Seuxis Paucias Hernández Solarte, ex jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), más conocido como Jesús Santrich, escuchó este lunes en la sede judicial de Paloquemao, en Bogotá, los argumentos por los que se determinó que retorne a la cárcel. La semana pasada un juez había dispuesto su liberación, pero poco después fue detenido.
El ex jefe guerrillero salió del penal en una silla de ruedas, custodiado por guardias carcelarios, pero minutos después las autoridades le notificaron de la nueva orden de captura. Fue devuelto entonces al interior de la prisión de La Picota, ubicada al sur de la capital colombiana, y luego trasladado a la sede de la Fiscalía General en un helicóptero, informó el diario colombiano El Espectador. De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), poco después de ser nuevamente detenido Santrich se autoinfligió cortes en los brazos, por lo que debió permanecer durante el fin de semana en el hospital universitario Mederi de Bogotá.
Este lunes el ex guerrillero, que tuvo una activa participación en los acuerdos de paz a los que llegaron las FARC y el gobierno colombiano en 2016, recibió de parte de la Fiscalía General la notificación de que se lo acusa de estar involucrado en una asociación para delinquir con fines de narcotráfico. “Como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte”, afirmó la Fiscalía General colombiana en un comunicado.
Según informaron los medios colombianos, una de las pruebas claves con las que cuenta la Fiscalía –mediante la gestión de la Justicia de Estados Unidos– es una declaración de Marlon Marín –sobrino de Iván Márquez, otro líder histórico de las FARC–, quien desde el año pasado vive en territorio estadounidense en calidad de testigo protegido de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). La Fiscalía tiene la sospecha de que Marín es la persona clave para esclarecer si Santrich participó en redes de narcotráfico después de que las FARC depusieron las armas y sus militantes se reintegraron a la vida civil.
Tanto Estados Unidos como la Fiscalía General aseguraban que Santrich cometió delitos después del 1° de diciembre de 2016, que deben ser juzgados en tribunales comunes y no por la Justicia Especial para la Paz (JEP). Por eso, cuando la semana pasada se dispuso la liberación del ex líder guerrillero y se negó su extradición a Estados Unidos, el fiscal general Néstor Humberto Martínez renunció a su cargo.
La JEP, encargada de investigar y juzgar a los responsables de los crímenes ocurridos en el conflicto armado, había reclamado las pruebas que la Fiscalía dice tener. “¿Por qué no le entregaron a la JEP esa información para poder decidir en este espinoso caso con más elementos de juicio?”, se preguntaron los magistrados mediante una nota pública.
Santrich ha negado en todo momento que haya cometido los delitos que se le atribuyen, por los que fue encarcelado en primera instancia en abril del año pasado. Su detención, a pedido de un juzgado estadounidense, le impidió asumir como congresista del partido que fundó la guerrilla desmovilizada, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Organizaciones políticas y sociales expresaron su preocupación por la situación judicial de Santrich y este lunes el partido de las FARC solicitó reunirse en forma urgente con el presidente colombiano, Iván Duque. “En este momento de innegable trascendencia para la paz de Colombia, insistimos en la necesidad de que, a la brevedad posible, usted pueda recibir una delegación de nuestro partido para exponerle personalmente nuestras inquietudes”, dice parte del texto enviado por esa organización política al mandatario.
Duque se refirió al caso de la nueva detención de Santrich durante el fin de semana, y aseguró en un comunicado que el Estado brindará todas las garantías a quienes abandonaron las armas y se mantienen en el proceso de reintegración a la sociedad, pero advirtió que “quienes reincidan en las actividades criminales deberán recibir todo el peso de la ley”. El gobernante agregó: “Colombia no convivirá con el narcotráfico. La institucionalidad entera será implacable contra la reincidencia criminal”.
Dirigentes del partido de las FARC cuestionaron la decisión de volver a detener a Santrich y reclamaron que se respeten los acuerdos de paz. Una de sus parlamentarios, Sandra Ramírez, dijo que el encarcelamiento de ex guerrillero “es un nuevo ataque contra el acuerdo de paz” y que su salida de la prisión se demoró “sólo para generar otro montaje”. El senador Pablo Catatumbo calificó lo ocurrido de “inaudito”.