Tenemos poco más de una década para transformar rápida y radicalmente las instituciones, la infraestructura y las formas de vida de la era del carbono o enfrentar una catástrofe climática, en la que aquellos con menor responsabilidad pagarán el precio más alto. Se trata de una empresa política de enormes proporciones, de innovación profunda, que debe negociarse con gran cuidado. El cambio es inevitable: la pregunta clave es en qué dirección, a qué ritmo, con qué costos y en beneficio de quién.
La transformación que se requiere necesitará nuevas formas de administración de la naturaleza, el trabajo y el capital. En lugar de formas de propiedad extractivas, concentradas y sin regulación, serán necesarios modelos de propiedad sostenibles, democráticos. De lo contrario, la degradación del clima se acelerará y se continuarán generando desigualdades severas.
El predominio de la producción global por parte de corporaciones gigantes, cuya propiedad es intermediada por un sistema financiero que a menudo actúa como un rentista extractivo en lugar de como un administrador efectivo, reforzará las brechas ya existentes en materia de poder y ganancias. El extractivismo económico y ambiental como consigna de la “creación de valor” es insostenible y profundizará la crisis ambiental. La canibalización implacable de la naturaleza y el trabajo humano para impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto agotará los sistemas naturales y sociales de los que todos dependemos. En otras palabras, sin reforma, la crisis se profundizará.
En cambio, debemos democratizar la propiedad. Esto implica una expansión radical de los derechos de propiedad para asegurarnos de que todos compartamos la riqueza que creamos en común, la pluralización de los modelos de propiedad, y la reconfiguración de empresas e instituciones para que todos tengamos una participación en la toma de decisiones que da forma a nuestros lugares de trabajo, comunidades y sociedad. La ambición de una economía democrática es simple pero sistémica: el reemplazo constante e irreversible de la economía desigual y extractiva actual por instituciones que compartan la riqueza que creamos en común, en las que la libertad profunda y la solidaridad sean una herencia universal en el marco del respeto al medioambiente. Límites y derechos sociales.
Common Wealth es una nueva organización que se formó para diseñar modelos de propiedad para una economía democrática y sostenible: diseñar instituciones para futuros alternativos. Nuestra atención se centra en áreas vitales en las que una nueva disposición pluralista e innovadora de los derechos de propiedad y de control puede sustentar un futuro de riqueza compartida. Asegurar el acceso a los servicios a través de una comunidad social desmercantilizada, desde la vivienda hasta el transporte y la banda ancha. Reimaginar los derechos colectivos a los datos y la propiedad de las tecnologías e infraestructuras digitales para una comunidad digital, en lugar del recinto privado dominado por los gigantes de la tecnología. Transformar la propiedad y el control de las empresas para que todos tengamos una participación y una voz en nuestra riqueza común. Asegurar que el sistema financiero sea un buen servidor para la sociedad y no un mal maestro. Recuperar el regalo de la naturaleza, la tierra, por medio de nuevos modelos de propiedad que nos permitan a todos compartir la riqueza que tenemos debajo, desde los espacios urbanos hasta los rurales, desde la vivienda y la planificación hasta la agricultura. Por encima de todo, nuestro compromiso es reimaginar la administración de los bienes naturales.
Debemos proteger los bienes naturales mediante nuevas formas de propiedad y gestión comunes, y administrar de otra manera la tierra, la agricultura, la biodiversidad y los ecosistemas. Esto será crucial para garantizar un futuro sostenible, desafiando la lógica de que toda la naturaleza es un activo infinito que espera convertirse en ganancia. Se impone la restauración de los ecosistemas degradados, tanto urbanos como rurales, y la reparación de los profundos daños sociales y ambientales, pasados, presentes y futuros, a las comunidades marginadas de todas partes que han sido las más afectadas por el extractivismo y la destrucción del ambiente. Este proceso debe ser dirigido por y para aquellos que durante demasiado tiempo han sido excluidos del poder económico.
En suma, una agenda ambiental ambiciosa necesitará nuevas formas de propiedad pública y comunitaria, y la gestión democrática de los bienes naturales, en múltiples escalas, desde lo local y lo nacional hasta lo regional y lo global. Requerirá además la movilización del poder social detrás de estas demandas. Después de todo, la crisis política del cambio climático consiste precisamente en conocer muchas de las soluciones técnicas necesarias para descarbonizar rápidamente, sin poder superar la inercia pública y los actores atrincherados y poderosos que se oponen al cambio.
Por supuesto, los modelos alternativos de propiedad no son lo único necesario para impulsar los cambios que necesitamos a la velocidad requerida. Más ambición y equilibrio entre la política fiscal y la política monetaria, una estrategia industrial moderna, un Estado radicalmente democrático que otorgue poderes adecuados a los pueblos y ciudades, un sistema tributario más progresivo, la rerregulación del trabajo en todas sus formas para garantizar la dignidad y la seguridad, un Estado de bienestar universal y ambicioso del siglo XXI, nuevas formas de internacionalismo que desafíen las jerarquías y los fracasos del multilateralismo actual. Todos estos cambios son necesarios, y más.
La historia nos enseña que los nuevos modelos de propiedad son vitales para impulsar cambios profundos en nuestra sociedad, ya sea la nacionalización que sustentó el consenso de posguerra, o la privatización que ayudó a introducir el neoliberalismo. A medida que enfrentemos nuestro mayor desafío colectivo en la forma de crisis climática, necesitaremos un experimentalismo inquieto en torno a los modelos de propiedad, un compromiso para explorar la plasticidad de los acuerdos institucionales de manera que se desarrollen el poder democrático y las relaciones sostenibles en todos los ámbitos de la vida. No tenemos opción. Esto es una emergencia, después de todo.
Mathew Lawrence es director de Common Wealth, un grupo de expertos que diseña modelos de propiedad para una economía democrática y sostenible. Una versión más extensa de esta columna fue publicada originalmente en la revista británica Red Pepper. Traducción: Natalia Uval.