Varios colectivos de denunciantes de crímenes de lesa humanidad solicitaron a la Fiscalía General de la Nación información sobre el avance de las causas presentadas hace, al menos, ocho años. “El resultado es vergonzoso: hay 153 causas judiciales paralizadas”, afirman en un comunicado que se difundió ayer. A su vez, anuncian que van a llevar estos casos a tribunales internacionales, en particular los de mujeres que denunciaron torturas y abusos sexuales en 2011 y la denuncia de los niños presos en Treinta y Tres.

Los colectivos presentaron esta información ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según la información proporcionada por la Fiscalía, existen 187 causas activas, 14 de las cuales están en etapa de ejecución (es decir, existe condena de los represores), tres están en etapa de presumario (hay procesamientos, pero no condenas) y 170 están en etapa de presumario (17 con solicitud de procesamiento y 153 en etapa de investigación).

En el comunicado, los denunciantes mencionan la denuncia de 26 mujeres que fueron torturadas y sufrieron abusos sexuales entre 1968 y1983. Una de ellas, la ex presa política Ivonne Klingler, contó a la diaria que denunciaron a 108 personas entre militares y civiles. De ese total, sólo uno fue procesado por esta causa: el militar retirado y fallecido Asencio Lucero, condenado a prisión por el delito de privación de libertad en 2016, que confesó sus delitos en el juzgado penal. “Todos los demás están libres”, expresó.

Las organizaciones también solicitaron información sobre las causas a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pero no tuvieron respuesta. En el informe presentado a la CIDH destacan que el organismo máximo de Justicia “debe honrar los compromisos internacionales asumidos y sus sentencias en consecuencia”. “No sabemos cuál es la situación de las causas nuestras que se encuentran allí, sí sabemos que se han presentado sistemáticamente dilatorias por parte de los acusados aduciendo inconstitucionalidad respecto de la Ley 18.831 en la que se restableció la pretensión punitiva del Estado cuando se trata de delitos de lesa humanidad, y todos estos recursos se han recibido como válidos”. Sobre este punto, Klingler concluyó: “Es brutal, no entra en la cabeza de nadie que estas causas se sigan demorando. La gente tiene que saber la verdad; después cada uno hace con esa verdad lo que quiere, pero es elemental que se sepa. Pretendemos que se nos escuche y que nos escuche la SCJ”.