Cómo El Salvador sigue criminalizando a las mujeres

Desde hace tres años a María Teresa Rivera le viene el mismo pensamiento cada vez que cocina: “¿Qué estarán comiendo ellas ahora?”. No puede evitar recordar a las compañeras que siguen en la cárcel en El Salvador cumpliendo largas condenas –como también le sucedió a ella– sin haber cometido delito alguno, por haber sufrido un aborto involuntario.

El Salvador tiene una de las legislaciones más severas del mundo en cuanto a derechos sexuales y reproductivos: el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia y existen penas de prisión para quien interrumpa de forma voluntaria su embarazo. En América Latina hay otros cinco países que prohíben el aborto sin excepciones: Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam.

Las mujeres salvadoreñas podían abortar en casos de violación o si la salud del embrión o de la madre estaban en peligro, pero una ley lo prohibió en 1998. El aborto está sancionado en la ley con hasta ocho años de cárcel, pero la realidad es bien distinta.

Actualmente las mujeres que sufren una emergencia obstétrica, un parto extrahospitalario o un aborto espontáneo son denunciadas por el personal sanitario que las atiende cuando acuden al hospital y son condenadas por el delito de homicidio agravado. Pueden cumplir penas de hasta 40 años en prisión. La legislación dice que cualquier persona presente en un aborto puede ser judicializada, y hay presiones de grupos conservadores en el sistema de salud para que esa denuncia se haga efectiva. Existe, además, un desconocimiento entre los médicos y médicas de que el secreto profesional los protege para evitar precisamente ese tipo de denuncias.

“Se trata de una situación extremadamente injusta, que niega a las mujeres la condición de ser personas, porque se les niega el derecho básico de defender y decidir sobre su vida. El Estado y la sociedad salvadoreña reconocen a las mujeres como menos personas, y eso se traduce en situaciones muy dolorosas”, dijo a la diaria la activista feminista Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador. Esta organización lucha desde 2009 lucha para cambiar la legislación sobre la interrupción del embarazo en el país.

Las instituciones encargadas de perseguir estos delitos tienen una importante carga de prejuicios, y las condenas, asegura esta agrupación, se basan en especulaciones, en argumentos sin enfoque científico y mucho menos de género. “El sistema judicial es patriarcal en todos los sentidos. Se ensaña con las mujeres, sobre todo con las mujeres pobres y jóvenes, y lo demuestra una y otra vez”, afirma Keyla Cáceres, coordinadora de Incidencia Parlamentaria de esta agrupación, que también trabaja en la defensa legal de las mujeres acusadas de abortar.

Por esa situación pasó María Teresa, que vivió un auténtico calvario tras sufrir un aborto espontáneo en noviembre de 2011. Nunca supo que estaba embarazada. Menstruaba de manera regular y no notó cambios significativos en su vientre. Sólo hubo algo que no era normal: comenzó a enfermarse “por cualquier cosa” y tuvo una infección renal, por lo que el médico le recetó un antibiótico. Un día sintió, de repente, un dolor terrible en el estómago y se dirigió al baño, donde notó cómo “algo bajaba entre sus piernas de forma muy rápida”. Era sangre y no sabía qué le pasaba. Se desmayó y cuando pudo reaccionar, todavía aturdida, logró pedir ayuda a su suegra para que llamara a la Policía, que llegó demasiado tarde.

María Teresa, que ya era madre de un niño pequeño, no recuerda mucho más de ese día, sólo que despertó en un hospital rodeada de médicos y policías que continuamente le preguntaban: “¿Qué has hecho con tu hijo?”.

La Fiscalía General de El Salvador la acusó de homicidio agravado en 2012 y la condenó a 40 años de prisión. María Teresa, que por aquel entonces tenía 28 años, pasó casi cinco años privada de libertad.

“No fue nada fácil. No tenía que haber pasado por la cárcel siendo inocente. El Estado salvadoreño violó mis derechos. Hubo un momento en que llegué a pensar que había perdido todo, porque no me permitían ver a mi hijo, que se tuvo que quedar con su abuela”, explica a la diaria.

