El “Pacto de Abril” y las revoluciones blancas: la deconstrucción de un mito

Este lunes se cumplen 148 años del “Pacto de Abril” de 1872. El 6 de abril de 1872, el gobierno del Partido Colorado, encabezado por Tomás Gomensoro, y los revolucionarios blancos, liderados por Timoteo Aparicio, firmaron lo que se denominó “Pacto de Abril”, poniendo fin a la Revolución de las Lanzas que había comenzado dos años antes, en el gobierno constitucional de Lorenzo Batlle (1868-1872).

La revolución comenzó porque el presidente Lorenzo Batlle excluía al Partido Blanco del gobierno.¹

En el “Pacto de Abril”, lo más importante que se alcanzó fue una coparticipación en el poder. Por dicho pacto se les otorgó verbalmente a los blancos las jefaturas de cuatro departamentos de los 13 que existían en ese momento: Canelones, Florida, Cerro Largo –que incluía Treinta y Tres– y San José –que incluía Flores–.

Se debe agregar que ese reparto de departamentos debió ser verbal, porque en lo formal violaba la Constitución de 1830. El artículo 118 de la Constitución referida señalaba: “Habrá en el pueblo cabeza de cada Departamento, un agente del Poder Ejecutivo, con el título de Jefe Político”, y de acuerdo al artículo 121 de dicha Constitución, “el nombramiento de estos jefes [...] corresponderá exclusivamente al Poder Ejecutivo”.

Es por ello que el historiador Gerardo Caetano califica al “Pacto de Abril” como un “acto constituyente”, porque producía en los hechos una modificación oral –consuetudinaria– de la Constitución.

Este reparto de departamentos también aseguraba la coparticipación en el Poder Legislativo del Partido Nacional, porque las personas electas para el Parlamento serían del color del jefe político de ese departamento.²

Lo que se produjo en el “Pacto de Abril” fue una mutación constitucional. El jurista y filósofo alemán Karl Loewenstein señalaba que “[...] la mutación constitucional [...] produce una transformación en la realidad de la configuración del poder político [...] sin que quede actualizada dicha transformación en el documento constitucional: el texto de la constitución permanece intacto”.³

Luego de dicho pacto, hubo gobiernos de facto, como por ejemplo el de Lorenzo Latorre (1876-1880), durante los cuales no se aplicaba la Constitución de 1830 pero el “Pacto de Abril” logrado en la paz de 1872 se respetaba.

En 1890, el presidente Julio Herrera y Obes (1890-1894) redujo las jefaturas blancas a tres de 19 departamentos. Dicha decisión no se apartaba de la Constitución, por tanto, era legítima.

En 1897, el caudillo blanco Aparicio Saravia lideró una revolución contra el gobierno del presidente constitucional Iriarte Borda. La revolución finalizó el 18 de setiembre de ese año con el “Pacto de la Cruz” –con posterioridad al asesinato del presidente Iriarte Borda y en momentos en que presidía provisoriamente el país Lindolfo Cuestas– en el cual verbalmente se aseguraba que seis jefaturas departamentales –Rivera, Treinta y Tres, Maldonado, Cerro Largo, Flores y San José–⁴ iban a ser proveídas directamente por el Partido Nacional. En definitiva se continuaba vulnerando la Constitución. Además, a cambio de la renuncia a la lucha armada por parte del Partido Nacional se le debían entregar 200.000 pesos de gastos de pacificación para el ejército revolucionario.

Finalmente en 1904, durante la primera presidencia de José Batlle y Ordóñez, nuevamente el caudillo Aparicio Saravia inicia una revolución contra un gobierno democrático.

El motivo era siempre el mismo. En este caso, de las seis jefaturas departamentales blancas que le correspondían al Partido Nacional de acuerdo al “Pacto de la Cruz”, el presidente Batlle y Ordóñez le otorgó dos de ellas (San José y Rivera) al grupo disidente del Partido Nacional liderado por Eduardo Acevedo Díaz, que lo había apoyado para obtener la presidencia de la República. Se debe aclarar que el presidente Batlle y Ordóñez estaba legitimado para tomar dicha decisión por la Constitución de 1830.

La revolución finalizó luego de la batalla de Masoller, en la cual fue herido de muerte el líder revolucionario Aparicio Saravia, con la “Paz de Aceguá” del 24 de setiembre de 1904.

En definitiva, las revoluciones promovidas por Aparicio Saravia en los años 1897 y 1904, que los nacionalistas fundamentan en el respeto de los derechos de las minorías, el voto secreto, la libertad,⁵ eran en realidad para que se respetara el “Pacto de la Cruz” de 1897, que tenía como antecedente el “Pacto de Abril” de 1872, cuyo contenido era un reparto de poder verbal que vulneraba la Constitución, y las revoluciones referidas se promovieron contra gobiernos democráticos.

Además, lo que no se considera en la visión romántica que se tiene de las revoluciones blancas son las miles de vidas que costaron esas confrontaciones. En definitiva, en la motivación de dichas revoluciones “lo político partidario estaba por encima de lo jurídico”.

Pablo Rodríguez Almada es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Tiene un posgrado de especialización en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es docente universitario.