estuvo exenta de polémica. Durante su campaña electoral, el actual presidente había dicho que el problema de la violencia pública no se solucionaba con los militares en la calle.
Las mayores críticas a la creación de esta nueva fuerza surgieron de organizaciones de derechos humanos y de sectores de izquierda, que consideran que lo que se está haciendo con la creación de la Guardia Nacional es lavarles la cara a las fuerzas armadas. “La lucha contra la militarización del país, y contra el accionar de las corporaciones policíacas y militares –como la Guardia Nacional– debe ser una divisa de las organizaciones sindicales, populares, feministas y políticas en las próximas movilizaciones”, afirmaba un artículo que publicó recientemente la edición mexicana del medio digital La Izquierda Diario.