Si bien para la mayoría de las personas la lepra remite al pasado, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año son detectados aproximadamente 200.000 casos de esta enfermedad. Históricamente, la lepra ha estado signada por una enorme carga estigmatizante para aquellos que la padecen.

Más de 60% de los diagnósticos nuevos que se hacen cada año se registran en India. El segundo país en cantidad de casos es Brasil (11% del total global), donde anualmente cerca de 25.000 personas contraen esta enfermedad infecciosa crónica provocada por la bacteria Mycobacterium leprae, que afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos.

Brasil concentra 90% de los casos de lepra que hay en América y es por ello que la semana pasada llegó al país la portuguesa Alice Cruz, quien desde el año pasado ejerce el cargo de relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la eliminación de la discriminación contra los enfermos de lepra. La experta expresó su preocupación por el número de niños afectados por esta enfermedad en Brasil, a muchos de los cuales se les niega el acceso a la educación, e instó al gobierno a tomar medidas urgentes para garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas.

“Recibo con satisfacción el compromiso del gobierno brasileño de convertirse en un líder mundial en la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares y en la plena protección de sus derechos, pero el gobierno debe tomar medidas enérgicas para lograrlo”, dijo Cruz en un comunicado tras finalizar su visita a Brasil.

Roraima, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Tocantins son los estados que presentan la mayor cantidad de casos de esta enfermedad, que además tiene una alta incidencia por un hábito alimenticio muy extendido entre los pobladores de las zonas rurales de estos territorios. Una investigación realizada en forma conjunta por científicos de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y de la brasileña Universidad Federal de Pará concluyó que se había encontrado evidencia de lepra zoonótica en Pará, estado ubicado en la Amazonia brasileña, por el elevado riesgo de contagio que produce el consumo del armadillo de nueve bandas, también conocido como tatú negro.

Según la investigación, divulgada en 2018 en un artículo que publicó la revista científica estadounidense PLOS Neglected Tropical Diseases, la falta de otras fuentes de proteínas lleva a los pobladores de estos estados amazónicos a incluir en su dieta con frecuencia a este animal, muy similar a la mulita.

Además del posible contagio por el consumo de esta especie animal, la lepra también puede transmitirse de persona a persona por pequeñas gotas de fluidos nasales y orales o debido a un contacto frecuente con enfermos no tratados. En la actualidad la lepra en una enfermedad curable y, de tratarse en las primeras fases, se evita que cause discapacidad. En caso contrario puede ocasionar lesiones progresivas y permanentes.

Es por esta razón que la relatora de la ONU que visitó Brasil expresó serias preocupaciones sobre el estigma asociado con la enfermedad y la falta de comprensión sobre la transmisión y el tratamiento. “Contrariamente a la concepción popular, la lepra es una enfermedad curable; es difícil de transmitir, y después de las primeras dosis de tratamiento no hay riesgo de transmisión”, dijo. De todas manera, Cruz agregó: “Reconozco los esfuerzos del gobierno brasileño para combatir la discriminación contra este grupo vulnerable, pero aún encuentro brechas significativas que deben abordarse. Las personas afectadas por la lepra continúan experimentando prejuicios y discriminación estructural e interpersonal, y tienen acceso limitado a derechos fundamentales e igualdad sustantiva”.

Cruz manifestó además que le preocupa que la tasa de niños diagnosticados con discapacidades físicas a causa de la lepra es todavía muy alta, y que a muchos se les negó el acceso a la educación escolar por tener esta enfermedad.

“Se debe hacer más para garantizar la detección temprana, el tratamiento oportuno, la rehabilitación y la cirugía reconstructiva”, agregó. “Se debe garantizar un nivel de vida adecuado mediante las políticas de reducción de la pobreza, así como la accesibilidad y la adaptación razonable en las escuelas y los entornos laborales. Muchas personas afectadas han pedido a las autoridades que tomen medidas drásticas para proteger sus derechos, incluidas políticas afirmativas para enfrentarlos”, concluyó la relatora de la ONU en su informe.