Los jefes municipales de las comunas de Las Condes y Quilpué –la primera ubicada en Santiago y la segunda en la región metropolitana de Valparaíso– preparan para el 23 de junio consultas ciudadanas en las que proponen regular la permanencia de menores de edad en las calles. La iniciativa afectaría a aquellos que se encuentren sin un acompañante adulto entre las 0.00 y las 5.30.

Los impulsores de estas medidas son de signos ideológicos distintos. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, integra la derechista Unión Demócrata Independiente (fue ministro de Sebastián Piñera y él mismo fue candidato a la presidencia chilena), mientras que el de Quilpué, Mauricio Viñambres, es socialista. Sin embargo, los dos tomaron la idea de Islandia, donde un plan implementado a partir de 1998 logró reducir los índices de consumo de alcohol y drogas en la población adolescente.

Según explicó Lavín, en su caso la idea es definir la implementación de un toque de queda con efecto “intercomunal” e “interregional”. “Lo que nosotros queremos es tomarnos en serio la única política moderna que ha sido exitosa en el combate del alcohol y de las drogas: el plan de Islandia, que hoy está siendo aplicado en varias ciudades de 23 países”, dijo al diario El Mercurio. En Las Condes la consulta ciudadana se desarrollará mediante internet, y la población deberá manifestar si está de acuerdo o no con una ordenanza municipal que regule la presencia de menores de 14 años en los espacios públicos sin estar acompañados por un adulto. Si está de acuerdo, deberá fijar un límite horario para la permanencia de los niños y adolescentes durante la noche.

Por su parte, el alcalde de Quilpué, el socialista Viñambres, explicó que “la pregunta concreta de esta consulta ciudadana será si la gente está de acuerdo o no con una ordenanza que mida la regulación de tráfico de adolescentes y niños menores de 14 años por los espacios públicos”.

Este toque de queda generó mucha polémica en Chile. Incluso la defensora de la Niñez calificó la medida de “cuestionable” porque “afecta las garantías constitucionales de niños, niñas y adolescentes mediante la imposición de lo que se ha denominado ‘toque de queda’”. A su vez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Región de Valparaíso anunció que denunciará toda aquella vulneración al derecho de libre circulación que se presente, así como cualquier restricción a la libertad personal, informó Radio Cooperativa.

El titular de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, afirmó que “la utilización de la juventud como chivo expiatorio frente a la delincuencia criminaliza al eslabón más débil y mantiene en la impunidad a los grandes delincuentes y narcotraficantes del país”, según citó Crónica Digital. El dirigente consideró que “cuando la solución es restringir derechos de inocentes, es la delincuencia la que ganó”, y argumentó que “la única forma de enfrentar realmente el problema es yendo al origen de que haya niños en las calles y que para algunos de estos la delincuencia sea una opción”.

Otro opositor, Rodrigo Pinto, presidente de la Juventud Progresista, pidió a la Contraloría que “advierta la vulneración a los derechos humanos que lleva consigo el anuncio de alcaldías de establecer una política de toque de queda para la juventud”, y afirmó que “el camino no es la criminalización” de los jóvenes.

El plan que originó estas consultas en Chile se denomina Juventud en Islandia y fue promovido por el gobierno de ese país en 1998. Se implementó después de que encuestas realizadas en los centros de enseñanza del país durante la década de 1990 mostraran un aumento de los índices de consumo de alcohol y otras sustancias adictivas entre los adolescentes. Sin embargo, este plan incluía varias acciones además del toque de queda.

Entre las medidas que adoptaron las autoridades islandesas, según consigna un informe del diario madrileño El País, se penalizó la compra de tabaco por parte de menores de 18 años y la de alcohol por menores de 20, y se prohibió la publicidad de ambas sustancias. Además se reforzaron los vínculos entre los padres y los centros de enseñanza mediante organizaciones que se debían crear por ley en todas esas instituciones junto con consejos escolares con representación de los padres.

También se aprobó una ley que prohibía que los adolescentes de entre 13 y 16 años salieran más tarde de las 22.00 en invierno y la medianoche en verano, norma que todavía sigue vigente. Otra de las grandes bases del plan es la financiación estatal de instituciones deportivas, musicales, artísticas, de danza y de otras actividades organizadas con el fin de ofrecer a los adolescentes otras maneras de sentirse parte de un grupo.

En forma paralela a la implementación de estas medidas se hicieron encuestas anuales en los centros de enseñanza con el objetivo de mantener los datos actualizados.

En Islandia el modelo se reflejó en que apenas 5% de los jóvenes entre 14 y 16 años dijo haber tomado alcohol durante el mes anterior, 3% dice fumar tabaco a diario y 7% haber consumido hachís al menos una vez en ese período. El promedio de esos porcentajes en la Unión Europea es de 47%, 13% y 7%, respectivamente. Sin embargo, el plan tuvo resultados dispares en los más de 30 municipios europeos en los que se aplicó.