Jueces y fiscales rechazaron el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto (CA) que busca sancionarlos penalmente por malas prácticas, a través de la regulación del delito de prevaricato.

El proyecto, que el miércoles ingresó a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, prevé penas de penitenciaría para los fiscales que intencionalmente “persigan penalmente a un no culpable”, oculten pruebas a alguna de las partes o no cumplan con la obligación de investigar. También plantea penas para los jueces que “a sabiendas dictaran resolución injusta”.

Además, el proyecto plantea que se extienda a los fiscales la obligación dispuesta en el numeral 8 del artículo 77 de la Constitución de “abstenerse de participar en cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto”, algo que ya estaba previsto en el literal J del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación (19.483).

Horas después de conocerse la iniciativa, la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) emitió un comunicado en el que rechaza el proyecto porque “amenaza con criminalizar el trabajo cotidiano de jueces y fiscales”. A su vez, señaló que los jueces “ya se encuentran sometidos a responsabilidad por los actos que realizan en el desempeño de su función”.

Los jueces señalaron, asimismo, que el artículo 23 de la Constitución de la República “hace responsables a los magistrados de la más pequeña agresión a los derechos de las personas”, mientras que la Ley 15.750, Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales, en sus artículos 109 a 116 regula la responsabilidad administrativa, civil y penal de los jueces. Además, plantearon que están sometidos a los delitos previstos específicamente para funcionarios públicos en el Código Penal y recordaron que “cualquier decisión que sea considerada injusta por una parte sometida a proceso puede ser atacada a través de los medios de impugnación legalmente previstos”.

La AMU advirtió que “seguirá de cerca el trámite parlamentario del proyecto de ley” porque “podría significar un nuevo intento de incidir en decisiones judiciales y una afectación de la fundamental separación de poderes”, y subrayó que la independencia y la imparcialidad de los magistrados “constituyen una garantía para el ejercicio de la función y el Estado de derecho”.

Al conocer el proyecto, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) informó del proyecto a la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF), y su presidente, Willian Rosa, publicó en su cuenta de Twitter algunas respuestas que obtuvo de fiscales de Guatemala, Argentina y Chile, quienes señalaron que la iniciativa de los cabildantes atenta contra todo el sistema de justicia, afecta los principios del sistema acusatorio en su posibilidad de no accionar o archivar cuestiones ajenas a la política criminal y penaliza actividades propias de la función.

En diálogo con la diaria, Rosa informó que los fiscales están evaluando presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante los últimos ataques que han sufrido tanto ellos como otros actores del sistema de justicia.

Rosa dijo que es necesario evaluar la pertinencia de una mirada que vaya más allá del derecho interno. “Hay organismos internacionales que tendrían que poner una mirada sobre todo esto que está sucediendo acá y ver si la independencia de la judicatura y de los fiscales se está cumpliendo de la manera debida”, señaló.

Rosa recordó que en 2020 la AMFU entregó a la FLF un relevamiento de declaraciones provenientes del sistema político contra la fiscalía. Luego, los fiscales consideraron que pasadas las elecciones del referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) “podría disminuir la beligerancia”. “Ahora nadie, ni en el Poder Judicial ni en la fiscalía, puede hacerse el distraído con lo que establece la LUC”, dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al evaluar el resultado electoral. Las declaraciones de Heber terminaron con las esperanzas de los fiscales de que la beligerancia culminara con la campaña.

“No se entiende esta escalada permanente, no es bueno que las instituciones del sistema de justicia estemos en plano de confrontación, cuando tendríamos que trabajar en el mismo sentido”, subrayó Rosa, y planteó que el proyecto presentado por CA “penaliza a los fiscales por hacer cosas que están obligados a hacer y omitir asuntos que están habilitados a omitir”.

El senador frenteamplista Charles Carrera dijo a la diaria que el proyecto “busca menoscabar la independencia de fiscales y jueces y generar presiones innecesarias, totalmente a contramano de la separación de poderes, del respeto a otras instituciones públicas”.

Para Carrera el proyecto “habilitaría a un cuestionamiento y una denuncia constante de fiscales y jueces por cumplir las funciones inherentes a sus cargos”, por lo que llamó a “plasmar normas que protejan a los fiscales de las amenazas y presiones permanentes, que lleven a limitar su accionar”.

“Se habla de respaldo a la Policía pero claramente no de respaldo a fiscales y jueces. De la noche a la mañana se quiere imponer un manto de sospecha a toda una institución y a un poder del Estado”, agregó.

El senador frenteamplista calificó como “una grosera asimetría” la situación de los fiscales y los jueces en comparación con la presunción de legitimidad de la actuación policial dada por el artículo 48 de la LUC. “No se trata de la primera injerencia o presión a la fiscalía o al Poder Judicial. De a poco este tipo de actitudes va dañando la imagen de las instituciones públicas, va afectando a los funcionarios que día a día ejercen tareas en la fiscalía y en juzgados y va socavando la independencia”, afirmó.