En casi todos los estados brasileños, además de en la capital, Brasilia, este martes fue un día de movilizaciones de varios sectores, todos ellos contrarios a la gestión del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Una de las mayores manifestaciones se registró precisamente en la capital del país, donde según estimaciones participaron más de 10.000 personas. Las protestas a favor de la educación pública y en contra de los cortes impuestos por el gobierno en el sector fueron convocadas por agrupaciones con la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios (Ubes). Élida Elena, vicepresidenta de la UNE, dijo durante una entrevista con el sitio Brasil de Fato que su entidad no tuvo un retorno positivo por parte del ministro de Educación, Abraham Weintraub, en relación con las demandas presentadas en los dos actos anteriores. “Nosotros no tuvimos ninguna alternativa, ninguna respuesta concreta que represente alguna salida para las crisis que las universidades estamos viviendo actualmente”, dijo.

Desde que los recortes en la educación fueron anunciados por Weintraub, las universidades y los institutos de enseñanza federales sufrieron la pérdida de aproximadamente 1.565 millones de dólares en partidas. Muchas instituciones de enseñanza superior del país tienen sus cuentas básicas atrasadas y afrontan severas dificultades a la hora de pagar los salarios de los funcionarios, según informó el diario carioca O Globo.

Las entidades estudiantiles comenzaron sus movilizaciones este martes sobre el mediodía y a ella se unieron aproximadamente 2.000 mujeres indígenas, que están acampando en Brasilia desde el domingo. Las referentes de varias etnias denunciaron este martes durante la marcha “las políticas genocidas” del gobierno de Bolsonaro, que se opone a nuevas demarcaciones de tierras y pretende promover actividades como la minería en los territorios ancestrales de los indígenas. Hoy este grupo de mujeres se unirá en la capital a las mujeres que habitan y trabajan en zonas rurales en la denominada Marcha de las Margaritas, evento que se celebra cada cuatro años en Brasilia.

La Fuerza Nacional de Seguridad fue la encargada de prestar seguridad durante las movilizaciones de este martes, luego de ser autorizada a hacerlo en los predios aledaños al Ministerio de Educación y a la Explanada de los Ministerios, de acuerdo a un decreto firmado la semana pasada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el ex juez Sérgio Moro. Según informaron medios presentes en el lugar, los actos se produjeron sin incidentes de ningún tipo.

Otra de las razones que llevaron a actos y movilizaciones ayer fue la polémica reforma de la previsión social, una de las principales banderas de la política económica del gobierno de Bolsonaro. La semana pasada esta profunda reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora tiene que ser analizada y refrendada por el Senado.

La polémica propuesta establece una edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 años para los hombres, con un mínimo de contribución de 30 y 35 años, respectivamente. Actualmente, en el sector privado las mujeres pueden jubilarse con 30 años de aportes y los hombres con 35, independientemente de su edad.

“Es un día para salir a la calle en defensa de la educación y del sistema de jubilaciones, porque la desafortunada propuesta de reforma dificulta el derecho a la jubilación”, afirmó este martes en un comunicado la Central Única de los Trabajadores (CUT).

Por otra parte ayer también fue un día de actividad para los defensores legales del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien permanece encarcelado desde abril del año pasado en una dependencia policial de la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná. Los juristas del ex mandatario presentaron este martes un recurso de hábeas corpus al Supremo Tribunal Federal (STF) –el más alto tribunal del Poder Judicial brasileño– pidiendo la suspensión de los fiscales de la operación Lava Jato y la libertad plena de Lula.

“Presentamos en esta fecha (13/08) el protocolo de hábeas corpus a favor del ex presidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva para que sea reconocida, en base al artículo 258 del Código del Proceso Penal, la suspensión de los fiscales de la República de la operación Lava Jato de Curitiva que actuaron en las acciones penales iniciales en la 13ª Cámara Federal de Curitiba. También se ha pedido el restablecimiento de la libertad plena para Lula”, se afirma en el comunicado dado a conocer por los abogados del líder del Partido de los Trabajadores, citado por la revista Fórum.