Sin callarse

Al principio pensó que era la única encarcelada por sufrir un aborto involuntario, pero después, gracias al apoyo de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, supo que había más mujeres enfrentando largas condenas por situaciones similares a la suya.

“Yo las animaba a hablar, estaban cumpliendo pena por un delito que no habían cometido. A mí no me gustaba estar callada y sentía que tenía que ayudar de alguna forma. ¿Por qué ellas están en la cárcel cuando algunas han sido violadas, mientras que el violador sigue libre?”, dice María Teresa, al tiempo que asegura que la ley salvadoreña no protege a las víctimas.

El 20 de mayo de 2016 recuperó su libertad. Un juez anuló la sentencia al reconocer que hubo errores procesales y que no había suficientes pruebas para determinar que María Teresa hubiera cometido algún agravio. Tenía entonces 32 años y una nueva vida por delante, o al menos eso pensaba. Sin embargo, la reinserción no fue fácil y sufrió la discriminación de una sociedad muy conservadora, patriarcal y machista.

“No pude encontrar trabajo. Como había dado entrevistas a medios de comunicación era alguien conocida, y cuando iba a buscar empleo me decían: ‘Ah, la que mató a su hijo, la asesina’… Fue muy duro. Pasaba el tiempo y yo me desesperaba”, recuerda.

La mayoría de las mujeres privadas de libertad en El Salvador tras sufrir una emergencia obstétrica tienen hijos de los que son apartadas y una familia a la que le toca cargar con el estigma. “Se convierten en asesinas acusadas de homicidio agravado en vez de ser consideradas víctimas del sistema. ¿Cómo se van a reinsertar? No hay ofertas para ellas cuando salgan libres, por el fallo que cometió el Estado”, señala Keyla Cáceres.

Al salir de prisión, María Teresa se encontró con un problema añadido: la Fiscalía apeló la sentencia del juez, por lo que su libertad peligraba. Fue entonces cuando la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto comenzó a buscar apoyo y lo consiguió, pero a miles de kilómetros, en Suecia. Ese país otorgó asilo político a María Teresa, que desde hace dos años vive allí junto con su hijo.

“No ha sido fácil pero tampoco imposible como para empezar de nuevo. Si ya pasé lo más difícil también puedo superar esto, hay que salir adelante”, dice con seguridad. Su voz cambia cuando nombra a su hijo, de quien se siente especialmente orgullosa, porque “ha aprendido a hablar sueco en poco tiempo y se va adaptando bien al país”. A ella se le resiste un poco más el idioma, pero lo estudia cada día para poder acceder a un empleo.

María Teresa asegura que la persecución de la Fiscalía no se debió tanto al aborto involuntario sino a que al salir de la cárcel habló del infierno que se vive en el centro penal para mujeres de Ilopango, donde el hacinamiento, la mala alimentación y los abusos de funcionarios son una constante.

“Cuando la familia traía algo que había comprado con mucho esfuerzo, siempre nos lo quitaban. Las mujeres policías nos metían sus manos en nuestras partes para asegurarse de que no llevábamos nada, nos bajaban los calzones delante de hombres policías, era todo muy violento. La comida era mala y escasa y no había colchonetas suficientes. En un cuarto para 75 personas había unas 250. [A la Fiscalía] le molestaba que yo hablara de esas condiciones inhumanas que vivíamos dentro de la cárcel, pero estoy satisfecha porque sé que hoy la situación ha cambiado un poco”, dice María Teresa.

Por el momento no tiene intención de regresar a El Salvador a menos que la ley sobre el aborto cambie y eso parece estar lejos, incluso con el nuevo gobierno.

Tiempos de Bukele

El nuevo presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que tomó posesión del cargo el sábado pasado, sorprendía ese mismo día al pueblo al ordenar vía Twitter a las Fuerzas Armadas que retirasen de un cuartel el nombre del coronel José Domingo Monterrosa, responsable de la Masacre del Mozote de 1981, una de las matanzas más cruentas de la historia reciente de América Latina, en la que murieron cerca de 1.000 personas. Esa orden que no se atrevió a dar el gobierno anterior, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pese al reclamo de parte de la sociedad, aporta esperanza a las miles de víctimas que dejó el conflicto armado (1980-1992) entre el Ejército y las fuerzas insurgentes del FMLN.

