No estaban preparados

A cuatro meses del comienzo de la gestión del nuevo gobierno, resulta oportuno analizar uno de los principales caballitos de batalla esgrimidos en la campaña electoral por la coalición multicolor que hoy nos gobierna: “Estamos preparados”.

Si bien toda esta nueva gestión se ve afectada por la pandemia de covid-19 que azota a nuestro país desde el 13 de marzo, este es un tema perfectamente evaluable –con toda justicia–, dado que es independiente de la pandemia: la propia afirmación de estar preparados implica que con anterioridad al comienzo del gobierno esta condición estaba cumplida.

Pero vayamos por partes.

La afirmación “estar preparados”, en el caso de un gobierno, implica muchas cosas, pero las dos más relevantes son equipo y programa.

El análisis del programa no es objeto de esta nota, y se deberá investigar por separado cuál es la implicancia para Uruguay de la ley de urgente consideración, verdadero buque insignia de este gobierno, que trae en sus contenidos retrocesos severos en áreas fundamentales de la vida nacional.

Lo que hoy nos ocupa es el equipo de gobierno, al que todos los uruguayos y las uruguayas esperábamos conocer el día 1º de marzo. Porque “estar preparados” implica, como condición necesaria, contar de manera previa con un equipo de ciudadanas y ciudadanos dispuestos a comprometerse con la función pública, con las capacidades técnicas y políticas necesarias y el compromiso de aplicar un programa durante todo el período de gobierno.

Las promesas

Todavía suenan los ecos de la campaña electoral. El partido de gobierno y su candidato –actual presidente– le dijeron al país durante la campaña, repitiéndolo casi como un mantra, que tenían equipo, que pondrían a los mejores en cada cargo, y que “estaban preparados”. Formaba parte principal de la campaña, fue un eslogan permanente, central. Y funcionó, a la luz de los resultados. Como campaña tuvo éxito.

Ese mantra de “estamos preparados” que recorrió Uruguay el año pasado terminó por convencer a una gran cantidad de uruguayos y uruguayas, quienes de muy buena fe creyeron que estaban preparados, votaron por esa opción política y le dieron su confianza.

Las realidades

Pero la realidad sería otra, bien diferente.

Apenas comenzado el gobierno se empezó a percibir una importante dificultad para hacer designaciones en cargos de responsabilidad en la administración central, hecho que implicó demoras notorias.

También pasaron semanas y hasta meses con ausencia de designaciones en los directorios de las empresas públicas, hecho que llamó profundamente la atención, dada la importancia que este gobierno les otorgaba en su propio discurso.

Aparecieron, y sorprendieron, designaciones de personas con notorio desconocimiento de la función.

Y hemos visto designaciones de personas con vínculos familiares con los jerarcas, y nombramientos de personas con antecedentes de denuncias de corrupción.

A todo esto se suma que la transición ordenada, con profusa información, que preparó el gobierno anterior se produjo a nivel de máximas jerarquías, pero no se pudo dar, en la mayoría de los casos, a nivel de mandos medios, precisamente por la falta de designación de los nuevos equipos y la ausencia de la contraparte entrante.

Renuncias y destituciones

En el proceso paulatino de designación de cargos, hemos sido testigos de unas cuantas renuncias –voluntarias o no– de cargos muy importantes, de destituciones expeditas y de designaciones rápidamente revocadas en virtud de hechos previos a la asunción. Todo ello supera ampliamente lo esperable.

A modo de ejemplo, y para nombrar los casos más relevantes, hemos asistido a la renuncia del flamante presidente de Antel, al cese del también flamante presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo y a las renuncias del recién designado director nacional de Vialidad, el director general del Ministerio de Salud Pública y el secretario general del Codicen.

Cualquiera de estos cinco cargos son de primera magnitud y de gran importancia en cualquier gobierno. En los dos primeros casos existieron diferencias de criterio fundamentales con el Poder Ejecutivo, y en los restantes se argumentaron razones personales y de salud.

Es difícil de entender para la ciudadanía –salvo que fueran designaciones improvisadas y no “preparadas”– que a pocas semanas de ejercer el cargo, se den estos cortocircuitos que provocan remociones y renuncias en lugares tan importantes.

También ha habido designaciones que no se llegaron a concretar debido a declaraciones anticipadas de los designados que rápidamente implicaron la eliminación de sus nombramientos. Los dos casos más notorios fueron los del vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos y el director regional oeste de ASSE, ambos pertenecientes a Cabildo Abierto.

Se agrega a lo anterior las destituciones por graves acontecimientos del comandante de Infantería de Marina de la Armada Nacional, la jefa nacional de Bomberos y el jefe de Policía de Artigas, todos ellos cargos muy relevantes, recientemente nombrados por el nuevo gobierno y rápidamente destituidos.

La frutilla de la torta

Una reflexión aparte amerita la propia renuncia del canciller de la República, a 100 días de instalado el gobierno. Esta renuncia se dio en una modalidad muy novedosa: el canciller había renunciado, pero continuaba en funciones, en una suerte de renuncia diferida, sin conocerse su fecha definitiva.

Este caso, dada la investidura del cargo, generó sorpresa y preocupación. Sorpresa, porque sólo han pasado 100 días de gobierno. La población no ha comprendido aún con claridad las razones por las cuales, sin siquiera haber empezado el tratamiento del presupuesto para el período, el ministro de Relaciones Exteriores ya dio un paso al costado. Se sobreentiende que ese nivel de altísima responsabilidad republicana y deber con el país implica el compromiso total de la persona designada. En este caso, además, un ciudadano que hace tan sólo ocho meses había pedido su voto a la población para ser presidente de la República.

Y preocupación, porque la Cancillería de Uruguay, nuestra cara y voz ante el resto del mundo, quedó durante este período en una posición de debilidad muy grande, a lo que se adicionó el hecho de que existieron discrepancias explícitas demasiado frecuentes con el presidente de la República a partir de esta renuncia diferida.

Sobre el cierre de esta nota, ayer mismo, finalmente se concretó la renuncia, y se conoció quién será su sucesor.

Además de lo dicho, recordemos que aún faltan designaciones fundamentales.

Por ejemplo, todavía hoy, cuatro meses después de la asunción del nuevo gobierno, hay una gran cantidad de directores frenteamplistas que continúan en sus cargos desde el gobierno anterior, colaborando en el funcionamiento de las empresas públicas.

Cuesta entonces –ante todo lo expresado– sostener la afirmación de que estaban preparados. Todo indica lo contrario, y provoca el asombro casi cotidiano de quienes, de buena fe, creyeron en esa afirmación.

La percepción general es que, en la designación de responsabilidades y la conformación de equipos, la tónica del nuevo gobierno ha sido de una improvisación importante, acompañada de marchas y contramarchas no recomendables, priorizando lo político a lo técnico y en algunos casos subestimando la importancia de la función pública.

Álvaro García fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.