Apenas un día antes del 25º aniversario del ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que costó la vida de 85 personas y dejó centenares de heridos, el presidente Mauricio Macri firmó tres decretos que se publicaron ayer en el Boletín Oficial. El primero crea el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, que funcionará dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se incluyó en ese registro la organización Hezbolá, sindicada por la Justicia argentina como la autora del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994, así como del atentado perpetrado contra la embajada israelí en la capital argentina en 1992. El segundo decreto oficializa el 18 de julio como día de duelo nacional en homenaje a las víctimas. Por último, el tercero define una indemnización para una decena de ex empleados de la AMIA no alcanzados por las compensaciones ya abonadas por el Estado.

Si bien la inclusión de Hezbolá en este registro había sido anunciada hace días por el por Macri, la publicación realizada oficialmente ayer admite otras lecturas. Por un lado, significa un gesto del gobierno hacia la Justicia argentina, que responsabiliza a ese movimiento islámico por el atentado contra la entidad judía; por otro, la decisión del mandatario puede leerse como un claro guiño al gobierno estadounidense, justo un día antes de que llegue a Buenos Aires Mike Pompeo, secretario de Estado y uno de los más firmes aliados del presidente Donald Trump, quien a su vez ha sido un firme defensor de la gestión de Macri.

Pompeo –quien es un ferviente creyente evangelista y representa a ese sector que apoya incondicionalmente al mandatario estadounidense– estará menos de un día en territorio argentino, pero su visita tendrá una particular importancia, ya que junto a él llegarán a Buenos Aires varios cancilleres de América Latina para participar en la segunda Reunión Ministerial de Antiterrorismo en el Hemisferio Occidental. Según hicieron saber los organizadores de esta reunión, en el centro de la agenda del encuentro estarán la “preocupación por la presencia de redes de Hezbolá en la región y su participación en actividades ilícitas y terroristas”, y asegurar que “Estado Islámico y Al Qaeda representan una amenaza para nuestra seguridad colectiva, para la seguridad de nuestros ciudadanos y fuera de las fronteras, y para todos los individuos dentro de nuestras respectivas jurisdicciones”.

Además de presidir este encuentro, mañana de mañana Pompeo participará en el acto de conmemoración del atentado a la AMIA, al que están invitados todos los cancilleres y ministros que participarán en la cumbre antiterrorista. En este evento los oradores serán Ariel Eichbaum, presidente de la AMIA, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Jorge Faurie, y Pompeo. Si bien aún no hay información oficial al respecto, es probable que por razones de seguridad no sea abierto para la prensa.

Por su parte, la Confederación de Entidades Argentino Árabes, que agrupa a más de 300 organizaciones, cuestionó la decisión del gobierno de Macri de catalogar a Hezbolá como “terrorista” y entendió que el paso es equivocado, ya que ese movimiento tiene una existencia institucional y es reconocido como partido político con participación oficial en Líbano. Entre otros puntos, sostiene que este paso del gobierno argentino contravendría la histórica postura de imparcialidad de la República Argentina en materia diplomática, así como su tradicional apego al derecho internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que prohíben toda injerencia externa en asuntos de los estados soberanos.

Paralelamente, en el marco del 25º aniversario del atentado a la AMIA, la entidad árabe expresó su rechazo al “aberrante ataque” del que fue víctima la sociedad argentina “en su conjunto”, a la vez que reiteró su “incondicional solidaridad con los familiares de las 85 víctimas inocentes que perdieron la vida”. Además, ratificó su pedido de “un necesario esclarecimiento con justicia, cuya triste dilación no ha hecho más que daño a toda la ciudadanía argentina”. Dijeron, además, que “la falta de solución jurídica de ese nefasto suceso nos ha llevado a soportar desde hace 25 años una serie de injustas acciones persecutorias e infundadas sospechas sobre el buen nombre y honor de muchos argentinos de origen sirio y libanés integrantes de un importante sector de la misma; todo ello en el marco de fantasiosas creaciones político-mediáticas o pseudo-policiales tales como los tristemente célebres conceptos de ‘pista siria’ o ‘pista iraní’”.