A lo largo de estos días Bukele, que a sus 37 años se ha convertido en el gobernante más joven de la región, y que fue electo como candidato del partido derechista GANA, ha despedido –también vía Twitter– a una veintena de funcionarios del gobierno saliente, incluyendo a familiares de varios dirigentes del FMNL y del propio ex presidente Salvador Sánchez Cerén.

Sin embargo, todavía se desconoce cuáles serán las prioridades del gobierno en un país donde sus habitantes huyen de la pobreza, la violencia de las maras y la falta de oportunidades. Durante su toma de posesión, Bukele no explicó las principales acciones que llevará a cabo bajo su mandato, que se extiende hasta 2024. Tampoco mencionó la deuda que el Estado salvadoreño tiene con las mujeres. Aunque anunció que el gabinete será paritario, por el momento no ha hablado sobre políticas encaminadas a fomentar la igualdad de género.

Este país de tan sólo 6,3 millones de habitantes registra una de las mayores tasas de feminicidios en la región: alcanza 10,2 asesinatos de mujeres por cada 100.000, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe correspondientes a 2017. Para poner esa cifra en contexto, en el plano internacional se habla de “epidemia” cuando en promedio hay diez asesinatos por cada 100.000 personas.

Acerca del aborto, el nuevo presidente ya ha dicho en varias ocasiones que no está a favor de legalizarlo, incluso cuando el embarazo es consecuencia de una violación. Pero se ha mostrado en contra de criminalizar a las mujeres que hayan tenido un aborto espontáneo.

“Bukele se comprometió a no asumir presunción de culpabilidad de mujeres pobres que sufren abortos espontáneos, y esperemos que lo cumpla, vamos a vigilarlo. Existe la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y la Vida de las Mujeres, que está en los hospitales y avisa cuando hay una denuncia a una mujer”, explica Herrera.

Además de los encarcelamientos, una de las consecuencias de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador son los suicidios de mujeres y adolescentes embarazadas, muchas de ellas víctimas de abusos, sin recursos económicos ni posibilidad de acceder a información sobre salud sexual. Según datos del Instituto de Medicina Legal de El Salvador a los que accedió la diaria, entre 2011 y 2018 se suicidaron 32 mujeres de diferentes edades por un embarazo no deseado.

Desde 2009 la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha logrado que 34 mujeres obtuvieran su libertad por diferentes vías: revisión de sentencias, conmutación de pena o medidas sustitutivas. “Lo importante es que recobren esa vida que les arrebataron, pero también va sentando un precedente de cuando el Estado se equivoca por aplicar leyes totalmente absurdas y obsoletas”, añade Cáceres, que pone como ejemplo Uruguay para evidenciar que con la despenalización del aborto las mujeres no tienen por qué exponerse a prácticas inseguras o clandestinas que derivan en muertes.

En marzo tres mujeres recuperaron su libertad después de que la Corte Suprema les conmutara la pena de 30 años de cárcel que enfrentaban después de sufrir abortos involuntarios. La Justicia reconoció que si bien cumplieron penas de entre nueve y 11 años de prisión, vivieron en condiciones sociales, económicas y familiares inadecuadas. Esta misma semana otra mujer quedaba en libertad tras una conmutación de su pena.

Sin embargo, hasta ayer unas 20 mujeres seguían encarceladas en El Salvador por haber sufrido una emergencia obstétrica, mientras que casos como el de Evelyn Hernández, de 21 años, siguen pendientes de resolverse. La joven tuvo en 2016 un parto extrahospitalario en la letrina de su vivienda, los médicos la culparon de lo sucedido y la Fiscalía la condenó a 30 años de prisión. En diciembre de 2018 la Corte Suprema anuló la sentencia, aunque siguió detenida hasta febrero. Ahora permanece en libertad condicional a la espera de un nuevo juicio y de recuperar pronto su vida.