El reciente informe sobre Venezuela de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tuvo entre sus efectos el de acercar las posturas de la izquierda chilena acerca del gobierno de Nicolás Maduro. El documento recibió el respaldo de la mayoría de los dirigentes y partidos políticos y fue calificado de “contundente” y “lapidario”.

En ese informe, que Bachelet presentó el 4 de julio al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se denuncian más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre enero de 2018 y mayo de 2019. Se deja constancia de un “uso excesivo y letal de la fuerza” contra manifestantes y “también en operaciones de las Fuerzas Especiales”. Se reportan distintos métodos de tortura aplicados a detenidos y se registran abusos sexuales cometidos contra ellos, en particular contra las mujeres.

Al presentar estas conclusiones, Bachelet dijo que se encontraron evidencias de “ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”. El gobierno de Maduro insistió en que las conclusiones del informe no reflejan lo que ocurre en Venezuela, pero fuera de ese país las denuncias presentadas por la ONU causaron un impacto que se sintió, entre otros ámbitos, en la izquierda chilena.

“Leí completo el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. Es demoledor. Por el bien del pueblo venezolano, Maduro debe dar un paso al costado, asumir su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y permitir elecciones libres a la brevedad”, tuiteó Beatriz Sánchez, la ex candidata a la presidencia chilena por el Frente Amplio. Esta vez, no se reeditó un debate similar al que esta coalición de partidos de izquierda mantuvo en enero, cuando sus integrantes expresaron diversas posiciones respecto de la situación política venezolana.

Con Sánchez coincidió el diputado Gabriel Boric, de Convergencia Social. “El informe de la Alta Comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, es categórico”, dijo. “Como hemos planteado anteriormente, en Venezuela hay violaciones graves a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esto no puede ser relativizado por la izquierda sino condenado de manera categórica”, agregó, y manifestó que “la defensa de los derechos humanos debe ser universal, indivisible y alejada de cualquier tipo de doble estándar”.

Sólo el Partido Comunista (PC) –que no integra el Frente Amplio, sino que en las últimas elecciones formó parte de la alianza de centroizquierda Nueva Mayoría– manifestó sus críticas al informe. En un comunicado, la dirección del PC dijo que “aparece como necesario que se aclare lo que pudiera entenderse como incongruencias, contradicciones, presunciones infundadas y generalizaciones, que significara falta de imparcialidad en el informe”. El texto agrega: “Nos llama profundamente la atención que en el informe de la Alta Comisionada no se exprese ninguna condena a los intentos de golpes de Estado y a las amenazas permanentes de intervención militar en Venezuela; ni a actos de desestabilización con causa de muerte de [parte de] sectores opositores de extrema derecha”.

Según informó la prensa chilena, el comunicado aumentó la distancia que ya existía entre esa organización política y las demás integrantes de Nueva Mayoría y reforzó las posturas de quienes se oponen a reeditar esta alianza con el PC. Entre los integrantes de Nueva Mayoría se encuentra el Partido Socialista, al que pertenece la dos veces presidenta chilena Bachelet.

“Pienso que el PC se autoexcluyó de los desafíos que tiene un proyecto progresista para el siglo XXI”, dijo el senador Guido Girardi, del Partido por la Democracia, uno de los que integraron esa coalición. De acuerdo con los medios El Mostrador y El Mercurio, el dirigente manifestó que “cuando hay fuerzas de izquierda que renuncian a hacer de los derechos humanos la bandera principal” le hacen un “daño enorme” a “los desafíos y a las luchas que tiene la izquierda”.

Pero incluso dentro del PC hubo dirigentes que manifestaron una visión distinta a la del comunicado del partido. Una de ellas fue la de la diputada Camila Vallejo; la ex dirigente estudiantil afirmó que el informe de la ONU es “lapidario” y “arroja situaciones sumamente graves”, y agregó que “no hay ninguna duda” acerca del documento.

Declaraciones similares a las suyas fueron hechas también por diversos dirigentes del Frente Amplio. Algunos de ellos compararon al gobierno de Venezuela con una dictadura. “Quien no reconozca que Maduro se convirtió en un dictador, tiene ceguera absoluta, dijo el diputado Pablo Vidal, del Partido de la Revolución Democrática. Según citó el diario La Tercera, también Giorgio Jackson, líder de esa organización política, señaló que “lamentablemente, y más allá de las formalidades, las acciones de Maduro progresivamente han vuelto indistinguible lo que pasa en Venezuela con una dictadura”.

A su vez, Heraldo Muñoz, ex canciller chileno y ex presidente del Partido por la Democracia, expresó que “hasta el Partido Comunista de Venezuela ha ido distanciándose de Maduro”.