El 10 de noviembre se anunció desde Presidencia de la República que la empresa Nordex SA de Uruguay, conjuntamente con la multinacional Ford Motor Company, se instalarán en nuestro país para fabricar vehículos con el fin de abastecer al mercado sudamericano. Se generarán directa e indirectamente 2.000 puestos de trabajo.

Desde mediados de la década de 1940, Uruguay implementó el modelo ISI (industrialización por sustitución de importaciones), con el cual la industria nacional quedaba protegida ante los productos extranjeros, con altos impuestos para los bienes foráneos, e incentivos fiscales y crediticios por parte del Estado. El proletariado industrial, o la “nueva clase obrera uruguaya”, como la denomina el historiador compatriota Rodolfo Porrini, se forjó en un país que protegía su industria local. Miles de personas trabajaban en centros fabriles que habían crecido al amparo del modelo ISI.

La legislación laboral de nuestro país fue, en gran parte, aprobada durante estas décadas (leyes de despido, aguinaldo, seguros de desempleo, asignaciones familiares, etcétera). Desde 1943, la Ley 10.449 de Consejos de Salarios fomentó la organización sindical por rama de actividad y no por oficio, como era antes. En los Consejos, la negociación colectiva tripartita (Estado, cámaras de empleadores y sindicatos) provocó un aumento casi permanente del salario real hasta 1967. Luego se agravó la crisis económica, no hubo más convocatoria a los Consejos, y los sueldos bajaron en términos reales.

El modelo ISI finalizó hacia 1990, cuando terminó la protección a los productos elaborados en Uruguay, y la industria nacional se arruinó. Se perdieron miles de empleos, lo que trajo como consecuencia que estos trabajadores tuvieran que reconvertirse. Desde la década de 1990, y hasta hoy, nuestro país tiene una economía de mercado que podríamos denominar “neoliberal”, que hace que los productos que se fabrican aquí no tengan ninguna ventaja comparativa respecto de los extranjeros. Por eso, estamos inundados de productos importados, en muchos casos chinos, que hacen que sea muy dificultoso producir en Uruguay. Para un empresario es más rentable importar una licuadora de China, o Singapur, que fabricarla en nuestro país.

La llegada de una gigantesca empresa que generará empleo será una gran oportunidad para que la mano de obra uruguaya se potencie. Además, como toda empresa, pagará impuestos que serán recaudados por el Estado, y este los debería utilizar en gastos e inversiones que mejoren la calidad de vida de la población (salud, educación, vivienda, seguridad pública, etcétera). El trabajo debe ser una política de Estado, y una prioridad nacional de cualquier gobierno. Una sociedad crece, y se desarrolla, con trabajo genuino, de calidad, y con empresas que cumplan con toda la normativa.

Otra discusión serán los niveles salariales que tenga este nuevo emprendimiento. Sin duda, los sindicatos uruguayos estarán a la altura de las circunstancias, y negociarán colectivamente lo mejor para sus representados. Una empresa de estas características empleará a trabajadores de diferentes formaciones (operarios, limpiadores, guardias de seguridad, choferes, contadores, administrativos, etcétera).

También entre los puestos de trabajo indirectos tendremos una gran variedad. Por ejemplo, restaurantes donde almuercen los empleados de la empresa, proveedores de insumos, choferes de camiones, entre otros.

En definitiva, siempre es buena la creación de puestos de trabajo. Por supuesto que no a cualquier precio, pero si la novel empresa cumple con toda la normativa (laboral, ambiental, impositiva, etcétera), y paga salarios dignos, esto beneficiará a miles de trabajadores uruguayos.

Fabrizio Bacigalupo es abogado.