Organizaciones de derechos humanos advierten que el pedido de desarchivo de la causa que investigó el espionaje ilegal en democracia por parte del Estado, luego de culminada la dictadura, está “estancado” y no ha habido ningún avance desde que presentaron el escrito en junio de 2024 al fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado.

El caso había sido archivado en julio de 2022 por el fiscal Enrique Rodríguez, que valoró que es “contundente la evidencia obtenida en cuanto a que, efectivamente, se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y, en principio, hasta 2005, por agencias de inteligencia del Estado”. Sin embargo, el fiscal puntualizó que el artículo 117 del Código Penal establece que los delitos que prevén penas de entre dos y diez años -que eran los que el fiscal pensaba imputar a los implicados- prescriben a los diez años. Por lo tanto, entendió que la prescripción se dio en 2015, ya que había tomado como referencia que los hechos denunciados iban hasta 2005.

El coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu (OLI), Raúl Olivera, explicó a la diaria que en el pedido de reapertura de la causa advirtieron que la prescripción no puede contar a partir de 2005 porque las víctimas de espionaje no pudieron corroborar que lo fueron hasta 2017. El “archivo Berrutti” fue encontrado por la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, en una dependencia militar en 2008, al año siguiente fue digitalizado y trasladado en custodia al Archivo General de la Nación y en 2011 fue clasificado como reservado por 15 años.

Olivera contó que cuando fue a pedir el acceso a esa información para utilizar en diversas causas judiciales se enteró de que había sido clasificado y presentó un recurso administrativo ante el Archivo General de la Nación. En 2017, el Archivo le da la razón y los documentos pasan a ser públicos. Por esto, los denunciantes entienden que la prescripción “debe contarse a partir de esa fecha y no desde 2005”.

Además, Olivera explicó que lo mismo sucedió con otros archivos que dan cuenta del espionaje, por ejemplo, el “archivo Castiglioni”, que fue público recién en abril de 2024, y los denominados “archivos del terrorismo de Estado”, que se publicaron en la web en junio de 2023. El coordinador del OLI explicó que solicitó que esos archivos se incluyan en la investigación porque pueden servir de insumo para determinar si existió espionaje después de 2005. “Entonces, en ese caso, se debería contar la prescripción a partir de la fecha en que se liberaron o se publicaron. Yo creo que la causa estaría hasta 2033”, puntualizó.

Sin embargo, a un año de presentado el escrito ante la fiscalía, no ha habido ningún avance. Olivera contó que a los cuatro meses de presentado el recurso le escribió al fiscal para consultarle si existía alguna novedad y Machado respondió que el caso estaba “a estudio”. A los dos meses, volvió a escribir y no obtuvo respuesta. Hace un mes, un ayudante técnico del fiscal se comunicó con él para solicitarle el número de expediente, lo que “indica que no lo tenían muy en cuenta”, valoró.

El coordinador ejecutivo manifestó que siempre existió la idea de que los militantes sociales y políticos habían sido espiados en democracia y los archivos terminaron confirmando que efectivamente fue así. En 2011, después de la sentencia Gelman, cuando se empezaron a presentar distintas denuncias, él, como representante del PIT-CNT, acompañó a los denunciantes en la causa que investigó las torturas a más de 39 adolescentes que militaban en la Unión de Juventudes Comunistas en Treinta y Tres.

“Cuando estábamos en la puerta del juzgado para presentar la denuncia, veo que un tipo en la vereda de enfrente nos estaba sacando fotos. Me extrañó y le pregunto a uno de los de Treinta y Tres si se trataba de un fotógrafo. Esa persona me contesta medio riéndose: ‘Este trabaja en el S2’”. Olivera le pidió a un fotógrafo presente que le sacara fotos y luego se presentó en el Ministerio de Defensa para exigir explicaciones. La respuesta fue que era militar, pero que “era su día libre y lo hizo por su cuenta”.

Olivera puntualiza que “si bien hubo gente que le sacó peso”, cuando volvían de Treinta y Tres en el ómnibus, se dio cuenta de que “algunas de las personas que habían hecho la denuncia estaban asustadas”. Por lo tanto, considera que es necesario que se juzgue a quienes llevaron adelante el espionaje en democracia. “No podemos dejar pasar esto”, valoró.