El milagro chileno en llamas (*)

El lunes 14 de octubre comenzó en Santiago de Chile una protesta contra el alza del transporte del metro (subterráneo) por parte de organizaciones de estudiantes secundarios. Su lema fue: “evadir, no pagar, otra forma de luchar”. El método fue abrir los torniquetes de entrada y dejar pasar a los pasajeros sin pagar. El alza fue de 30 pesos chilenos, 1,5 pesos uruguayos, aproximadamente.

El viernes 18 explotó un inmenso apoyo, con cacerolazos masivos y barricadas por parte de amplios sectores de la población, cuestión que duró todo el día y hasta la noche, con el inicio de la quema de lugares públicos. Mientras ocurría todo esto, el presidente Sebastián Piñera se encontraba en un restaurante celebrando el cumpleaños de su nieto, tal como el medio italiano Corriere della Sera publicó, bajo el titular “Chile se quema y él come pizza: tormenta contra el presidente Piñera”.

Una semana después, el saldo es trágico y doloroso. Según cifras del gobierno, van 18 muertos. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), van 2.700 detenidos y 600 heridos; hay informes de torturados y secuestrados en corroboración judicial, y se denuncia la muerte de al menos cinco personas en manos de agentes del Estado. En una semana, Piñera declaró el estado de emergencia en la capital, Santiago, y luego esto se extendió a más ciudades y regiones del país. Es un estado de excepción constitucional que implica que el control del orden público se cede a las Fuerzas Armadas, se limita la libre circulación y la reunión en las calles. El Ejército estableció el estado de sitio durante la noche, que implica que la población debe quedarse en sus casas y no circular por espacios públicos. Esto no ocurría desde la dictadura, en 1987.

Se desplegó a más de 10.000 militares, en tanto el presidente atacaba las movilizaciones: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie [...]. Estamos muy conscientes de que tienen grados de organización, de logística, propia de una organización criminal”. Todo esto, mientras en las calles coexistían en una manifestación generalizada protestas callejeras, cacerolazos, barricadas, quemas de supermercados, estaciones de metro, edificios públicos, locales comerciales, etcétera. Pero sobre todo, y es lo que aún permanece y crece día a día, se trata de una protesta popular masiva de descontento social, transversal generacionalmente, que supera con creces la protesta iniciada por los estudiantes por el alza del pasaje.

Sin embargo, tan sólo el 8 de octubre, seis días antes de que se activaran las movilizaciones, el mismo presidente declaraba en la radio que a propósito de las crisis en Perú y Ecuador “Chile es un oasis, una democracia estable”. El milagro hacía agua y se bañaba de sangre.

Medios internacionales publicaban sorprendidos la noticia de la protesta social que se producía en “el milagro chileno”, en el país “más estable” de América Latina, perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y con uno de los crecimientos económicos más altos del mundo en los últimos 30 años. El editorial de The New York Times decía: “Chile aprende el precio de la desigualdad económica”, en el que planteaba que la desigualdad de Chile, la más alta del mundo desarrollado, ha provocado las protestas masivas de estos días. BBC News también publicaba las cuatro razones de las protestas y colocaba a la desigualdad social como fundamental. The Guardian, El País de España, medios latinoamericanos, gobiernos como Alemania, Francia y España han hecho lo mismo, haciendo un llamado al diálogo y el entendimiento. La Comisión Internacional de Derechos Humanos también llamó al diálogo y la responsabilidad democrática.

¿Cómo un alza de pasaje activa la salida de más de 10.000 militares a las calles y se mancha con sangre, heridos, maltratos y violaciones los derechos humanos en el país más rico y próspero de América Latina?

