El envío de tropas militares hacia el nordestino estado de Ceará, decretado en la noche del jueves por el presidente brasileño Jair Bolsonaro, empeoró el clima político del país. La orden de enviar militares responde a que el gobernador del estado, Camilo Santana, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), solicitó apoyo federal ante la imposibilidad de garantizar el orden por el paro de la Policía militar.

Según argumentan, la medida tomada por los policías militares responde a su inconformidad por la propuesta del gobierno de Ceará, que ofreció un aumento salarial de 3.200 a 4500 reales (algo así como de 730 a 1.030 dólares), de forma gradual, hasta el año 2022.

Los episodios de violencia en la capital estadual, Fortaleza, y en otras localidades cearenses se intensificaron en los últimos días, y el tema saltó a la notoriedad nacional e internacional el miércoles, cuando el senador Cid Gomes –hermano del ex candidato presidencial Ciro Gomes– atravesó, manejando una retroexcavadora, el alambrado de un batallón de la Policía militar situado en la localidad de Sobral, donde decenas de policías se encontraban amotinados. Después de tirar abajo el cerco, Gomes recibió un par de disparos que le hirieron un pulmón y una clavícula, mientras las acciones eran filmadas.

El jueves por la noche Bolsonaro anunció el envío de tropas, en un tono desafiante. “Acabo de firmar un decreto GLO (garantía de la ley y el orden) para Fortaleza, ya que el gobernador cumplió los requisitos” al requerir el envío de tropas militares, afirmó el presidente, y agregó que los soldados enviados a Ceará “están cumpliendo una misión de guerra”. En una transmisión en vivo por redes sociales, Bolsonaro agregó: “A las personas que están cometiendo delitos y crímenes en esas regiones, por el motivo que sea, ya sea un motivo justo, les digo que las Fuerzas Armadas están yendo para allá, y tienen que entender que los muchachos de verde están llegando y el bicho los va a atrapar. Porque si es para tratar con flores a gente, no vengan a hincharnos las pelotas y vayan a pedir a otras instituciones que cumplan esa misión”.

Bolsonaro y la situación generada en Ceará motivaron reacciones en varias personalidades políticas. Ciro Gomes, que fue alcalde de Fortaleza y también gobernador de Ceará, expresó en su cuenta de Twitter, dirigiéndose al diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente: “Será necesario que nos maten a todos antes de que permitamos que las milicias controlen el estado de Ceará como los canallas de tu familia hicieron con el de Río de Janeiro”.

También se expresó en las redes sociales la ex presidenta Dilma Rousseff. Dijo que “el peligro es que una crisis de autoridades en los estados, con policías amotinados, armados y aterrorizando a la población, se convierta en un ingrediente que alimente una situación propicia para aventuras y golpes. Sería una grave amenaza para la democracia producir la inestabilidad política que conduce hacia las dictaduras”.

Algunos analistas políticos, siguiendo la línea de lo dicho por Rousseff, entienden que este episodio que se está desarrollando en Ceará puede extenderse a otros estados del país, lo cual llevaría a que poco a poco Brasil se vaya convirtiendo en un Estado policial.

En un artículo, publicado en el blog Periodistas por la democracia, Helena Chagas expresó que “enaltecidos por el poder federal, ganando cada día más dádivas y beneficios, los militares están abriendo el camino hacia la supervalorización de las fuerzas de seguridad. En ese ámbito, la Policía militar se siente fortalecida por Bolsonaro para hacer paros y pelearse directamente con los gobernadores de los estados, que son quienes supuestamente deberían ser sus comandantes”.

Para el diputado Paulo Fernando do Santos, más conocido como Paulao, legislador del PT por el estado de Alagoas, “con este paro en Ceará quedó claro que ningún gobernador de Brasil tiene el control sobre las policías militares. Ellos son un estado paralelo”.

Además de las críticas desde ámbitos políticos, altas autoridades judiciales brasileñas expresaron su rechazo al paro llevado adelante por los policías cearenses, acción a la que calificaron como “ilegal”. Alexandre de Moraes y Ricardo Lewandowski, integrantes del Supremo Tribunal Federal, máxima instancia de la Justicia brasileña, cuestionaron las medidas de los funcionarios. Según consignó el diario O Globo, Moraes calificó el motín policial de “ilegal” e “inadmisible”, en tanto que para Lewandowski el caso se trata de “un peligro para las instituciones”.

Moraes, que fue secretario de Seguridad Pública del estado de San Pablo y ministro de Justicia durante el gobierno de Michel Temer, afirmó que la Constitución brasileña prohíbe expresamente los paros de las fuerzas de seguridad, y señaló que los policías que adhirieron a la medida en Ceará deben ser penalizados por la Justicia.

Interrogado acerca de la situación que se generó con Cid Gomes cuando intentó ingresar por la fuerza a la dependencia policial, dijo que los uniformados no deberían haber tirado, porque la situación podría haber terminado con una “matanza gigantesca”.