La naturaleza del milagro chileno

La comprensión de la naturaleza del milagro chileno no es sólo un ejercicio útil para su pueblo o para su comprensión específica. La construcción de la retórica de rescatarlo como ejemplo en América Latina obedece a un espacio geopolítico relevante: en un continente tendiente a la movilización social, altamente desigual, de transformaciones permanentes y estados que a veces logran la llegada de movimientos políticos de izquierda con potencial contrahegemónico, es importante mantener un ejemplo de política económica neoliberal “exitoso”. Los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Brasil, Argentina y Uruguay en la últimas décadas dan cuenta de tales fenómenos, en lo que se llamó el “ciclo progresista”. A pesar de las diferencias y heterogeneidad entre los distintos países, obedecían a gobiernos con énfasis más redistributivos en su retórica. Asimismo, la crisis de gobiernos de derecha como el de Mauricio Macri en Argentina o el de Jair Bolsonaro en Brasil configuran un escenario en el que Chile emergió como una suerte de “oasis” de estabilidad. Tanto en Argentina como en Brasil y Uruguay, el “modelo chileno” opera como un fenómeno al que mirar para aplicar reformas en sus propios países. El caso de la reforma de la previsión social en Brasil es un ejemplo. De ahí su relevancia, el “modelo chileno” es un modelo teórico de gobernabilidad, pero no sólo político. También es un ejemplo de que se puede mantener estabilidad política con retórica democrática, estableciendo un régimen de acumulación que mercantiliza los aspectos más básicos de la reproducción social. A nuestro modo de ver, este aspecto es crucial, mas no el único, para comprender la naturaleza específica del milagro y la olla a presión que produce. Esta mercantilización contiene una aguda y profunda contradicción: devalúa económicamente los hogares que viven del trabajo, mientras enriquece desproporcionadamente a quienes son dueños de los negocios que sostienen la vida cotidiana. Por lo tanto, la mercantilización produce polarización, esto es, es posible observar cotidianamente cómo unos se enriquecen a costa de mi devaluación como ser humano.

Para tal devaluación es fundamental el Estado, el cual asiste y subsidia la acumulación privada, mientras disciplina y le hace llegar por goteo los frutos del crecimiento a la mayoría de la población. La devaluación opera en el mundo del trabajo sostenida en un modelo de relaciones laborales transformadas en el Plan Laboral de la Dictadura en 1979, que relegaba la negociación sindical a la empresa, desarticulando la negociación por rama o nacional, fuente de gran poderío sindical en el período previo. También limita los alcances de la huelga, tanto en contenidos como en su aplicación. En conjunto contiene la función sindical sociopolítica, de formador de salarios y de distribución del producto. Hoy sólo 8% de los asalariados negocia colectivamente y 17% está sindicalizado, según datos de la Dirección del Trabajo.

Asimismo, no sólo la educación y la salud se mercantilizan, sino también, de forma aun más profunda, el sistema de jubilación, que pasa a ser, por primera vez en la historia mundial de la seguridad social, una prestación pública totalmente privada y guiada bajo la lógica de la ganancia. En 1981 se crean las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas financieras de inversión bajo un sistema de capitalización individual de ahorro forzoso, cambiando el sistema de cajas que existía previamente para dar pensiones. Este cambio es fundamental: bajo este sistema, las AFP, junto a las compañías de seguros, logran manejar en la actualidad fondos que equivalen a 95% del Producto Interno Bruto (PIB), unos 212.860 millones de dólares, de los cuales 58% se destina a inversiones nacionales.

De ese 58%, que equivale a 124.336 millones de dólares, se invierten 50.582 millones en 16 grupos económicos. Entre ellos, el grupo Luksic, que recibe 8.956 millones y tiene un patrimonio calculado por la revista Forbes de 15.400.000.000 de dólares. Los otros grupos económicos que reciben la mayor parte de la inversión nacional de los fondos de pensiones son los Matte, Saieh, Yarur y Solari. Son los grandes súper ricos de Chile y también billonarios a nivel mundial. Es importante recordar que Sebastián Piñera, presidente de Chile, tiene un patrimonio valorado en 2.800.000.000 de dólares.

Tales grupos económicos, a su vez, tienen bancos y casas comerciales muy importantes, donde los mismos trabajadores que por medio de su trabajo y sus ahorros financian la inversión de estas empresas, obtienen crédito para subsistir y movilizar la demanda interna del país. Por ejemplo, 21,1% de los fondos son invertidos en la banca: de ese monto, 16% se invierte en el Banco de Chile, del cual es dueño el grupo Luksic, y le sigue el banco Santander con 15%.

Como contracara, los jubilados reciben pensiones de hambre. La pensión de vejez promedio a agosto de 2019 se encontraba en 286 dólares. Incluso en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, 50% recibió una pensión menor a 408 dólares, valor levemente superior al salario mínimo de fines de 2018, pero inferior al salario mínimo actual. La tasa de reemplazo mediana para las personas que se jubilaron durante la última década es de 20% sin subsidios del Estado, es decir, 50% de los pensionados obtienen menos del 20% de su salario promedio antes de jubilarse.

La operación de mercantilización de las pensiones es así el corazón central del modelo de acumulación nacional, pues a partir del mundo del trabajo y sus ahorros, permite un mercado de capitales próspero para el gran capital y una explosión del crédito interno producto de estos fondos que circulan, mientras entrega jubilaciones que obligan a trabajar a la población adulta mayor y la relegan a la pobreza y el endeudamiento para subsistir.

Los bajos salarios son fundamentales en la comprensión de la desigualdad. El salario promedio en Chile actualmente es de 789 dólares, de acuerdo a la Encuesta Suplementaria de Ingresos (2018). El salario mínimo es de 414 dólares. Sin embargo, al calcular la mediana de ingresos, de acuerdo a este dato, 50% de las y los trabajadores gana actualmente 550 dólares o menos, lo que puede ser más representativo de la realidad de la mayoría de la población. Los sueldos tienden a aproximarse al mínimo. Otra forma de observar la desigual distribución de ingresos surge de considerar que una persona que gana 1.035 dólares se encuentra en el 20% más rico.

Como gran parte de los servicios se encuentran privatizados, el costo en salud y educación para un hogar es significativo. A los servicios de transporte, alojamiento y servicios básicos, salud y educación se destina cerca de 43,6% del presupuesto de un hogar promedio. De acuerdo a los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2018 (EPF), 60% de los hogares gasta más de lo que recibe como ingreso. Recién en el cuarto quintil los ingresos superan los gastos.

La contradicción expuesta se puede resumir como sigue: el milagro chileno contuvo el costo del trabajo para el empresario (baja densidad sindical y bajos salarios) pero aumentó su costo de (re)producción para el hogar (mercantilización de la vida cotidiana, privatización de servicios básicos). Esto genera una brecha que no se paga en el salario, por lo tanto, a la mayoría en Chile no le alcanza para reproducir la existencia. Cuando se calculan la incidencia de la pobreza y los ingresos autónomos que produce un hogar (su trabajo y jubilaciones contributivas, sacando las transferencias del Estado y el alquiler imputado), la pobreza pasa del 8,6% oficial a 29,4%.

Estos subsalarios, que no logran reproducir la vida de las mayorías, se debe complementar con endeudamiento. En la actualidad la deuda de los hogares equivale a 48% del PIB y 74% de los ingresos disponibles de los hogares. Para 2003 este último dato era de 38%. Existen 11 millones de deudores, más que personas trabajando, que alcanzan los 8,5 millones. De ese número, 4,6 millones son morosos y con una deuda promedio de casi 2.500 dólares. 75% de los morosos corresponde a personas con ingresos inferiores a 650 dólares aproximadamente. Los adultos mayores de 65 años tienen el mayor aumento de morosidad en los últimos cinco años, producto de las bajas pensiones, los altos costos en medicamentos y la baja calidad de la atención de salud pública.

Por eso la carga financiera, esto es, la proporción del ingreso mensual líquido que se dedica a pagar servicios de la deuda, cuotas, intereses, comisiones, etcétera, es de 26%, el dato más alto comparable a nivel internacional. Mientras a las mayorías apenas les alcanza para los gastos necesarios y deben endeudarse para sobrevivir, el 1% más rico del país, según el Banco Mundial, acumula 33% de los ingresos anuales, y las 1.800 personas más ricas obtienen ingresos individuales mensuales de más de 800.000 dólares. Estos súper ricos viven así a costa de la precariedad de millones. El Estado ha financiado tal transferencia hace casi 50 años, tanto en dictadura como en democracia.

Creemos que esto puede dar una mirada de más largo plazo y estructural sobre las movilizaciones por dignidad y justicia que se están dando en Chile. La fuerza represiva actúa con la violencia necesaria para mantener las estructuras del modelo. Por eso las medidas presentadas por Sebastián Piñera, que no tocaban el modelo estructural de acumulación por desposesión, están siendo rechazadas como soluciones y las movilizaciones no sólo se mantienen, sino que aumentan. La mercantilización de la vida cotidiana es así una expresión de la estructura del modelo de acumulación en general. Si se quiere cambiar la vida cotidiana se debe cambiar la estructura. Por ello es que lucha el pueblo.

Alexander Páez es sociólogo e investigador de la Fundación Sol, de Chile, sobre temas relacionados con trabajo, desigualdad, endeudamiento y desarrollo.

(*) Todos los datos de salarios, pobreza y jubilaciones provienen de estudios de la fundación Sol: www.fundacionsol.cl/estudios. Sobre endeudamiento corresponden al “Informe de estabilidad financiera” del Banco Central de setiembre de 2019. Sobre morosidad son del “Informe de morosidad DICOM-Equifax” de la Universidad San Sebastián de junio de 2019. Los datos del 1% más rico corresponden a “Chile: efectos redistributivos de la reforma tributaria del 2014”, Banco Mundial, resumen ejecutivo, 2015.